La regularización exprés de Sánchez, abocada al Supremo por uso abusivo del 'decretazo'

La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes impulsada por el Consejo de Ministros acabará en manos del Tribunal Supremo. La discrepancia mostrada ya de forma pública por los partidos de la oposición terminará sin duda condensada en futuros recursos. El malestar del PP y Vox ante el real decreto ha desencadenado movimientos en el seno de los partidos que más se oponen a las medidas previstas. Vox anuncia un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, mientras que desde el PP se muestran de momento más prudentes, a falta de conocer su contenido preciso.

El argumento jurídico principal de las impugnaciones será el abuso de la vía escogida para desplegar una medida de ese calado que, además, afecta a una materia reservada a la ley, según aseguran diferentes fuentes consultadas. La elección del real decreto ordinario para implementarla implica que el texto no tenga que pasar por el parlamento ni necesite alegar "extraordinaria y urgente necesidad" porque no es un real decreto ley que sí obligaría a la convalidación de las Cortes.

Se trata así de una norma reglamentaria aprobada por una disposición gubernamental de desarrollo de una ley orgánica, en concreto la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Diversas fuentes jurídicas apuntan a su "dudosa legalidad" y consideran que el mandato de la LO 4/2000 al Gobierno para que establezca un "procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años" se agotó en la etapa José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente ya desarrolló un reglamento en 2004 como "proceso de normalización".

No hay otra previsión legal que habilite a un proceso extraordinario de regularización mediante norma reglamentaria más allá de aquella ya mencionada. Además, el reglamento ya hacía referencia en su preámbulo a un proceso de regularización vinculado a "una futura relación laboral", por lo que la solicitud la presentaban los empleadores, y no los inmigrantes. Lo que se hace ahora es una extensión de aquello sin una habilitación expresa que, en opinión de los consultados, "sobrepasa el límite de un reglamento".

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Otras fuentes consultadas advierten que en las virtudes de la fórmula - más blindada que otras- se encuentran también sus defectos. Se requiere, por ejemplo, como condición indispensable que no entre en contradicción con ninguna ley. "Vamos a mirar el decreto con lupa, y vamos a intentar bloquearlo por todos los medios a nuestro alcance", aseguran a El Confidencial fuentes cercanas a Vox. Para el partido de Santiago Abascal la medida implica que una decisión estrictamente gubernamental inicie "el camino para una transformación social y política radical del país". No solo la recurrirán, sino que reclamarán también de forma cautelar la "suspensión inmediata" de cualquier regularización extraordinaria de inmigrantes.

Para los críticos más duros, la regularización "abre el camino para una transformación del cuerpo político español de proporciones colosales". Aseguran que, a la larga, se traducirá en el otorgamiento del derecho al voto en las elecciones municipales de estos nuevos residentes legales, y esta a su vez abrirá la puerta para la adquisición de la nacionalidad, que a su vez abriría la posibilidad de obtener el voto en las elecciones generales.

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Los que se oponen hablan también del riesgo de que se produzca un efecto llamada y del impacto sobre los servicios sociales que califican como "brutal". "Si regularizas a los inmigrantes irregulares, estos adquieren el derecho a la asistencia sanitaria, y a la escolarización, para ellos y eventualmente para sus familiares, y eventualmente para aquellos familiares que se quieran reunir con ellos", dicen desde Vox. "Accederán al mercado de la vivienda, contribuyendo a incrementar todavía más el precio de la misma. Accederán al mercado de trabajo, deprimiendo los salarios, y reduciendo la productividad", insisten.

La reserva de ley

Desde el Ejecutivo se pone el acento en el refuerzo de un modelo migratorio basado en los derechos humanos con el que se quiere confrontar "el avance de la ola ultraderechista". Las personas extranjeras en situación irregular que lleven más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025 o que solicitaran asilo antes de esa fecha, podrán pedir la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El compromiso del Gobierno es el de reducir al máximo la burocracia y limitar la resolución a un plazo máximo de tres meses. Obtendrán al término una autorización de residencia con permiso de trabajo de al menos un año y podrán "trabajar en cualquier sector y lugar del país", ha subrayado la ministra.

Más allá de la crítica política, diversas fuentes jurídicas consultadas aprecian otros motivos para que los discrepantes den la batalla ante el Supremo. Recuerdan que la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" y añaden que, en su artículo 13, regula de forma expresa el estatuto jurídico de los extranjeros en España: "Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título, en los términos que establezcan los tratados y la ley".

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"Esto supone una reserva de ley ordinaria para determinar el régimen jurídico de los extranjeros, ya que el propio precepto remite literalmente a la ley", asegura una de estas fuentes que añade que sería cuestionable, por tanto, que por medio de un reglamento (que al ser una norma que aprueba el gobierno no tiene rango legal) pueda impulsarse una regularización de extranjeros, al menos eso me parece a mí". La última palabra, de nuevo, la tendrá el Supremo.