Una jueza que empieza, un caso por homicidio imprudente: el futuro judicial del accidente

La investigación judicial sobre el accidente de tren de Adamuz apenas ha dado sus primeros pasos y ya es evidente que será compleja, larga y estará marcada por la constante atención pública y mediática. En una situación con paralelismos a la instrucción por la Dana, el proceso ha recaído en un pequeño juzgado de una localidad también pequeña, Montoro (Córdoba). El peso de la investigación será asumido por una jueza recién salida de la Escuela que se incorporará a su primer destino en las próximas semanas con el reto de conducir unas diligencias que afectan a decenas de víctimas y que tendrán que arrojar luz sobre si lo sucedido responde a una negligencia.

De momento, Cristina Pastor aún no ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro. El Boletín Oficial del Estado oficializó hace apenas cuatro días su designación por parte del Consejo General del Poder Judicial. Hasta la incorporación, se ocupará de las diligencias María del Carmen Troyano, con plaza en funciones, y que se ha ocupado de los primeros compases centrados en el levantamiento de cadáveres y los atestados iniciales de la Guardia Civil.

Pastor pertenece a la 74ª Promoción, que estudió en el curso 2024-2025, y ha estado desarrollando hasta el momento labores como jueza sustituta en distintos lugares. Cuando asuma sus nuevas funciones, se encontrará con varias denuncias ya presentadas que -de momento- aguardan a su decisión sobre la admisión a trámite y con un primer atestado de la Guardia Civil con los hallazgos de las primeras horas de las pesquisas del Instituto Armado.

Pero sobre todo abordará un proceso centrado en las causas del accidente. De estas dependerá la calificación que se dé a los hechos. En el caso de que se acabe demostrando que hubo alguna negligencia en el origen del accidente, aquellos considerados responsables se enfrentarán a la comisión de 45 delitos de homicidio imprudente, cada uno de ellos penado con hasta cuatro años de prisión.

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El escenario se puede complicar aún más, ya que las penas se incrementan en función de dos agravantes introducidos en 2019. "El juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas (...) y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado", indica el Código Penal.

En su informe preliminar, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que la causa más probable fue una rotura del carril derecho de la vía que provocó el descarrilamiento de los últimos tres vagones del Iryo. Los técnicos han hallado muescas en la banda de rodadura de las ruedas de los trenes que son compatibles "con un impacto con la cabeza del raíl".

Refuerzo

Tanto el Juzgado como la Fiscalía contarán con ayuda. El CGPJ ya ha anunciado que tramitará con la mayor celeridad los refuerzos que se soliciten. De momento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz ha informado de que, con carácter inminente, estos consistirán en un juez de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y varios funcionarios. Es posible que tengan que ampliarse. También la Fiscalía se prepara. Como anunció el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha designado a tres fiscales para que se ocupen de la investigación.

Hasta ahora, distintas acusaciones populares ya presentes en otros procedimientos, al menos siete -entre ellas Liberum que fue la primera y Vox- han reclamado personarse en las actuaciones y una decena de afectados han presentado ya denuncias. El que mejor lo ha explicado fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. "Será muy problemático", "hay muchos intereses en juego", ha asegurado en estos días en distintas declaraciones.