El Gobierno aviva su pulso con Santander por La Magdalena e inicia su declaración como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno central engrasa sus iniciativas vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. Esta vez, el pulso lo echa con el Ayuntamiento de Santander, encabezado por la popular Gema Igual, a cuenta del Palacio de la Magdalena. Este símbolo de la ciudad, que ha recibido en el último año unos 43.000 turistas, está en el punto de mira tanto del Ayuntamiento, titular del inmueble, como del Ejecutivo autonómico y central. ¿El motivo? La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar el edificio como Lugar de Memoria Democrática frente al rechazo rotundo de la alcaldesa y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP). Esta semana, y tras ignorar las alegaciones que presentó el Gobierno municipal en noviembre, cuando se anunció por primera vez la iniciativa, el Ministerio de Política Territorial ha publicado en el BOE el siguiente paso para su reconocimiento.

"Santander tiene un compromiso absoluto para luchar contra este atropello del Gobierno central a la ciudad y a los santanderinos", esgrimió en noviembre la alcaldesa de Santander. El Ministerio defendió entonces que el Palacio de La Magdalena fue uno de los primeros campos de concentración de España durante el régimen franquista. Concretamente, funcionó entre noviembre de 1937 y agosto de 1939 y los prisioneros vivieron en Las Caballerizas del Palacio.

Ahora, el Gobierno de Sánchez acaba de abrir un período de información pública por un plazo de 20 días para que la ciudadanía pueda acceder al expediente y alegar "lo que estimen conveniente". El Ayuntamiento, por su parte, explica a este medio que "no han recibido respuesta" sobre las alegaciones presentadas hace dos meses cuando el Ejecutivo abrió el plazo exclusivo para el titular del edificio. El Gobierno local, del mismo modo que el cántabro, mantiene su posición de rechazo "absoluto" a la iniciativa.

El Ministerio explica que allí "se cometieron crímenes de lesa humanidad" por lo que "constituye un ejemplo de los espacios utilizados por el régimen franquista para la represión y el internamiento de la población considerada enemiga". Aunque su capacidad máxima era de 600 prisioneros, llegó a albergar más de 1.600 y sirvió como ejemplo para los campos que se construyeron posteriormente, según detalla el departamento de Ángel Víctor Torres.

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El Consistorio respondió rápidamente cuando el Gobierno presentó la propuesta por primera vez y presentó varias alegaciones: denunció la falta de motivación en el expediente, la posible afección del edificio como Bien de Interés Cultural y criticó que el Estado incurrió en un error en la identificación del bien. "El espacio que albergó un campo de prisioneros estuvo situado en Las Caballerizas, que es un lugar distinto y distante del Palacio", señalan desde el Ayuntamiento para exigir el archivo de la resolución de declaración como lugar de memoria democrática. Gema Igual tildó de "esperpento y zozobra" la situación.

"La memoria democrática debe orientarse a la reconciliación, al conocimiento riguroso de los hechos y al respeto a la verdad histórica, no a la reinterpretación política del patrimonio", explicó el Ayuntamiento. Sus servicios jurídicos consideraron "improcedente" la declaración por "la ausencia de vinculación histórica con los hechos referidos" y, por consecuencia, "vulnerar la ley".

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También el Parlamento de Cantabria aprobó a principios de diciembre una Proposición No de Ley para rechazar la iniciativa del Ministerio de Política Territorial. "Se va a cometer una enorme injusticia con la Historia y, también, con muchas familias de víctimas de la violencia política en la etapa de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la Dictadura", expuso el portavoz popular, Íñigo Fernández.

El Ayuntamiento de Santander no es la primera administración que mantiene un pulso con el Ejecutivo de Sánchez por esta cuestión. El año pasado, la Comunidad de Madrid llevó al Tribunal Constitucional la iniciativa del Ministerio para declarar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, como Lugar de Memoria Democrática. Según defendió la administración liderada por Isabel Díaz Ayuso, la decisión vulnera las competencias exclusivas de la región y no cumple los requisitos exigidos por la legislación. En octubre, el Gobierno central decidió, de forma unilateral, otorgarle la distinción al edificio con la negativa de la Comunidad. El Constitucional todavía no ha emitido su resolución y ahora la polémica se centra en la instalación de una placa en el inmueble, también catalogado como Bien de Interés Cultural.