Un informe negativo del tribunal de García Ortiz impediría al Gobierno su indulto total

El Gobierno ha iniciado la tramitación de una solicitud de indulto para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, como primer paso, ha requerido al tribunal que le sentenció que emita su informe al respecto. Un dictamen negativo de los magistrados que le condenaron a inhabilitación para ejercer como jefe de la Fiscalía y al pago de una multa impediría al Ejecutivo, sin embargo, concederle la gracia completa. Pese a ello, Moncloa tiene margen para borrar la pena que más daño hizo a García Ortiz y mantener aquella que ha quedado saldada.

El tribunal decidió el pasado noviembre condenar a Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros) e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años. Además, se le impuso el pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular y, como responsabilidad civil, al pago de una indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de 10.000 euros por daños morales.

El margen del Gobierno para el indulto queda, sin embargo, limitada por la ley que indica, en su artículo 11, que cuando el tribunal sentenciador se opusiere al indulto, este no podrá ser total, y solo podrá concederse en la forma de indulto parcial. En el caso de penas de inhabilitación, cuando son únicas, un indulto parcial suele traducirse en la reducción del tiempo de inhabilitación o la conmutación por otra pena menos gravosa, pero no en su desaparición completa.

No obstante, en este caso, el Ejecutivo tiene la posibilidad de cumplir con la norma y eliminar, del todo, la inhabilitación que le supuso a García Ortiz su salida de la jefatura del Ministerio Público y que amenazaba su permanencia en la carrera fiscal, salvada, esta última por la decisión de su sucesora Teresa Peramato de no expulsarle pese a haber cometido un delito doloso. Tiene la opción de mantener la pena de multa, que ya ha sido satisfecha y respectar así la condición legal que impone la norma.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo pulso para expulsar totalmente a García Ortiz de la Fiscalía con amenaza de denuncia

Beatriz Parera

El trámite del indulto se ha activado de forma paralela a la intención de García Ortiz de recurrir su condena ante el Tribunal Constitucional. De momento, la defensa que ejerce la Abogacía del Estado ya ha presentado recurso de nulidad ante el propio Supremo, el paso previo. En él, alega vulneración de derechos fundamentales y defiende que la libertad de expresión en su sentido institucional "ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia".

A su juicio, plantear -como opina que hace la sentencia- que "debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica 'a posteriori' sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional". La Fiscalía se sumó, por su parte, a la petición de anulación y aseguró que la resolución vulneró el derecho a la defensa y su presunción de inocencia por "prescindir sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo" y por "desdoblar" los hechos que le acabaron imputando.

El precedente de Gómez de Liaño

El Gobierno cuenta, en este caso, con un precedente. El Ejecutivo de José María Aznar indultó en el año 2000, en contra del informe del Tribunal Supremo, al exmagistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. Se impuso como condición en la sentencia la prohibición de reincorporarse a la Audiencia Nacional en un plazo de 25 años, aunque sí se le permitía regresar a la carrera judicial. La decisión abrió entonces un pulso en del Gobierno con el Supremo, que consideró la decisión contraria a la ley, precisamente por ser la gracia total y no parcial. El alto tribunal se opuso al reingreso en la carrera.

El antecedente muestra, eso sí, que la inhabilitación es indultable. La vía del indulto facilitaría a García Ortiz una exoneración mucho más rápida que el recurso de amparo ante el TC y también evitaría un nuevo pulso en este y el Supremo. Eso sí, en un contexto político como el actual, el Gobierno correría contrarreloj si desea indultarle -el presidente del Gobierno ha repetido varias veces que se considera inocente- dada la posibilidad de que acaben convocándose elecciones anticipadas.