El Gobierno legalizará 500.000 inmigrantes y exhibe el apoyo de Iglesia y CEOE contra la "ultraderecha"

"No somos los últimos en Europa, somos la semilla de una nueva Europa". El Gobierno refuerza su perfil combativo contra la ultraderecha global. En pleno debate sobre la inmigración en todo Occidente, con un endurecimiento de la postura incluso de líderes socialdemócratas como el británico Keir Starmer, Pedro Sánchez apruebe un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, que prevé legalizar en torno a 500.000 personas que residen sin papeles.

Sánchez no pretende resistir, intenta marcar un camino distinto. Lo dijo el domingo en un mitin en Huesca y esta misma filosofía la defendió este martes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para explicar la decisión. "No solo queremos ser faro, también el germen para poder luchar contra la ola de ultraderecha". señaló. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenarla, con coherencia y con valores".

El Gobierno no se siente solo en esta batalla. Al contrario. Considera que la legalización de extranjeros, fruto de un pacto con Podemos, cuenta con un gran apoyo social. La portavoz esgrimió que cuenta con legitimación política, porque la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que defendía la regularización y que está bloqueada ahora en el Congreso, recibió el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox. Y tiene también legitimación social, explicó, porque además del apoyo previo de 700.000 firmas ha recibido el aval de la Iglesia, los sindicatos y la patronal.

"Lo que estamos haciendo es no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país", destacó. Horas antes, en una entrevista en TVE, la portavoz afeó al PP, en contra ahora de la regularización, que no avale una medida que cuenta con el respaldo de la Iglesia católica y de la CEOE.

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Marisol Hernández

Efectivamente, la Conferencia Episcopal ha dado su bendición pero la patronal está pendiente aún de conocer el texto final. Antonio Garamendi sí mostró estos meses su apoyo a la ILP. "La gestión ordenada de la inmigración siempre será buena en un país. Los empresarios siempre hemos planteado que España es una economía abierta y un país abierto", señaló.

La ministra apeló hoy a esas palabras y subrayó que beneficia a las empresas porque les da más "seguridad jurídica". "Es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía", aseguró.

El proceso está dirigido a los extranjeros que vivan al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del 2025 y a los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esta fecha. Será obligatorio carecer de antecedentes penales. Y se concederá la autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, inicialmente durante un año. Después operarán los requisitos previstos en la ley de Extranjería.

El Consejo de Ministros ha aprobado la legalización por real decreto, lo que evita la convalidación del Congreso. La previsión es que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril y el procedimiento permanezca abierto hasta el 30 de junio. Será posible regularizar simultáneamente a los hijos menores de que se encuentren en España y en su caso el permiso será de cinco años.

En España se han llevado a cabo ya varias regularizaciones impulsadas por distintos Ejecutivos socialistas y del PP. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rechazan un posible "efecto llamada" porque "se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes".