La clave para subir las pensiones son los pequeños propietarios: Junts y PNV piden cambios al Gobierno
Los dos grupos y CC demandan retoques en la política de desahucios para dejar fuera a los caseros particulares. El Ejecutivo está abierto a estudiarlo pero aún no hay garantías de acuerdo para un nuevo real decreto ley
No hay manera de que Pedro Sánchez logre enderezar su relación con Junts, a pesar de la profusión de gestos. En los últimos días se ha materializado la incorporación de Cataluña como miembro asociado a la Unesco y a ONU Turismo, exigida también por ERC, y se ha pactado con Podemos la regulación de migrantes que permitirá aprobar la cesión de competencias de inmigración a la Generalitat.
La Moncloa trata de cumplir con todos sus socios para rehacer su maltrecha mayoría parlamentaria y alargar la legislatura al máximo. Nada es todavía suficiente para los de Carles Puigdemont, que esta semana votaron en contra del real decreto ley con la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales. Los lazos entre Junts y el PSOE están rotos. En el Gobierno asumen que no es fácil recuperar la confianza y todo lo fían a que el clima cambie con la vuelta de Puigdemont, presumiblemente esta primavera.
Pero, lo urgente ahora es aprobar la subida anual de los jubilados, si es posible, sin sacrificar la moratoria de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. En los últimos meses, Junts, PNV y Coalición Canaria han transmitido al Gobierno que excluya a los pequeños propietarios de la obligación de mantener a los inquilinos más indefensos cuando ya no pueden pagar el alquiler. Los tres grupos coinciden en que se debe ayudar a esas familias, con el matiz de que le corresponde hacerlo al Estado, no a los dueños de la casa.
En esta demanda podía radicar la salvación del incremento de las pensiones, después de que Junts la haya puesto de nuevo en el foco. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, relató el jueves en RNE que hace meses reclamaron al Ejecutivo esta modificación. El real decreto incluye desde junio de 2021 un mecanismo de compensación a los caseros ante la falta de pago, aunque la realidad es que únicamente el "1,5 % lo ha cobrado". Se puso en marcha un sistema alternativo de avales pero el Gobierno ha tardado un año en dotarlo de dinero.
Nogueras reprochó al Gobierno la falta de ajustes en el texto cuando, subrayó, la convalidación del decreto en el Congreso "depende de nosotros". La diputada aseguró que "lo fácil" para su grupo habría sido apoyarlo, pero instó a la Moncloa a hacer antes "bien" su trabajo. "Nos habríamos ahorrado los ataques", defendió, en referencia a las manifestaciones de estos días ante su sede de colectivos sociales, "por no querer dejar a nadie atrás, a miles de familias de Cataluña que lo están pasando muy mal por estos impagos".
Junts abre así una pequeña rendija para que sea factible aumentar la paga a los pensionistas. La portavoz desveló que los efectos sobre los pequeños propietarios ya se están negociando. Contó que el Ejecutivo ha intercambiado textos con otros grupos, en referencia al PNV, lo que supone que sus pretensiones podrían verse satisfechas aunque ellos no conversen directamente con el Gobierno.
La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, admitió este viernes que buscan soluciones a la situación de estos caseros, a instancias de Junts, PNV y CC, para "atender de verdad a quien lo necesita" y "limitar a los jetas que se puedan aprovechar". El problema de la Moncloa es que necesita dar con la tecla para no soliviantar tampoco a sus aliados de izquierda. Bildu ya advirtió ayer que "no se va a bajar de la defensa de los sectores vulnerables que estaban protegidos por el escudo social» y señaló que siete votos, en alusión a los de Junts, "son importantes" pero "los seis de Bildu, también".
Todos los grupos son conscientes de que este asunto puede contribuir a que se apruebe la revalorización de las pensiones, si el Ejecutivo consigue armar un pacto global sobre las consecuencias de algunas medidas sociales en los pequeños arrendatarios. Nada está aún garantizado y el Gobierno se puede ver obligado a apostar por subir el sueldo de los jubilados y aparcar el resto de temas. O intentar salvar a la vez todo lo que pueda del escudo social pero orillar los asuntos de vivienda, que generan más controversia entre su heterogénea mayoría parlamentaria.
Todas las alternativas se contemplan. Lo más lógico, sería que el Consejo de Ministros de este martes aprobara ya un nuevo real decreto ley con alguna de estas fórmulas. Pero, también podrían esperar a la siguiente semana o reunirse antes de manera extraordinaria. Lo único claro es que, aunque al final se consiguiera el voto de Junts, eso no significaría que la crisis se ha superado. En el universo cercano a la posconvergencia hay quienes piensan que es muy esquiva la solución porque, aseguran, ni siquiera Puigdemont tiene claro aún si Pedro Sánchez le conviene o no.
No hay manera de que Pedro Sánchez logre enderezar su relación con Junts, a pesar de la profusión de gestos. En los últimos días se ha materializado la incorporación de Cataluña como miembro asociado a la Unesco y a ONU Turismo, exigida también por ERC, y se ha pactado con Podemos la regulación de migrantes que permitirá aprobar la cesión de competencias de inmigración a la Generalitat.