La regularización de extranjeros abre una vía para aprobar el traspaso de la inmigración pactado con Junts

El acuerdo para la legalización de extranjeros sin papeles, alcanzado por el PSOE y Podemos, que este martes aprueba el Consejo de Ministros, abre una vía para desbloquear la cesión de la de inmigración a Cataluña, varada en el Congreso por el veto de los morados. Un compromiso pendiente con Junts y que fue uno de los argumentos de Carlos Puigdemont para romper con Pedro Sánchez y mantener la legislatura en punto muerto. Ahora hay opciones reales de que pueda salir adelante y propiciar así un acercamiento del Gobierno con los posconvergentes.

En septiembre pasado el rechazo de Podemos hizo caer la proposición de ley que delegaba en la Generalitat estas competencias. Hasta última hora hubo conversaciones para salvarla. Ione Belarra exigía el respaldo previo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que perseguía regularizar a 500.000 inmigrantes. Llegó incluso a tratarlo con Míriam Nogueras, pero Junts reclamaba que ese mismo día apoyaran la tramitación de su proyecto y luego ya se sentarían a negociar.

Las críticas de los morados contra la iniciativa de los posconvergentes han sido siempre furibundas y las relaciones entre los dos partidos estaban muy deterioradas. Aunque Podemos no vetaba estrictamente la decisión de ceder las competencias, sino el tono "xenófobo" utilizado por los de Carles Puigdemont para defender la medida. Y, por eso, si se atendían sus peticiones, se mostraron abiertos a respaldarla.

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"Se lo decimos abiertamente al PSOE, a Junts y al resto de partidos que votaron a favor: es muy sencillo, que el Gobierno apruebe una regularización extraordinaria de inmediato y que eliminen los elementos racistas de esa proposición de ley". "Si se acomete la regularización y se eliminan las partes racistas del preámbulo, podrán contar con los votos de Podemos", dijo en su día el portavoz morado, Pablo Fernández.

Una de esas condiciones ya es una realidad y ahora, según fuentes al tanto de estas negociaciones, "solo hace falta seguir la línea de puntos". Podemos ha logrado lo que pedía y eso facilita que se avenga a dar el sí al proyecto de ley, redactado entre Junts y el PSOE. La propia Belarra abrió anoche la puerta en una entrevista en la Ser. "Siempre hemos estado abiertas a esa delegación de competencias, pero sin racismo, y primero tenían que ser derechos, no podía ser que lo primero en la agenda migratoria fuera delegar competencias a Cataluña con sesgo racista, mientras que la regularización estaba metida en el cajón, precisamente por la inacción del Gobierno".

La eurodiputada, Irene Montero, explicó este lunes que tendrán papeles "todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia". Y podrán hacerlo con el empadronamiento, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.

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La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

El Consejo de Ministros aprueba la regularización por real decreto, lo que esquiva la convalidación del Congreso. Esto permite a Junts, en plena competencia con el partido independentista de ultraderecha, Aliança Catalana, no tener que posicionarse. De mediar una votación, en sus posiciones actuales sería muy complicado que la apoyaran. El partido de Silvia Orriols crece en muchos municipios catalanes, precisamente, con un marcado discurso antiinmigración, en la línea de Vox. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, en noviembre pasado, apuntaba a un empate entre Junts y Aliança Catalana en el tercer puesto, con entre 19 y 20 escaños cada uno.

Para que los de Puigdemont logren ahora la ansiada aprobación de las competencias de inmigración sólo resta pulir el preámbulo de algunas manifestaciones que Podemos considera "racistas". En este trabajo los morados también quieren que se involucre el PSOE.

El hecho de no haber podido sacar adelante esta cesión de atribuciones a la Generalitat ha sido una de las razones esgrimidas por Junts para romper relaciones con el Ejecutivo. Aunque ahora pueda desbloquearse, quedan otros asuntos pendientes. La previsión es que los posconvergentes, en pleno caos ferroviario en Cataluña, tumben hoy el real decreto ley de revalorización de las pensiones, lo que pondrá de nuevo en evidencia que el Gobierno no dispone en estos momentos de mayoría parlamentaria.