Corrupción, enchufismo y mala gestión: Ministerio de Transportes, la zona cero del sanchismo

El accidente de Adamuz ha vuelto a situar al Ministerio de Transportes en el centro de la conversación pública y ha permitido visualizar a ese departamento como la zona cero de los peores vicios del proyecto político de Pedro Sánchez: corrupción, enchufismo y, al final, mala gestión. A la espera de las conclusiones que arroje la investigación de la tragedia, Adamuz es el corolario a un clamor creciente: en un país que hace nueve meses sufrió un apagón, los servicios públicos en España cada vez funcionan peor, con especial atención a un sector que hasta hace poco era motivo de orgullo nacional. Sin embargo, y según los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), entre 2018 y 2024 los datos de descarrilamientos han crecido al menos un 175% y los incidentes ferroviarios un 142%.

En términos de Gobierno, todo empezó cinco días después de la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando Sánchez anunció la composición de su primer gabinete: en contra de lo que entonces dictaba la lógica política, José Luis Ábalos no sólo no sería portavoz del Gobierno, ni ocuparía uno de los llamados ministerios de Estado (Defensa, Interior, Justicia, Exteriores…), sino que asumiría la cartera de Fomento. Lo haría, además, siendo el secretario de Organización del PSOE, dos cargos que nadie había compatibilizado antes, lo que suponía una enorme acumulación de poder económico y territorial, un enlace arriesgado entre el Gobierno y el partido.

Siete años y medio y tres ministros después, ese ministerio representa como ningún otro el desgaste del proyecto político del séptimo presidente de la democracia, que en la primera semana ha decidido dejar la gestión de la crisis en manos de la habilidad política y comunicativa del actual ministro, Óscar Puente. En sus primeras comparecencias públicas, el titular de Transportes ha decidido aparcar momentáneamente su perfil de polemista en redes sociales para tratar de mostarse accesible y moderado.

En aquella primera rueda de prensa en La Moncloa, Sánchez leyó la lista de 17 ministros y pronunció un discurso que aplicado a Fomento —Transportes desde enero de 2020— no ha envejecido bien: "Todas ellas y todos ellos atesoran una acreditada preparación, la garantía de la experiencia contrastada y una inquebrantable vocación de servicio público". Es más, apuntó que sus ministros "son plenamente conscientes de las exigencias democráticas, de ejemplaridad pública y dedicación". En estos casi 2.800 días el ministerio ha tenido al mando a tres perfiles muy distintos: el propio Ábalos (hasta julio de 2021), Raquel Sánchez (hasta noviembre de 2023) y, ahora, Puente. El primero y el último fueron dos de sus principales apoyos en su vuelta al poder en el PSOE en el año 2017, como revela que en el 39 congreso federal del PSOE eran quienes arropaban al reelegido secretario general junto a Cristina Narbona y Adriana Lastra.

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En conversación con El Confidencial, altos funcionarios del Ministerio establecen diferencias entre las tres etapas como consecuencia de los distintos perfiles de los ministros, sobre la base de que se trata de un departamento "que funciona con alta inercia". "Ábalos vivía ajeno a la ingeniería y tenía muy poca intervención técnica, desde el principio estaba en otra cosa, mucho más interesado en temas políticos; Sánchez mostró una baja implicación en las grandes líneas del ministerio y mucho interés en participar en la vida social; y Puente cuenta con perfil de gestor, es trabajador y tiene conocimiento operativo, pero su figura está muy marcada por la constante búsqueda de la confrontación política, lo que dificulta enormemente la gestión territorial en un momento en el que el PP gobierna en trece comunidades autónomas y 30 de las 50 grandes ciudades de España".

