La cárcel de Alcalá-Meco admite en un informe que es "fácil" que su personal meta droga

Meter droga en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco es fácil si eres colaborador o un empleado de los que imparte cursos en el centro penitenciario. Este es el aviso desesperado de su director, que figura en un informe remitido a un Juzgado de Alcalá de Henares al que pidió ayuda para investigar una trama que vendía droga a los internos. Esta voz de alarma sirvió para llevar a cabo una investigación judicial con intervención de la Policía Nacional y la red fue desarticulada.

“Aunque pudiera pensarse que no es fácil la posible introducción de sustancias prohibidas por parte de personas colaboradoras o que imparten cursos en el centro, como es el caso que nos ocupa, ello no es así, dado que los controles que se realizan sobre los mismos consisten en pasarles por los escáneres y arcos detectores de metales, de tal modo que las sustancias estupefacientes o droga no conllevarían la activación de tales herramientas”, decía la comunicación firmada por el director a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El informe, que lleva el sello del Ministerio del Interior, explica que “solo mediante cacheos integrales, en el momento de su realización, podría constatarse la veracidad o no de la posesión y posible introducción de las sustancias referenciadas”. Pero el propio responsable de la prisión admite también la inutilidad de los cacheos: “No obstante, al no conocer con exactitud los días y horas de la posible introducción, estarían abocados al fracaso, lo que coloquialmente se llama dar palos de ciego”.

El director de la prisión de Alcalá-Meco tenía información de que la droga había experimentado un incremento significativo al menos en uno de los módulos de la cárcel y por eso remitió su escrito a los juzgados. "Entendiendo que las presunciones e indicios de posible tráfico dejan entrever bastante verosimilitud, se considera más adecuado la participación a ese Juzgado quien, probablemente y siempre que lo considere conveniente podrá realizar una investigación más exhaustiva que pueda determinar si tales hechos se están produciendo, así como participantes y grado de intervención en ellos".

Este fue el punto de partida de una investigación que arrancó en junio de 2024 y todavía permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares. Se encuentra procesado un jardinero que impartía cursos a los internos y que metía presuntamente hachís en tabletas.

Se da la circunstancia de que el conocimiento de estas introducciones de droga no llegaron a conocimiento de los responsables de la prisión porque lo detectasen los funcionarios o los encargados de la seguridad, sino porque dieron el chivatazo entre los propios presos. Esto sucedió en el módulo 1 de la prisión, pero la cárcel de Alcalá-Meco (Centro Penitenciario Madrid II) cuenta con 522 celdas y cerca de mil reclusos.

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Hace solo unas semanas, en diciembre, la jueza de Alcalá de Henares concluyó sobre el principal investigado que, "con ocasión de impartir un curso como monitor de formación de jardinería en el Centro Penitenciario Madrid II de esta localidad de Alcalá de Henares durante el año 2024, promovió y facilitó el consumo ilegal de drogas tóxicas, introduciendo en el establecimiento penitenciario de manera oculta tabletas de hachís para distribuirla entre los internos".

El consumo de drogas es el origen de casi una cuarta parte de los fallecimientos en las cárceles españolas. Entre 2015 y 2019, murieron por esa causa 203 internos, un 23,5% de todos los fallecidos en los centros penitenciaros. Los funcionarios de prisiones explican que la falta de personal y medios dificulta impedir la introducción de sustancias estupefacientes. El total de fallecidos en ese periodo fue de 862, a los que hay que sumar otros 204 durante 2020. Los datos fueron proporcionados a este periódico por Instituciones Penitenciarias (IIPP), dependiente del Ministerio del Interior, tras una solicitud de acceso a la información pública.