840.000 inmigrantes regularizados: ¿Esconde Sánchez una jugada electoral?

La regularización de miles de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que según un estudio de Funcas alcanzan los 840.000, ha generado distintas teorías y lecturas. Una de ellas es que Pedro Sánchez busca un golpe de mano electoral, forzando que en los próximos comicios haya un factor externo e inédito que decante la balanza. Los expertos consultados, sin embargo, reducen el impacto al mínimo. Especialmente en las generales y autonómicas, donde es obligatorio poseer la nacionalidad española para votar, pero también en las municipales, donde no es necesario. Además, no está para nada claro que el PSOE fuera el beneficiado.

La supuesta jugada electoral es desmontada por varias cuestiones. La primera es la escasa incidencia en el censo, al menos en el contexto actual. Paulino Mata, consultor de GAD3, enmarca la maniobra del Ejecutivo en un "acto administrativo y de supervivencia política", pero sin efectos inmediatos, ya que el proceso únicamente implica la "obtención de permisos de residencia y trabajo". "Esta regularización tendrá un impacto electoral prácticamente nulo en el corto plazo, tanto en las próximas elecciones generales como en las autonómicas. El eventual efecto en los comicios locales tampoco parece significativo", subraya Mata.

El supuesto de las elecciones municipales requiere un análisis singular porque en su caso no es necesaria la nacionalidad. Sin embargo, solo pueden votar aquellos inmigrantes cuyo país de origen haya suscrito con España un acuerdo de reciprocidad y reclamen hacerlo. En 2023 participaron los mayores de edad naturales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Según el INE, quienes más solicitaron su derecho de sufragio fueron las personas de Reino Unido (211.277), seguidas de Ecuador (66.086) y Colombia (60.275).

Andrés Medina, socio de Gravitas Consultoría, sostiene que la regularización no tendría un impacto electoral significativo, "ni de forma directa, ni de forma inmediata". No obstante, hace una proyección de cuál sería su comportamiento, utilizando como referencia a los nacionalizados. "No podemos saber qué piensan los 'regularizables' porque no están en las encuestas. La aproximación razonable es mirar a los ya nacionalizados, pero eso mete un sesgo de supervivencia: observamos a quienes completaron el proceso, no a quienes siguen fuera", apunta.

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Este escenario confirma la tesis de que la influencia sería relativa. "Los nacionalizados se movilizan menos. Su participación declarada es 14 puntos inferior a la de los españoles. Además, son más jóvenes (44 años frente a 50), más presentes en el mercado laboral, con más desempleo, con experiencia, pero menos formación", añade Medina.

En segundo término, hay que tener en cuenta las estimaciones de voto sobre esos inmigrantes, que de entrada no benefician al PSOE u otras opciones de izquierda. El estudio de Funcas sobre la población extranjera en situación irregular en España señala que la inmensa mayoría (91%) son de origen latinoamericano, con colombianos (290.000 personas aproximadamente), peruanos (110.000) y hondureños (90.000) a la cabeza.

La inmensa mayoría de los inmigrantes en situación irregular proceden de América Latina, especialmente de Colombia, según Funcas

Y se da la circunstancia de que los analistas concluyen que estos grupos se decantan mayoritariamente hacia la derecha, condicionados por la situación en sus respectivos países. "Buena parte de los inmigrantes latinoamericanos, principales beneficiarios de la medida, conservan una visión política marcada por su experiencia con regímenes populistas o de izquierda en sus países de origen, lo que suele traducirse en una mayor afinidad hacia opciones de centroderecha en el contexto español", añade el consultor de GAD3.

Esta hipótesis es refrendada por distintos estudios. El comportamiento político de la población inmigrante en España: una comparación entre la primera y la segunda generación, elaborado por los profesores Santiago Pérez-Nieva (Universidad Autónoma de Madrid) y Carlos Pamiés (doctor en Ciencia Política) va en la misma dirección, recordando el ejemplo de los inmigrantes que llegaron hace años de Europa del Este.

"En Estados Unidos, los latinos y los asiáticos tienden a preferir a los candidatos de los demócratas frente a los de los republicanos. No obstante, esta tendencia general es compatible con la predisposición favorable de ciertos colectivos migrantes hacia partidos conservadores, como ocurre con los procedentes de Europa del Este en España o la tendencia de grupos nacionales específicos, como los cubanos en EEUU o los venezolanos en España, a votar más a la derecha que los autóctonos", valoran Pérez-Nieva y Pamiés.

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Medina profundiza en el examen del voto y el papel de los socialistas: "En voto válido, el nacionalizado está más concentrado en PSOE y menos en PP y Sumar que el español de origen. Traducido: el diferencial favorece al PSOE porque retiene y suma donde sus competidores se fragmentan o se encogen. La clave no es solo “a quién prefieren”, sino “quién aparece en urna”. Con una brecha de participación tan grande, el efecto neto depende más de movilización que de preferencia media".

En cualquier caso, y siguiendo la misma línea, el consultor de Gravitas descarta que Sánchez fuera el beneficiado de esta maniobra a corto o medio plazo. "Si una regularización masiva reprodujera ese mix, preferencia más menor participación, el impacto sería, como máximo, marginalmente pro PSOE y altamente sensible a cambios de participación. La regularización solo “mueve” resultado si mueve participación. Y participación depende de composición por orígenes y del tipo de integración, no de una etiqueta administrativa", concluye.

Estrategias de los partidos

No obstante, sí cabe la posibilidad de que la regularización tenga un impacto electoral de forma indirecta. La medida, valora Paulino Mata, podría afectar a las dinámicas y las expectativas de los partidos, beneficiando fundamentalmente a Vox por su marcado discurso contra la inmigración. "La regularización reintroduce el debate sobre la inmigración en la agenda pública, y cada vez que este tema cobra protagonismo, las fuerzas políticas más asociadas con un discurso identitario o restrictivo, como Vox, suelen beneficiarse", dice el experto, que considera que la polarización en torno a este tema desgasta más al PP.

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El PP y Vox son quienes más críticos han sido con la iniciativa del Gobierno. En primer lugar, por las formas, pero especialmente por el fondo de la cuestión. Los populares advierten de una maniobra del PSOE para reforzar a Vox frente a ellos en el ciclo electoral en curso. Isabel Díaz Ayuso alimentó esta teoría y habló esta semana de una "trampa política para provocar". "Este proceso tiene miras cortoplacistas, es electoralismo, politiqueo barato, fanatismo e ilegalidad, además de ser una absoluta ocurrencia", declaró. Alberto Núñez Feijóo, igualmente combativo, llevará el caso a Europa por considerarlo ilegal.

Vox es plenamente consciente de que el rechazo a la inmigración ilegal es una de sus banderas y Santiago Abascal aprovecha cualquier resquicio para confrontar con el PP. El líder de la formación ultraconservadora recordó hace días que el PP votó a favor de la tramitación, abonando la idea de que populares y socialistas realmente son lo mismo por sus políticas comunes en Bruselas. "Esta medida no beneficia a Vox. Esta medida perjudica a todos los españoles", dijo Abascal en un mitin de la campaña de Aragón, donde alertó del futuro efecto llamada.

La medida del Gobierno, pactada con Podemos y aprobada por real decreto para burlar el filtro del Congreso de los Diputados, surge de una Iniciativa Legislativa Popular que cifraba en 500.000 los inmigrantes irregulares en España. Pero esta estimación se queda muy corta para Funcas, que eleva el número a 840.000, con un crecimiento exponencial desde 2017, cuando eran 107.000. Según su análisis, tras los americanos aparecen los africanos, (50.000), asiáticos (15.000) y europeos (14.000).