Moncloa cierra el respaldo de Junts para salvar las pensiones y el PP lo apoyará "si no hay trampas"
El primer decreto ómnibus se divide en dos y excluye a los propietarios con uno o dos pisos en alquiler de la regulación contra los desahucios. Los de Puigdemont amagan con votar en contra "a falta de la letra pequeña"
La diputada y portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)
Moncloa ha movido ficha para salvar la revalorización de las pensiones y la moratoria antidesahucios y, finalmente, ha dividido en dos el primer real decreto ley, que incluía todo y que la semana pasada decayó en el Congreso por el voto en contra de PP, Junts y Vox. Desde la tarde del domingo, el Gobierno emprendió conversaciones con los grupos que conforman su mayoría parlamentaria, que han fructificado este martes con la aprobación de dos nuevos textos en el Consejo de Ministros.
Uno, únicamente, con la subida a los jubilados, y, otro, con el resto de medidas del escudo social, la regulación de los desalojos de vivienda por impagos, el bono social energético o las ayudas al transporte eléctrico, entre otras.
Solo el hecho de haber separado el incremento de las pensiones ya garantiza su convalidación. Aunque las relaciones con los de Carles Puigdemont continúan en estado de hibernación, Junts ha mantenido siempre que lo votaría si iba en solitario. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, lo ha confirmado esta mañana. No ha sido tan clara con el segundo real decreto ley, donde se han introducido cambios que realmente obedecían a cuestiones planteadas por su grupo, el PNV y Coalición Canaria.
Los posconvergentes justificaron el voto en contra al aumento general del 2,7% a los pensionistas en la desprotección que sufren los pequeños arrendatarios cuando sus inquilinos no pagan el alquiler. Si se trata de personas vulnerables, sin otra alternativa para vivir, está prohibido ejecutar el desalojo. Y aunque se han establecido mecanismos para compensar los impagos, no acaban de funcionar para reparar la situación de los caseros con una o dos viviendas arrendadas.
Hace meses que Junts pidió al Gobierno una reforma en este sentido, sobre la que ha vuelto ahora a insistir. El PNV cursó la misma petición antes de Navidad. Y en esta lucha se involucró también Coalición Canaria. Al final, sus demandas se han visto satisfechas. La legislación antidesahucios se prorroga pero con modificaciones. Quedan exonerados del deber de mantener a inquilinos en situación de vulnerabilidad cuando tengan únicamente una o dos viviendas en alquiler. Serán los servicios sociales del respectivo municipio quienes ofrezcan una alternativa a los arrendatarios.
Esta era la principal reivindicación del PNV. Los posconvergentes iban más allá y apuntaban a dos o tres viviendas. En este caso, para los dueños de más pisos, se mantiene la misma solución que ya estaba prevista. Los caseros con tres o más casas podrán ejecutar el desahucio de quienes no paguen el alquiler y sean vulnerables, solo si esa falta de pago los convierte en vulnerables a ellos también.
Esta negociación sobre los efectos de la moratoria antidesahucios en los pequeños propietarios ha supuesto la clave de bóveda para que el Ejecutivo pueda convalidar el incremento de las pensiones, con el apoyo ahora de Junts. Pero los posconvergentes no confirman su respaldo al segundo decreto con todo el escudo social e incluso amagan con tumbarlo. Nogueras ha avisado de que tienen que revisar aún la "letra pequeña". La Moncloa reconoce que todas las novedades que afectan a los caseros que alquilan una o dos viviendas no se han hablado directamente con ellos. Se han negociado solo con el PNV.
Aunque este ha sido realmente el movimiento que ha hecho el Gobierno para convencerles, no el hecho de dejar las pensiones en un único decreto. La pretensión del Ejecutivo era incluir ahí el resto de medidas sociales y desgajar solo la regulación de los desahucios. Pero los grupos progresistas, Sumar, ERC, Bildu y Compromís, lo han impedido. No acababan de fiarse de que los posconvergentes tengan la tentación de reclamar más reformas en la política sobre los desalojos, si esta temática iba sola, y por eso solicitaron meter en ese real decreto ley el resto del escudo social para ejercer más presión.
Solo Podemos se ha mostrado crítico este martes con las exenciones a los pequeños propietarios. Su secretaria general, Ione Belarra, ironizó sobre la situación de los caseros: "Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto". Aunque el voto del PP ya no sería necesario para salvar la revalorización de las pensiones, los de Feijóo apoyarán también el nuevo decreto para subir las jubilaciones, siempre y cuándo éste no incluya "nuevas trampas". Aguardarán para fijar posición oficial a leer "la literalidad" del texto del Consejo de Ministros, pero celebran la decisión del Ejecutivo. "El Gobierno hace lo que el PP le exige", argumentan en Génova, en referencia a que ellos también pedían que no se mezclara con otros temas.
El líder del PP también reaccionó al paso adelante de Moncloa desde un acto de campaña en Aragón, deslizando también el respaldo de su partido a un decreto a priori limpio. Tras acusar a Sánchez de "utilizar a los pensionistas para solventar sus problemas políticos" e intentar sortear su debilidad parlamentaria, Feijóo ratificó que el PP "estuvo, está y estará con la revalorización automática de las pensiones". Criticó, no obstante, la moratoria antidesahucios, sin aclarar en este caso qué haría con el resto del escudo social.
Moncloa ha movido ficha para salvar la revalorización de las pensiones y la moratoria antidesahucios y, finalmente, ha dividido en dos el primer real decreto ley, que incluía todo y que la semana pasada decayó en el Congreso por el voto en contra de PP, Junts y Vox. Desde la tarde del domingo, el Gobierno emprendió conversaciones con los grupos que conforman su mayoría parlamentaria, que han fructificado este martes con la aprobación de dos nuevos textos en el Consejo de Ministros.