El novio de Ayuso recurre la vuelta a la carrera fiscal de Álvaro García Ortiz

El empresario Alberto González Amador ha abierto fuego contra la permanencia del exfiscal general de Estado Álvaro García Ortiz en la carrera fiscal. Su defensa ha recurrido ante la Fiscalía General del Estado el decreto por el que su sucesora, Teresa Peramato, acordó en reingreso a pesar de la condena por inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por revelación de secretos.

A través de un decreto y siguiendo el criterio previo de la Inspección Fiscal, Peramato consideró que no existían motivos para expulsarle de forma definitiva de su ejercicio como fiscal. En aplicación literal de las normas que regulan el funcionamiento del Ministerio Público, la pena firme de inhabilitación por revelación de datos reservados impuesta por el TS amenazaba con ir más allá del solo efecto sobre el cargo de jefe de la Fiscalía durante el tiempo estipulado, dos años, para extenderse al ejercicio completo de la función de fiscal de forma permanente.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla en su artículo 46 las causas de pérdida de la condición de fiscal, que incluyen no solo la renuncia, pérdida de nacionalidad, sanción disciplinaria de separación y el haber incurrido en causas de incapacidad o incompatibilidad, sino también la existencia de una condena de inhabilitación para cargos públicos. Se establecen con ellas los motivos por los que un fiscal deja de serlo y no puede volver a ejercer.

Por otro lado, el Reglamento de la Fiscalía, en su artículo 32.4 especifica como causa de pérdida de la condición que se haya impuesto una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso. Solo en aquellos casos en los que la condena sea inferior a los seis meses, la persona titular de la Fiscalía General del Estado tiene la opción de sustituir la expulsión por una sanción de suspensión. En el caso de García Ortiz, ese límite temporal no se cumple.

Que se declare la incapacidad

El escrito del novio de Isabel Díaz Ayuso, al que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda ahora ambas previsiones y subraya que -pese a ser parte interesada- la nueva fiscal general no le ha dado trámite de audiencia antes de suscribir el decreto que consagra su vuelta a la carrera. Como ha adelantado El Mundo, exige "la anulación" de la decisión y el dictado de una resolución "que declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de Fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público".

Defiende que la interpretación literal, sistemática e histórica de las normas mencionadas implica su expulsión y agrega que la jurisdicción contencioso-administrativa "nunca se ha pronunciado ni existe jurisprudencia" sobre excepciones como las que sostiene el decreto en el que se asegura que la causa de inhabilidad no se refiere en exclusiva a delitos dolosos, sino a condenas de penas privativas de libertad por delitos dolosos.