Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000€ a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar

Acciona ha admitido a la Agencia Tributaria que pagó 677.000 euros a la empresa de Santos Cerdán en hasta 48 facturas distintas por trabajos que no puede acreditar. La compañía de la familia Entrecanales también ha reconocido que tiene "dudas fundadas sobre la autenticidad" de los propios documentos de pago. Las facturas fueron emitidas entre 2021 y 2024 por Servinabar 2000 SL, la constructora que presuntamente utilizó el exsecretario de Organización del PSOE para canalizar el cobro de comisiones ilegales.

La información sale de unas autoliquidaciones complementarias de los impuestos de Sociedades e IVA que presentó Acciona el pasado 18 de diciembre para regularizar sus declaraciones de los ejercicios 2021-2024. En unos escritos titulados "Regularización de la prestación de unos servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental (contratos)", la compañía confiesa que se contabilizó facturas de Servinabar 2000 SL que no son "no deducibles" por corresponder a servicios que nunca llegaron a prestarse.

En conjunto, Acciona pide a la Delegación de Grandes Contribuyentes de Hacienda que elimine de sus declaraciones 48 facturas abonadas a la constructora de Santos Cerdán y que estarían vinculadas con las adjudicaciones de obra pública que investigan el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. De las facturas, 7 corresponden a 2021; 11 a 2022; 14 a 2023 y 16 a 2024. El montante total de los pagos realizados por la cotizada a Servinabar 2000 SL de forma presuntamente irregular asciende a 677.584 euros.

La empresa, después de haber sido consultada por este periódico, asegura que este movimiento no supone un reconocimiento definitivo de que esos trabajos no se prestasen. Afirma que fue la propia empresa la que puso en conocimiento de esta situación a la Agencia Tributaria atendiendo a que son hechos que precisamente se encuentran bajo investigación del Tribunal Supremo.

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La confesión de Acciona apuntala el papel instrumental de Servinabar 2000 SL en el presunto cobro de sobornos por el amaño de contratos públicas y complica el futuro judicial de los investigados. Además de Cerdán, están imputados su socio en la constructora bajo sospecha, Antxon Alonso; el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre; los altos cargos de la constructora de Entrecanales que habrían promovido la manipulación de las licitaciones; y los responsables políticos y de la administración pública que finalmente adulteraron los concursos.

Los investigadores creen que Cerdán canalizó las mordidas que le pagaba Acciona facturando a esta compañía todo tipo de trabajos ficticios a través de Servinabar 2000 SL. En varias ocasiones, esta pequeña sociedad se presentó a concursos de obra pública en UTE con Acciona y también otras empresas que habrían participado en la misma mecánica. Esas sospechas se han visto ahora confirmadas por la cotizada.

Las correcciones formuladas por Acciona ante la Agencia Tributaria afectan a la propia matriz, a su filial Acciona Construcción y a la UTE Acciona Construcción-Aquaterra Servicios Infraestructuras. Esta última se llevó en 2019 la construcción de un tramo de la carretera Arrúbal-Navarrete en La Rioja. Lo adjudicó la Dirección General de Carreteras que entonces dirigía Javier Herrero, imputado por su relación con la trama. Según la UCO, cuando se conocieron las ofertas del concurso para esa obra, Herrero escribió a Koldo: "Bingo!!! En Logroño". Un minuto después, Koldo mensajeó a Cerdán para informarle de que habían ganado la adjudicación: "Ya está en La Rioja hecho".

Acciona también informó a Hacienda de facturas de la UTE Archivo Navarra y de Ripagaina VPO UTE. En 2018 el Gobierno de Navarra adjudicó a Servinabar y Acciona la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Ripagaina (Pamplona). La tesis de la UCO es que Servinabar comenzó a operar en Navarra y cuando años después el PSOE llegó al Gobierno, la trama dio el salto también al ámbito nacional.

Cerdán niega estas acusaciones y su vinculación con Servinabar a pesar de que en la causa obra, por ejemplo, una escritura privada que le ubica como propietario del 45% de las acciones de la empresa. La UCO sostiene también que Cerdán gastó –especialmente su mujer– 33.000 euros con una tarjeta de Servinabar. Además, constan reuniones de Cerdán y el máximo accionista de la sociedad, el también investigado Antxon Alonso, algunas en los aledaños de la sede central del PSOE, en la calle Ferraz.

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El reconocimiento de Acciona forma parte de un informe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Hacienda se pone en contacto con el Tribunal Supremo para advertirle de la información que tiene en su poder. En este departamento son conscientes de que una investigación de tipo penal prima sobre la administrativa. Por eso avisan al alto tribunal para que en caso de que lo considere les ordene detener la inspección sobre Acciona que estaban llevando a cabo.

Hacienda dice haber tenido conocimiento de los hechos que se están investigando sobre Acciona y Servinabar porque lo han visto publicado en la prensa y porque han hecho búsquedas en la base de datos de resoluciones judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Allí han consultado la resolución del juez Leopoldo Puente, que abrió una pieza separada del llamado 'caso Koldo' para investigar la concesión de mordidas a la trama que presuntamente encabezaba Cerdán a cambio de obra pública.

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En marzo de 2025 –en ese momento Cerdán no estaba siquiera imputado– Hacienda empezó a inspeccionar el Impuesto de Sociedades declarado por Acciona S.A. y por Acciona Construcción S.A. correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. También el pago del IVA correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2021 y diciembre de 2023. “En el curso de las actuaciones se han detectado operaciones económicas realizadas con la mercantil con domicilio fiscal en Navarra Servinabar 2000”, advierte este informe, remitido este miércoles al Supremo.

Ante la comunicación de Hacienda, el Tribunal Supremo contesta afirmativamente a su petición en un auto al que también ha tenido acceso este periódico. El Tribunal Supremo contestó a esta comunicación de Hacienda por medio de un auto del pasado jueves en el que acuerda dejar en suspenso las referidas inspecciones a la espera del desarrollo de la investigación.