PP y Junts aprietan a Sánchez y tumban el decreto que incluye la subida de las pensiones

Primer pleno del año y primera gran derrota del Gobierno, que no logra salir del coma parlamentario en el que se encuentra desde hace mucho tiempo. El Ejecutivo ha visto cómo se repetía el mismo patrón que hace justo un año. PP y Junts tumbaron, en enero de 2025, un decreto ómnibus que incluía como ahora la revalorización de las pensiones, aunque Moncloa logró reconducir la situación a través de un pacto posterior con Junts para presentar una nueva ley que forzó a los de Feijóo a rectificar por temor a perder el voto de los jubilados, parte muy importante de su cartera electoral.

Este año, el portazo también ha sido tajante. Ni PP ni Junts —a cuyo bloque se ha unido Vox, como es habitual— dieron su brazo a torcer. Ambas fuerzas anunciaron hace 24 horas que votarían en contra de la prórroga del escudo social. ¿El motivo? Las dos formaciones denuncian que el Gobierno haya incluido en el decreto que sube las jubilaciones una serie de medidas antidesahucios que Moncloa pactó con Bildu, además de la prohibición de los cortes de suministros básicos. Y se niegan a avalar ese tipo de "tretas", una fórmula de la que suele abusar el Gobierno para acelerar la agenda legislativa y taponar su debilidad parlamentaria.

Populares y posconvergentes retan al Gobierno a presentar un "decreto limpio", como apuntó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, minutos antes del arranque del debate, que incluya exclusivamente la revalorización de las pensiones al 2,7%. Sólo en ese caso contarían con su 'sí'. Junts, de hecho, registró esta semana una proposición de ley propia en el Congreso para negociar exclusivamente lo referente a las pensiones y oponerse al "chantaje" que plantea el Gobierno con los decretos 'ómnibus'.

Si el Ejecutivo desgaja las pensiones en una propuesta independiente, contará con una amplísima mayoría en el Congreso. Desde el Gobierno no aclaran cuál será el siguiente paso ahora que el decreto ha decaído en el Congreso, aunque fuentes de la Seguridad Social trasladan que desde Moncloa se trabajará "intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios".

Opinión

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"Votaremos 'sí' a la revalorización de las pensiones cuando las presenten sin chantajes", reiteró la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, visiblemente molesta con el Ejecutivo por el "colapso" ferroviario de Cataluña por la crisis de Rodalies, de la que culpó a la gestión del Gobierno y de la Genralitat. "Pensiones sí, okupaciones no. No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada a que te okupen el piso y no te paguen el alquiler", subrayó la dirigente, ratificando el voto en contra de los posconvergentes.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de poner la mejilla al primer y rotundo varapalo del Congreso al Gobierno. De nada sirvió la apelación del dirigente socialista a la "altura de miras", en referencia a PP y Junts, no sólo por las medidas orientadas a los jubilados, sino también a la "protección de los colectivos vulnerables". Recordó Bolaños que, al margen de la moratoria de la prohibición de los desahucios y las jubilaciones, el decreto incluye una serie de ayudas y exenciones fiscales para los afectados por la dana y por los incendios del pasado mes de agosto, que ahora quedan en el aire.

En líneas generales, el resto de socios del Ejecutivo censuraron la posición de la derecha parlamentaria, con mensajes especialmente críticos con los de Puigdemont. Ione Belarra, líder de Podemos, atacó directamente a Junts, a los que pidió desde la tribuna "un poco de humanidad", porque "la gente va a comenzar a pensar que son ustedes como el señor García Albiol", lanzó. "No sabía que este pleno era una sesión de control a Junts", ironizó Nogueras cuando subió a la tribuna.

"¿Cuántos de sus diputados tienen intereses inmobiliarios? Les da vergüenza su voto", replicó Aina Vidal, de Sumar, a Junts. El PNV sí ha comprometió su respaldo al decreto, aunque trasladó un apoyo crítico: avisó al Ejecutivo que sería "la última vez" que apoyarían un decreto 'ómnibus' con diversas cuestiones que nada tienen que ver entre sí.

Tensión por Adamuz y Rodalies

La primera sesión plenaria del año, aún de carácter extraordinario, estuvo empañada en todo momento por el trágico accidente de Adamuz y la fuerte crispación política, que no ha dejado de crecer en consecuencia. Uno de los momentos más tensos se vivió durante la primera intervención de José Antonio Figaredo (Vox) que, tras llamar "puto desastre" al Ejecutivo por la gestión ferroviaria, finalizó su intervención dirigiéndose a la bancada del Gobierno al grito de "¡asesinos!". El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le llamó al orden y retiró sus palabras del orden del día.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ausentó del pleno que también sometía a votación un segundo decreto para ampliar las bonificaciones del transporte público, que sí ha salido adelante, con el apoyo de Junts y la abstención del PP. Génova ha rectificado su posición, a pesar de que ayer aseguraron en rueda de prensa que votarían 'no' también a esta iniciativa.

El PP afirmó este lunes que votarían en contra tanto del escudo social como del decreto de transportes, por dos motivos: primero, por la negativa a salir en la foto junto a Óscar Puente, al que en Génova dan por amortizado tras desvelar la investigación que la causa del accidente pudo ser la rotura de la vía y, por tanto, el mantenimiento de la infraestructura; y en segundo lugar, por considerar que en este momento toda inversión procedente de Transportes debe ir destinado a la mejora de la red ferroviaria en plena crisis, y no a ayudas tarifarias.

Aún así, y por temor al desgaste ante una medida de corte social en plena campaña, optaron por quedarse en la abstención. El PP viró del 'no' a la abstención in extremis, tras comprobar que hicieran lo que hicieran saldría adelante por el respaldo de Junts. Justifican además que, a diferencia del de pensiones, es un "decreto limpio", sin mezclar las ayudas en los abonos con otras cuestiones.

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El decreto de transportes, con todo, sí reabrió durante el debate parlamentario la ingente tensión y las heridas por la tragedia de Córdoba y Barcelona. Y las críticas, tanto de la oposición como de los socios del Ejecutivo contra el departamento que dirige Óscar Puente fueron constantes. Hay que recordar que el dirigente del PSOE es el ministro que más veces ha sido reprobado en las Cortes: dos en el Congreso y una en el Senado.

ERC y Junts apretaron con dureza contra el Gobierno por la crisis de Rodalies. Y ambas formaciones afearon que el "trauma colectivo" por los problemas en el transporte en Cataluña "no se resuelve ni con descuentos ni con titulares bonitos", sino con "inversión real", como afeó la portavoz republicana, formación que sí votó a favor. Junts, por su parte, no mostró sus cartas hasta el final. Su representante, Isidre Gavin, achacó a la gestión del Gobierno los "episodios de caos" de los últimos días en Cataluña, y zanjó que "el transporte público no se promociona con políticas escaparates".