Hay otro elemento relevante que se extiende a la acción del Gobierno y que también afecta a Fomento/Transportes: la influencia del PSC en un contexto en el que los socialistas catalanes son el principal apoyo de Sánchez en términos de partido, lo que ha propiciado un desembarco relevante de apellidos catalanes en Madrid. Si el caso más claro fue el nombramiento de Raquel Sánchez como ministra, el más longevo es el de Maurici Lucena como presidente de AENA. Ajeno a los escándalos de corrupción y amiguismo, Lucena es uno de los más significativos altos cargos entre quienes se mantienen en el puesto desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Con Koldo empezó todo

En términos de opinión pública, la primera señal de que algo no iba bien en ese ministerio llegó en julio de 2021, cuando Sánchez destituyó misteriosamente a Ábalos en una profunda e inesperada crisis de Gobierno. Con el tiempo se supo que desde el principio Ábalos introdujo en el ministerio la corrupción y el amiguismo. Durante sus tres años como ministro (2018-2021), siempre contó con el asesoramiento de Koldo García, el conductor del Peugeot en el que Sánchez había iniciado la recuperación del poder en Ferraz. Pese a su nula formación técnica, desde 2019 fue consejero de Renfe y de Puertos del Estado.

En el Congreso, Ábalos destacó como argumento su "experiencia en seguridad" porque había sido escolta en el País Vasco y portero de discoteca. Es más, en su libro Manual de resistencia, publicado ese mismo año, Sánchez reconoció el papel del chófer/consejero en la custodia de los avales que le llevaron a ganar a Susana Díaz las primarias para la Secretaría General del PSOE. Desde el principio, García empezó a ejercer su poder de influencia ejerciendo como una especie de extensión del ministro/secretario de Organización.

Como se puede ver en este organigrama, el ministerio cuenta con una única Secretaría de Estado, denominada de Transportes y Movilidad Sostenible, de la que dependen tres secretarías generales: Terrestre, Aérea y marítima y Movilidad sostenible. Además, dependen hasta siete empresas públicas: Adif, Enaire, Aena, Ineco, Puertos del Estado, Secegsa y Renfe Operadora. Todavía en ese mes de junio de 2018, Ábalos propuso al Consejo de Ministros el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif, una persona clave para entender el funcionamiento del ministerio en la era Ábalos/Raquel Sánchez.

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Los primeros movimientos de la trama Koldo de los que se tiene constancia llegaron en diciembre de 2018: García y el empresario Víctor de Aldama viajaron juntos a Oaxaca (México), donde según la investigación policial, mantuvieron reuniones importantes para la trama. No había tiempo que perder. Ya en septiembre de 2019 aparecieron los enchufes sospechosos: Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, es contratada en una de las empresas públicas dependientes de Transportes, Ineco, y al parecer sin proceso selectivo aparente y sin una adjudicación de funciones reales. Cobró 34.477 euros hasta febrero de 2021. Pardo de Vera, como presidenta de Adif, habría mediado en esta contratación irregular, según la persona contratada admite en los audios intervenidos: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí". Este modus operandi, o similar, se repitió con otras "amigas" de Ábalos, como Claudia Montes, Andrea de la Torre o Nicole Neasccu, tanto en Ineco como en Tragsatec.

En 2020 llegó la pandemia, y lejos de convertirse en un problema para la trama por el parón en la actividad económica, se convirtió en una oportunidad. En marzo, Puertos del Estado (también dependiente de Transportes) adjudicó 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, empresa de la trama Koldo, por la compra de mascarillas que a la postre se demostraron defectuosas. También Adif aprobó adjudicaciones a esa compañía, en este caso por valor de 12,5 millones a esa empresa. El juicio por el presunto cobro de comisiones en contratos por valor de 53 millones de euros se celebrará esta primavera de 2026 en el que será el primer procedimiento con el primer ministro de Transportes de Sánchez como acusado.

2021-2022: Amaños de contratos

En julio de 2021, Ábalos deja el ministerio, aunque Sánchez lo mantiene como diputado. Con la llegada de Raquel Sánchez, Koldo cesa en Renfe y Puertos del Estado y Pardo de Vera asciende a secretaria de Estado de Transportes. Unos meses antes, en febrero, Jéssica Rodríguez pasó de Ineco a Tragsatec (Grupo Tragsa, dependiente de Agricultura pero con vínculos con Transportes).

Ya en 2022, empiezan a trascender los escándalos en Adif, que salpican al entonces director general de Conservación y Mantenimiento, Ángel Contreras. Supuestamente se firmaron informes manipulados para contratos de 20,4 y 28 millones de euros de fondos europeos. Conversaciones intervenidas por la investigación lo vinculan a Koldo: "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos". En ese momento se lleva a cabo una obra clave: la mejora de infraestructura en Guadalmez-Córdoba (61,25 millones, firmada por Contreras y Juan Pablo Villanueva, persona de confianza de Pardo de Vera), que incluye el tramo de Adamuz.

