La Fiscalía archiva la investigación sobre Julio Iglesias por falta de jurisdicción de España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias preprocesales que mantenía abiertas tras la denuncia de dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias que le atribuían agresiones sexuales. Tras examinar los hechos, la fiscal Marta Durántez considera que no existe jurisdicción de España para investigar. "No concurre territorialidad ni concurren los requisitos del principio de personalidad activa ni se da ninguna de las conexiones materiales exigidas", dice.

En el decreto en el que da carpetazo a estas pesquisas iniciales, la fiscal recuerda que la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que las personas denunciadas, ni residen en España ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad, "con independencia de que Julio Iglesias tenga aquí propiedades inmobiliarias".

El escrito precisa que las dos denunciantes se han ratificado en su declaración, prestada bajo protección, en esos extremos, y también han precisado que no viajaron con el denunciado en algún momento a España, "careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país". Tampoco consta que ninguno de los denunciados se encuentre actualmente en territorio español ni que haya sido objeto de una solicitud de extradición cuya denegación activaría la jurisdicción ni existe constancia de que las autoridades de los países donde se habrían cometido los hechos "hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo".

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Beatriz Parera

La fiscal apela a la jurisprudencia del Supremo que insiste en que la jurisdicción universal se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España y cita sentencias en las que se recuerda que no corresponde a España "investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello".

El propio Julio Iglesias había pedido hace unos días en un escrito que se archivaran los hechos, precisamente por falta de jurisdicción de España. Posteriormente, el cantante hizo públicos en Instagram diversos mensajes de las dos empleadas en los que le felicitaban su cumpleaños o las Navidades y le insistían en que le querían mucho. Desvelaba en esos pantallazos la identidad de ambas denunciantes.

Una querella en solitario

Con la decisión, se pone punto y final a la posibilidad de que el Ministerio Público apoye con una querella la apertura de una instrucción sobre la denuncia, aunque la organización que asesora a las dos presuntas víctimas ya anticipó que no descarta otros escenarios.

Las antiguas trabajadoras pueden ahora decidir presentar querella en solitario. Si la Audiencia Nacional rechazara la competencia, no descartan acudir a otros organismos internacionales. Lo que describían ambas en la denuncia es una situación de sometimiento que llegaba a rozar "la esclavitud" y en el marco de la cual sufrieron agresiones sexuales expresas, incluyendo penetraciones.

Los actos abusivos que describen se acompañaban de insultos y humillaciones durante su jornada laboral y de un ambiente de control continuo. Se les exigía, por ejemplo, que mostraran el contenido de sus teléfonos e incluso se les prohibía abandonar la residencia. También se les obligaba a someterse a exámenes médicos y ginecológicos, según la investigación de ElDiario.es y Univisión.

Las abogadas anuncian más acciones legales

Por su parte, las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias, consideran "lamentable" la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación y anuncian que las dos mujeres "seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles".

Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es "lamentable" porque "pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia". Así, opinan que "no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes".

"La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias", han compartido en un comunicado conjunto.

Women's Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul "obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio".