El Gobierno baja un 30% desde 2019 el gasto por pasajero en mantener la infraestructura del AVE
Mientras que el número de usuarios de alta velocidad ha crecido un 69%, las inversiones en reparación y conservación del entramado ferroviario apenas ha aumentado un 18,3%
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en Adamuz. (Pedro Pascual)
Una infraestructura sometida cada vez a mayor estrés y un gasto en mantenimiento insuficiente. Ni siquiera la lluvia de billetes que han supuesto los fondos europeos ha permitido que el Gobierno mantenga una inversión en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad adecuada al aumento de pasajeros. La mala noticia es que 2026 es el último año que España dispondrá de esta inyección económica, y el Ejecutivo deberá utilizar sus propios fondos para acometer todas las inversiones necesarias. Incluso con el empujón europeo, Adif ha reducido un 30% desde 2019 el gasto por viajero en reparación y conservación de las infraestructuras.
Así se desprende al cotejar las cuentas anuales de Adif-AV y los informes del sector ferroviario de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). El gasto por viajero en concepto de mantenimiento en la red de alta velocidad ha pasado de 12,9 euros en 2019 (último año antes de la pandemia de covid) a 9 euros en 2024. Lo que refleja una caída de casi cuatro euros por pasajero en conservación de las infraestructuras, un 30,2% menos de inversión.
En 2019, la compañía pública destinó 402,2 millones en 'reparaciones y conservación', cifra que aumentó en algo más de 70 millones en 2024, hasta alcanzar los 476 millones. Este incremento no evoluciona de manera proporcional al crecimiento exponencial que se observa en el número de pasajeros, lo que provoca que el gasto por viajero sea cada vez menor.
En 2019, la alta velocidad registró un total de 31,2 millones de usuarios en media y larga distancia. Esta cifra, que ya se superó en 2022, ha alcanzado los 52,9 millones en 2024. En consecuencia, mientras que el número de usuarios de alta velocidad ha crecido un 69%, las inversiones en reparación y conservación del entramado ferroviario apenas han aumentado un 18,3%.
Una desproporción de la que los maquinistas llevan tiempo advirtiendo, y que está teniendo un notorio efecto desgaste en las vías de tren de nuestro país. Tras la caída en la cifra de viajeros de alta velocidad que supuso la pandemia en 2020, cuando se registraron solo 11 millones de usuarios, el número de españoles que utiliza el tren no ha dejado de crecer. En 2021, se registraron 18 millones, que pasaron a ser 32,2 millones en 2022, y alcanzando cifras récord en 2023 y 2024 con 45 y 52,9 millones de viajeros, respectivamente.
En cambio, el gasto por pasajero, salvo la excepción que supone la pandemia por las restricciones de movilidad aprobadas por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus, no ha dejado de descender. En 2021 fue de 23 euros por usuario; en 2022 cayó hasta los 13,3 euros y en 2023 se situó en niveles inferiores a 2019, con 9,8 euros de inversión por viajero. El último escalón se ha bajado en 2024, con un gasto de 9 euros por viajero, como se ha señalado.
El aumento en el número de usuarios del ferrocarril estos últimos años se explica, como apunta la CNMC, por la liberalización de los servicios comerciales de viajeros, con la entrada de nuevos operadores como Iryo, y las políticas de subvenciones del Gobierno. En este último grupo destacan iniciativas como Verano Joven. El plan de Óscar Puente para conceder descuentos en billetes de tren a viajeros de entre 18 y 30 años. Un plan que tuvo un coste de 120 millones de euros.
Esta mayor presión sobre la infraestructura ferroviaria no ha ido acompañada de unas inversiones proporcionales. De hecho, el Gobierno ha gastado un 35% menos de lo previsto en Adif, un hecho del que es responsable en gran medida la incapacidad de Pedro Sánchez de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el convenio firmado entre Adif y el Gobierno se comprometía un gasto en inversiones de 3.476 millones de euros entre 2021 y 2024, pero el gasto real ha sido de 2.305 millones, el 66,3% de lo prometido, tal y como certifica la Comisión de Seguimiento del Convenio.
El fatal accidente ferroviario de Adamuz, que se ha saldado con más de 40 víctimas mortales, ha puesto de manifiesto los problemas de la red de alta velocidad, una de las joyas de la corona de nuestro país. El Gobierno ha decidido desde entonces limitar la velocidad en diversos tramos, entre ellos el de Madrid-Barcelona, que se ha fijado en muchos puntos en 160 kilómetros por hora, pese a que hace pocos meses el ministro Puente proponía subir la velocidad a 350 km/h.
Los maquinistas llevan meses alertando del estado deficiente de las vías, y tras los últimos acontecimientos tanto en Adamuz como en el Rodalies de Barcelona han convocado una huelga nacional. El Sindicato Ferroviario alerta en un comunicado que "la actual situación de deterioro del servicio ferroviario, desde todos los puntos de vista, está suponiendo no solo graves perjuicios para la ciudadanía, sino que ha llegado al punto de poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas trabajadoras y de las personas usuarias".
"Todo ello después de muchos años de aplicación de políticas nefastas que han llevado al ferrocarril a un punto insoportable que en los últimos días ha tenido dramáticas consecuencias", añaden, al tiempo que solicitan al Gobierno la elaboración de un Plan de Recuperación del Mantenimiento de la Infraestructura y de los Vehículos. Hace solo un año y medio, Óscar Puente manifestaba que el "tren vive en España el mejor momento de su historia".
Una infraestructura sometida cada vez a mayor estrés y un gasto en mantenimiento insuficiente. Ni siquiera la lluvia de billetes que han supuesto los fondos europeos ha permitido que el Gobierno mantenga una inversión en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad adecuada al aumento de pasajeros. La mala noticia es que 2026 es el último año que España dispondrá de esta inyección económica, y el Ejecutivo deberá utilizar sus propios fondos para acometer todas las inversiones necesarias. Incluso con el empujón europeo, Adif ha reducido un 30% desde 2019 el gasto por viajero en reparación y conservación de las infraestructuras.