Regularización exprés: pagar a Podemos, quitar Adamuz del foco y dar gasolina a Vox ante el PP

Por Real Decreto y sin pasar por el Congreso, el Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros el inicio de los trámites para una regularización de más de medio millón de inmigrantes irregulares. El Gobierno cumple así con su promesa de contentar a Podemos para volver a ganarse sus votos en otras cuestiones clave como la entrega de la inmigración a Cataluña, exigencia de Junts. Pero, además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mete en mitad de la agenda política -copada desde hace días por la tragedia de Adamuz, la gestión de Óscar Puente y la situación desastrosa de los ferrocarriles en toda España-, el espinoso debate de la inmigración, terreno abonado para Vox donde el PP se encuentra menos cómodo. El Gobierno justifica esta decisión en que el Congreso ya votó con mayoría absoluta (sólo votó Vox en contra) la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular con medio millón de firmas para una regularización. Sin embargo, su tramitación sigue atascada en el Congreso.

Los términos conocidos del Real Decreto sorprenden, frente a otras regularizaciones masivas precedentes, por las laxas condiciones a las que podrán acogerse los solicitantes: todos aquellos que puedan acreditar que estaban en España hace menos de un mes, el 31 de diciembre de 2025, que llevaban en el país al menos cinco meses y que carezcan de "antecedentes penales relevantes", según informaba Podemos. En la última gran regularización, realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se les exigió a los inmigrantes un contrato de trabajo.

Las reacciones de PP y Vox no se hicieron esperar y vinieron a confirmar las impresiones de quienes ven en esta medida, además de un pago para intentar recomponer el maltrecho bloque de investidura, una cortina de humo y un intento de exprimir las contradicciones de PP y Vox en inmigración. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió en la red X con un primer mensaje. "Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

La medida, según fuentes del PP, pretende "desviar la atención de la mayor tragedia de la Alta Velocidad Española: una cortina de humo para tapar 46 muertos por el caos ferroviario y las negligencias de su Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, con una regularización exprés sin el aval del Congreso". En Génova tienen "muy claro" que "Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías. Una mala decisión política porque transmite el peor mensaje posible y consolida un modelo que no ordena la inmigración ni protege la convivencia. No se aclara a quién afecta, en qué condiciones se integrará a esos cientos de miles de personas ni qué impacto real tendrá en vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, trasladando el problema a los barrios, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas".

Según las mismas fuentes de Génova, "la nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan. La política migratoria errática de este Gobierno durará lo que dure Sánchez como presidente del Gobierno. Feijóo la cambiará".

Y si uno de los efectos que pretendía el Ejecutivo era que Vox entrara al trapo de la medida, Santiago Abascal no tardó ni una hora en irrumpir con un mensaje incendiario en redes: "¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración".

El debate de la inmigración es el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento sostenido de Vox, que ya tienen bolsas de votantes en la clase más desfavorecida. Como incidía en este medio el pasado domingo la doctora en Ciencias Políticas, Carmen Lumbierres, Vox y sus nuevos portavoces como Carlos Hernández Quero explotan la dicotomía entre ellos/nosotros, con el principal mensaje de "apuntar al que viene de fuera como una amenaza. No es nada nuevo, es el mismo discurso que en el resto de Europa".

Vía Consejo y evitando el Congreso

En la cocina de la Moncloa saben que, aunque se registran trasvases de votos desde la izquierda hacia Vox, la mayor parte de los mismos -y sobre todo con el tema de la inmigración- el mayor desgaste es para el PP. Y si, además, introduciendo esta regularización masiva exprés se desplaza del foco informativo las críticas y los errores hacia la gestión del Gobierno en la tragedia de Adamuz, se entienden las prisas y la decisión de hacerlo vía Consejo de Ministros y sin acudir a un Parlamento donde, de momento, contaría con la oposición frontal y el no de Junts, acosada en Cataluña por el sorpaso de los ultras de Silvia Orriols que han hecho de la inmigración su principal caballo de batalla.

Quienes soliciten la regularización tendrán que acreditar que llevan cinco meses en España. Podrán hacerlo no solo con el padrón, sino que será suficiente con presentar "informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, etc", detalla la formación morada en su comunicado. Tendrán hasta el 30 de junio para solicitarlo.

La decisión también sorprende porque el Gobierno ya modificó el Reglamento de Extranjería hace poco más de un año con el objetivo de regularizar 900.000 extranjeros en el trienio 2025-2027. El Ejecutivo comunicó entonces que esa era la solución, pero ahora da un nuevo volantazo para acelerar el proceso. Esto supone reconocer que la reforma de 2024 no estuvo bien diseñada o bien que necesita ahora otro golpe de efecto político, cambiando su estrategia a mitad de partido.

840.000 irregulares

El Gobierno calcula que la regularización beneficiará a algo más de medio millón de personas. Sin embargo, las cifras podrían quedarse cortas. Funcas calcula que el número de inmigrantes irregulares asciende a 840.000 personas. El dato se obtiene de la diferencia entre dos registros oficiales: las cifras de empadronamiento (es obligatorio empadronarse aunque no se posea la residencia legal) y es el de personas con una residencia legal (con permiso de trabajo, estudios o asilo). Es posible que incluso esta cifra esté sesgada a la baja, ya que también hay inmigrantes viviendo en España que no están empadronados.

El número de extranjeros irregulares ha aumentado en casi 130.000 personas al año desde 2022 hasta 2025. Desde el año 2017, el número de inmigrantes irregulares se ha multiplicado por ocho, pasando de 107.000 hasta los casi 384.000 a principios de 2025. Esto explica que los datos que está utilizando el propio Gobierno hayan quedado desfasados.

España ha realizado seis grandes regularizaciones desde la Transición, aunque esta apunta a ser la más numerosa de todas. La última la realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005, cuando España vivía el mismo problema que ahora: una bolsa demasiado grande de personas en el limbo legal de la irregularidad. En ese momento, la regularización afectó a cerca de 575.000 personas.

El objetivo de esa regularización fue reducir la economía sumergida, de ahí que se exigiera presentar un contrato de trabajo. Esto permitió a la Seguridad Social ganar 975.000 nuevos cotizantes, elevando así los ingresos del sistema. Nunca se ha vuelto a registrar ese aumento de la afiliación, ni siquiera tras la pandemia, cuando se levantaron las restricciones del estado de alarma.

Uno de los temores de los procesos de regularización es generar un efecto llamada que aumente la presión migratoria sobre el país. Sin embargo, el ejemplo de 2005 descarta este extremo. En los dos años previos a la regularización (2003 y 2004) entraron 404.000 inmigrantes de media anual. En los tres años posteriores a la regularización (2005-2008), el flujo de entrada se redujo hasta 338.000 personas, y eso a pesar de que la economía siguió creciendo intensamente en ese periodo.

España está viviendo una presión migratoria superior a la de los años de la burbuja. La mayor parte de los inmigrantes irregulares (casi el 90%) son latinoamericanos, mientras que un porcentaje muy reducido, inferior al 6%, procede de África. Esto confirma que el grueso de los inmigrantes llega a España en avión.

El informe de Funcas ya anticipaba que España tardaría poco en hacer una regularización extraordinaria. No podía haber atinado más. El motivo es que una bolsa de inmigrantes tan amplia genera muchos problemas de pobreza y economía sumergida. Los analistas de Funcas advierten que "habría que implementar medidas para mejorar el manejo de los flujos migratorios que se enmarquen dentro de una estrategia amplia de crecimiento económico y de la productividad". En definitiva, trazar una verdadera estrategia de país con "medidas que orienten la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación".