Sánchez rompe récords de gobernar por decreto: el triple que Suárez y 59 más que Rajoy

La maquinaria de los reales decretos-leyes, no para de funcionar en la Moncloa. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más veces ha recurrido a esta fórmula legislativa, a enorme distancia de sus predecesores. Una fórmula que permite al líder del Ejecutivo esquivar buena parte del control parlamentario que requiere la tramitación de un proyecto de ley. Sánchez ya suma 168 reales decretos-leyes aprobados desde junio de 2018, 59 más que su predecesor en Moncloa, Mariano Rajoy.

El expresidente popular utilizó esta fórmula en 109 ocasiones entre 2011 y mayo de 2018. Los reales decretos-leyes son instrumentos reglados en la Constitución española y que están diseñados para casos extraordinarios. En la pandemia de coronavirus, su uso se intensificó, ya que las circunstancias de emergencia sanitaria justificaban la utilización de este recurso legislativo. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha mantenido su uso desde entonces, aprobando una media de un real decreto cada 16 días.

El artículo 86 de la Constitución establece que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes". Que el Gobierno de Sánchez se ha convertido en especialista del regate parlamentario lo demuestra que haya utilizado esta fórmula el triple de ocasiones que Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno bajo cuyo mandato se concibió la carta magna.

El exlíder de Unión de Centro Democrático (UCD) aprobó 51 decretos entre 1978 y 1981. Tres veces menos que Sánchez. El primer presidente socialista de la democracia, Felipe González, que ocupó la Presidencia del Gobierno más que ningún otro, apenas lo utilizó 129 veces en 14 años. Sánchez ya lo ha superado en 39 reales decretos pese a llevar en la Moncloa la mitad de tiempo.

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El expresidente José María Aznar aprobó 130 en ocho años, por lo que incrementó el ritmo en la utilización de este instrumento, aunque muy lejos de las cifras del actual líder del PSOE. Con José Luis Rodríguez Zapatero, el número de reales decretos-leyes cayó a los 108 en dos legislaturas. Y con Rajoy se mantuvo estable en los 109.

Esta fórmula es la que ha utilizado Sánchez este martes para intentar que el Congreso de los Diputados aprobase un decreto ómnibus en el que se mezclaban políticas energéticas con la subida de las pensiones o la prórroga de la prohibición de los desahucios. En otro polémico decreto ómnibus de 2024, el Gobierno incluyó en una batería de medidas tributarias la cesión del edificio del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Las 'ventajas' para el Gobierno

Las ventajas para el Ejecutivo de los reales decretos sobre los proyectos de ley son numerosas. Permite aprobar las medidas a mayor velocidad, ya que entran en vigor en el mismo momento de su aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de trámite parlamentario previo. Una ley ordinaria, en cambio, puede requerir de una tramitación de entre 6 y 18 meses.

El real decreto-ley se aprueba sin la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan enmiendas. Además, solo es necesario un único trámite parlamentario, que es la convalidación del decreto. En cambio, una ley debe pasar numerosos trámites: toma en consideración, ponencia y dictamen de la comisión correspondiente, aprobación en el Senado, vuelta al Congreso...

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No hay que confundir este instrumento con el real decreto pactado entre PSOE y Podemos para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes irregulares. En este caso, el decreto no requiere siquiera de la convalidación del Congreso de los Diputados, basta con su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Sin embargo, todo apunta a que PP o Vox impugnarán la medida ante el Tribunal Supremo por el abuso de la vía escogida.

En cualquier caso, Sánchez siempre encuentra un requiebro para gobernar a espaldas del Parlamento. Como ha manifestado públicamente el presidente, el Gobierno tiene una "hoja de ruta" que seguirá "con o sin concurso del poder legislativo".