Feijóo pugna con Abascal por la inmigración: el PP llevará la regularización masiva a Europa

La inmigración vuelve a colarse con fuerza en plena antesala de tres elecciones autonómicas casi consecutivas. El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para regularizar de forma extraordinaria (y sin pasar por el Congreso de los Diputados) a más de medio millón de migrantes ha reactivado con fuerza la batalla abierta en la derecha por capitalizar el rechazo social a la inmigración ilegal. En Génova son conscientes de que Vox se desenvuelve en este terreno con mayor facilidad, hasta el punto de capitalizar la fuga de voto socialista descontento con su política migratoria. Es una tendencia que también reflejan ya los estudios que manejan en la dirección popular.

Los de Feijóo se han volcado desde el primer minuto contra la propuesta de regularización masiva, conscientes del impacto directo en los datos electorales tan importantes en tiempos de campaña y del imparable ascenso de Vox. Oficialmente aseguran no estar preocupados por ese crecimiento porque favorece al "bloque" de la derecha, pero no es ningún secreto que esta dinámica alarma desde hace tiempo a importantes dirigentes y barones del PP. El rechazo del PP a la propuesta migratoria del Gobierno choca con la postura de la Iglesia, que ha vuelto a dar su bendición, aunque el Gobierno también espera que la CEOE dé su aval al acuerdo.

Pero Feijóo no moverá un ápice su posición ni medirá la ofensiva que prevén desplegar a distintos niveles para torpedear la propuesta, aunque implique hacer equilibrios con la Conferencia Episcopal y con la patronal. Su intención es encabezar el rechazo a la legalización propuesta por el Gobierno y competir de tú a tú con Vox en un debate en que los de Abascal les llevan ventaja. En primera instancia, y según trasladan fuentes de Génova, Feijóo llevará en primera persona este asunto a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra este 30 y 31 de enero en Zagreb (Croacia).

El líder del PP conversará allí no sólo con primeros ministros como el alemán Friedrich Merz o el griego Kyriákos Mitsotákis, sino también con la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, con la que vuelven a existir tensiones por el acuerdo de Mercosur: como publicó El Confidencial, la delegación española del PPE amenaza ahora con descolgarse del pacto ante la presión del campo y la competencia electoral de Vox, que siempre se ha opuesto de forma frontal, y que incluso logró sacar adelante una votación en el Parlamento Europeo para enviar el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el rechazo de los eurodiputados españoles.

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En Génova creen que la presión europea puede, como mínimo, condicionar el acuerdo que el Gobierno de Sánchez firmó con Podemos esta misma semana. A su juicio, la regularización exprés —que se produce además en plena escalada de tensión política por la tragedia de Adamuz, con Puente y Sánchez en el foco mediático— puede vulnerar el pacto migratorio europeo. Desde la dirección del PP argumentan que los extranjeros que accedan al permiso promovido por el Gobierno podrán moverse por otros países de Europa, o al menos facilitar esa circulación.

Vox también ha abierto ya la vía comunitaria al solicitar una reunión con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, que pertenece a la familia europea de los populares. Los de Abascal, representados en Europa por Jorge Buxadé, han pedido a sus aliados en los gobiernos europeos a "intervenir en el seno del Consejo Europeo" ante una decisión que, pese a ser de competencia nacional, "tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen", en la misma línea del mensaje que trasladan los populares y que llevará Feijóo a Zagreb.

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Génova no se ha posicionado aún públicamente sobre la posibilidad de transitar la vía judicial, aunque es un extremo que no descartan en absoluto en la dirección del PP. "Analizaremos el texto con mucho espíritu crítico", afirman. A Vox le ha temblado menos el pulso. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ya anunció este mismo martes que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo.

La medida se vehiculizará a través de un real decreto ordinario que no tiene por qué pasar por el Parlamento, donde no contaría con apoyos suficientes ante el previsible rechazo de PP, Vox y Junts. El acuerdo con Podemos implica además una nueva vía de oxígeno para el Gobierno, ya que puede permitir al Gobierno desbloquear la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, que había quedado paralizada en el Congreso por el veto de los morados. Se trata de un compromiso pendiente con Junts que podría suavizar la ruptura exhibida por los de Puigdemont meses atrás.

El PP respaldó tramitar la ILP

El PP asume desde hace tiempo que la inmigración es uno de los terrenos más difíciles en los que competir con Vox. Algunas fuentes admiten que es imposible incluso 'ganar' a Abascal en esta cuestión. Es un nicho en el que el partido ultraconservador parece no tener techo. Pero también creen que es un debate clave en el que hay que tener presencia, aunque ello implique enfrentarse a la Iglesia. De hecho, ya lo hicieron cuando el PP comenzó a endurecer su discurso migratorio, no sólo por la pugna electoral con Vox, sino para acompasar su posición al de las derechas europeas e incluso partidos socialdemócratas, que han girado hacia políticas migratorias más restrictivas.

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Vox lleva cierta ventaja discursiva al PP en el rechazo a la regularización propuesta por Sánchez —González, Aznar y Zapatero también llevaron a cabo iniciativas similares en sus respectivos mandatos—, a la que podrán acogerse personas en situación irregular que acrediten residir en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales importantes. Porque en abril de 2024, el partido de Abascal fue el único que votó en contra de admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes, y que estuvo promovida por organizaciones como Cáritas.

El PP votó a favor de la tramitación —presionados en parte por algunos sectores eclesiásticos— y Vox ya se ha encargado de recordar públicamente lo que para ellos es una incoherencia en el discurso de Génova. Los populares recuerdan, no obstante, que sólo se posicionaron en el 'sí' para que se produjese ese debate, pero no darían su aval a la iniciativa si el PSOE no incorporaba sus enmiendas, en las que pedían que la regularización se llevase a cabo de forma individualizada, "caso a caso". Y exigían también como condición que cada solicitante estuviese "ligado al mercado de trabajo" y sin procedimientos penales en curso.