Vox capitaliza el rechazo social a las balizas V16 y lanza una ofensiva en varias CCAA

Vox está tratando de capitalizar el rechazo social a las balizas V16, obligatorias desde el 1 de enero, y ha iniciado una ofensiva parlamentaria en las Comunidades Autónomas para eliminar su uso obligatorio. El partido de Santiago Abascal ha presentado en las últimas semanas distintas Proposiciones No de Ley (PNL) en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias o la Región de Murcia para alentar una especie de rebelión contra la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente porque no existe ninguna garantía sobre su eficacia.

Fuentes de la formación explican a este periódico que la intención es ampliarlo de forma paulatina a todos los parlamentos. El objetivo es elevar instancias al Ejecutivo central para revertir la medida, al menos hasta contar con estudios que certifiquen la eficacia del dispositivo, aunque parece complicado. El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, confirmó esta semana su vigencia y advirtió de las posibles multas por no colocarlo, de 80 euros.

El partido utiliza varios argumentos. En primer lugar, el coste de la baliza, que de media ronda los 50 o 60 euros, aunque se pueden encontrar por 30. "En un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real", dice la PNL presentada.

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En segundo término, según la moción, es que el 65% de los españoles desconoce la obligatoriedad de este dispositivo en lugar de los triángulos y el 30% no es consciente de que pueden ser multados. Presuntamente, además, algunos conductores compran balizas más baratas que no están homologadas por la DGT, por lo que también pueden ser sancionados por la "ineficiente política comunicativa del Gobierno".

El argumento principal, no obstante, remite a la supuesta falta de efectividad y los problemas de seguridad: "Presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no han sido suficientemente acreditadas mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico. En vehículos industriales de gran tonelaje, como camiones o furgones, la ubicación de la baliza en la cabina resulta totalmente ineficaz, ya que la propia caja del vehículo oculta su visibilidad desde el exterior, volviendo inútil el dispositivo. A ello se añade que, en tramos de carretera con curvas cerradas, cambios de rasante o zonas sin visibilidad directa, la baliza no permite anticipar la presencia del vehículo detenido, poniendo en riesgo a los conductores que se aproximan".

"Presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no han sido suficientemente acreditadas"

Vox recuerda que las balizas requieren cobertura de internet para conectarse a la red DGT 3.0 y necesitan de una tarjeta eSIM integrada, pero en muchas carreteras no hay red suficiente para ello. "Su uso se convertiría en inútil para los objetivos que supuestamente se persiguen. Tampoco se han publicado estudios concluyentes sobre su rendimiento en condiciones climatológicas adversas como lluvia intensa, niebla densa, nieve o polvo en suspensión", subrayan las PNL, que también alertan de que contraviene la recomendación de permanecer en el vehículo en caso de accidente.

Enorme polémica

La obligatoriedad de la baliza ha provocado una enorme polémica y rechazo, con críticas de asociaciones de guardias civiles como Jucil, que alerta de la falta de seguridad. La entidad advierte de que solo es válida como un complemento, pero nunca de forma individual, entre otras cuestiones. "La operatividad de la baliza V16 es pésima y no aporta ninguna seguridad real porque, sencillamente, no se ven", apuntan. Otras organizaciones como la OCU también avisan de que hay muchos consumidores que han adquirido artefactos que no están homologados.

Vox reclama suspender la obligatoriedad de la baliza V16 "hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial", "permitir el uso de los triángulos de emergencia" y "garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo". También "cesar en la promoción de normativas y obligaciones que imponen más costes a las familias" e "impulsar ayudas" para renovar el parque móvil "desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción sin imposiciones ideológicas".

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La puesta en marcha de la baliza también ha sido algo controvertida. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró que los agentes de tráfico serían "flexibles" y habría una especie de moratoria durante un tiempo "razonable" sin multas. Pero el director de la DGT enmendó a Marlaska días después y confirmó que las sanciones siguen vigentes desde el 1 de enero. "En estos momentos, si tú paras por una avería, un incidente, y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", aseveró Navarro, según recoge Europa Press.

El caso de las balizas se ha configurado como un nuevo escenario de confrontación con el Gobierno. El PP no ha sido tan incisivo como Vox, pero también registró una moción en el Congreso para que la DGT presente expedientes e informes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del dispositivo como una medida "prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".