En este contexto se produce otro escándalo que revela mala gestión. La "chapuza ferroviaria del siglo" provocó que 31 trenes fabricados para la red de Cercanías de Asturias (10) y Cantabria (21) no entraran por los túneles. El caso, que se acabó colando en la campaña de las elecciones autonómicas en ambas comunidades (28 de mayo), provocó la dimisión de Pardo de Vera y del presidente de Renfe, Isaías Taboas, que fueron sustituidos por David Lucas y Raül Blanco respectivamente.

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Óscar Puente llega al Gobierno tras la última investidura de Pedro Sánchez, fruto del polémico acuerdo con Junts que dio lugar a la aprobación de la amnistía. Puente no es un advenedizo del sanchismo: en la campaña electoral de las primarias, y siendo aún alcalde de Valladolid, fue uno de los puntales de la candidatura. Tan es así que cuando recuperó el control de Ferraz, Sánchez lo nombró portavoz de su ejecutiva. Sin embargo, tan sólo ofreció una rueda de prensa, pues en aquel momento al líder del PSOE no le interesaba el carácter impetuoso e imprevisible de su correligionario. Otra cosa es en 2023, cuando Sánchez no sólo lo nombra ministro sino que le encarga responder a Alberto Núñez Feijóo cuando éste pidió el apoyo al Congreso para ser investido presidente. Puente fue implacable contra el presidente del PP.

En enero, el nuevo ministro nombra a Contreras presidente de Adif, pese a las sospechas. Y en febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detiene a Koldo y a Aldama. En marzo es imputado y posteriormente destituido Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, y en julio son imputados, y destituidos un mes después, Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes y Michaux Miranda, jefe de Personal de Adif. También cae Contreras tras revelarse manipulaciones en contratos de 28 millones, y en noviembre Ábalos es imputado por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal después del análisis de 169 dispositivos. El escándalo no para de crecer: Los investigadores hallan hasta cuatro licitaciones de Adif por 123 millones con instrucciones de Koldo García a Pardo de Vera.

Se empieza a cerrar el círculo

Gracias a las investigaciones policiales y judiciales todo empieza a encajar en 2025. En junio dimite el sustituto de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras ser implicado en el centro de la trama surgida entre el partido y el Gobierno: supuestas mordidas en obras por 637 millones adjudicados irregularmente, incluyendo Adif. Pardo de Vera es imputada por malversación y tráfico de influencias por los enchufes de Jéssica Rodríguez, que declara y confirma que cobró sin trabajar.

En lo relativo a las tramas de corrupción, el círculo se cierra en junio, con los registros en domicilios de Pardo de Vera y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras y muy especialmente, en noviembre con el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo.

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En todo este contexto de nombramientos, sustituciones, destituciones, imputaciones, registros, grabaciones e ingresos en prisión se produce en paralelo con un aumento de los casos de descarrilamientos y de incidencias en los trenes. En términos de opinión pública la sensación de caos ferroviario acaba de cuajar el pasado 30 de junio, cuando miles de usuarios de AVE se quedaron atrapados entre Andalucía y Madrid. Ese día, España entera empezó a percibir que el sistema ferroviario pasaba de ser la joya de la corona a la prueba de que los servicios públicos no funcionan. Además, el pasado verano el caos del AVE se trasladó a la T4 de Barajas con cientos de personas atrapadas en el control de pasaportes.

Y en este caldo de cultivo, llega el accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo. Mientras el Gobierno trata de dar explicaciones, el debate se centra en el estado de la infraestructura y los expertos apuntan a la reutilización de materiales absorbentes de vibraciones como factor clave. A la espera de las conclusiones de la investigación, el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso y, sin duda, tendrá que responder por la corrupción, el amiguismo y la sospecha razonable que ambas son la antesala de los malos resultados en la gestión. El Ministerio que han gestionado dos de las personas que contribuyeron decisivamente a llevarle al poder: José Luis Ábalos y Óscar Puente. El primero está en prisión y el segundo está tratando de gestionar una crisis que se lo llevará por delante si existe una sola prueba de que ese ministerio ha tenido la más mínima responsabilidad. Corrupción, enchufismo y mala gestión.