El Constitucional alarga la espera de Puigdemont y mantiene su orden de arresto
El líder de Junts reclamaba la congelación cautelar de su detención si vuelve a España a la espera de la decisión final del TC sobre la aplicación a su caso de la ley de amnistía
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa en contra por orden del Tribunal Supremo. Los magistrados han apoyado por unanimidad el borrador de la magistrada Laura Díez, que proponía desestimar la petición cautelar de la defensa de Puigdemont mientras se resuelve el recurso de amparo que interpuso contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía. La aprobación se ha extendido también a las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, que también rechazan suspender las órdenes de arresto en el caso de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.
La orden, dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena, impide el regreso a España de Puigdemont. La ponencia defiende que es precipitado pronunciarse ahora, ya que cualquier decisión en ese sentido podría anticipar el sentido del fallo final. También alude a la necesidad de evitar una interferencia en la labor del Supremo.
Puigdemont solicitó la suspensión el pasado noviembre. Reclamó en concreto que se acordara "con carácter urgente y preferente" la suspensión inmediata de las órdenes tras el pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. Considera que si no se congela su arresto en caso de volver a España se le producirá "un perjuicio irreparable".
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Opinión Agregaba que la suspensión deberá mantenerse hasta que el tribunal dicte sentencia firme respecto a la aplicación en su caso de la ley de amnistía. El expresident catalán recurrió al órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido después de que el Supremo le dejara al margen de la gracia por considerar que la malversación en la que incurrió supuso un enriquecimiento personal. Este supuesto figura entre las exclusiones previstas en la ley de amnistía.
El escrito también exigía que se comunicara la decisión "a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas". Para respaldar su solicitud, indicaba que la unión de la constitucionalidad de la ley que decidió ya el TC y la opinión del abogado general Dean Spielmann -que avala el grueso de la ley de amnistía- provoca que la norma deba considerarse "plenamente eficaz y aplicable durante la tramitación del presente recurso".
"La coincidencia entre la jurisprudencia constitucional y el estándar europeo impone reforzar el fumus boni iuris y exige asegurar la protección cautelar para evitar daños irreparables. No existe duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley", defendía.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa en contra por orden del Tribunal Supremo. Los magistrados han apoyado por unanimidad el borrador de la magistrada Laura Díez, que proponía desestimar la petición cautelar de la defensa de Puigdemont mientras se resuelve el recurso de amparo que interpuso contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía. La aprobación se ha extendido también a las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, que también rechazan suspender las órdenes de arresto en el caso de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.