El riesgo de denunciar la corrupción: 8 represalias de su Ayuntamiento (PSC) y dos años en el paro

Laura (nombre ficticio para proteger la identidad de la denunciante) denunció una serie de irregularidades en el Ayuntamiento de Mataró, gobernado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), donde trabajaba como funcionaria interina desde 2015. Tras poner una denuncia por acoso laboral y detectar incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y en contrataciones de personal, el consistorio sacó su plaza a convocatoria pública y fue cesada en 2023. Lleva casi tres años en paro, y pese a que la Oficina Antifraude de Cataluña le ha dado la razón y ha reconocido hasta 8 represalias por parte del Ayuntamiento, ni se le ha repuesto en el cargo ni se ha impuesto sanción alguna al ente público.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando Laura presentó una denuncia interna por acoso laboral. El Ayuntamiento, a cuyo frente se encuentra el socialista Daniel Bote, inició una serie de entrevistas en las que se mostraron documentos de la denunciante, vulnerando la debida confidencialidad. La denunciante también alegó una recogida de firmas contra ella promovida por la persona denunciada.

Tras una serie de represalias que incluyeron bloqueos en WhatsApp por parte de compañeros y que se compartiera su nombre con más de una decena de personas de su departamento, Laura hizo constar irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales por no haberse mantenido en el anonimato su denuncia. Ante lo ocurrido, Laura presentó denuncia a Inspección de Trabajo, que determinó que el Ayuntamiento había cometido tres infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. La Autoridad Catalana de Protección de Datos también confirmó en 2021 la existencia de infracción en esta materia.

Laura denuncia que en octubre de 2021 se contrató de urgencia a una persona a la que se adjudicaron las tareas que ella realizaba anteriormente. Apunta a que se podía estar cometiendo una malversación de fondos públicos al tener a dos personas contratadas por el mismo trabajo. En agosto del 2022, Laura denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña las irregularidades de las contrataciones de urgencia efectuadas por el Ayuntamiento. En diciembre de 2022, se publicaron las bases de la convocatoria de la plaza de Laura. Quedó segunda por una diferencia de 0,666 puntos sobre 100 respecto a la persona que quedó en primera posición.

Antifraude y la desprotección de denunciantes

Como consecuencia de este proceso, Laura fue cesada en junio de 2023. De acuerdo con los documentos a los que ha accedido El Confidencial, el cese se produjo pese a que la Oficina Antifraude de Cataluña había emitido un 'certificado de persona alertadora' en mayo de ese mismo año. Antifraude instó al Ayuntamiento a frenar el despido, pero hizo caso omiso.

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En diciembre de 2023, medio año después de su cese, el ente público da la razón a Laura en una resolución e identifica hasta ocho represalias por parte del consistorio. En dicho documento, se expone la pertinencia de iniciar sanciones contra el Ayuntamiento. La decisión se ratifica en febrero de 2024.

Nada de esto sirve para que Laura recupere su puesto de trabajo. Denuncia, además, que casi tres años después las sanciones de Antifraude no han sido efectivas. La razón, según explican fuentes conocedoras del caso, es que las oficinas antifraude no pueden imponer sanciones si un caso está en los tribunales. Estos organismos públicos están, en buena medida, atados de pies y manos, y aunque detecten represalias o determinen que un nombramiento es nulo de pleno derecho tiene que ser un juzgado el que obligue a los ayuntamientos o administraciones públicas a ejecutar la decisión.

Fuentes del Ayuntamiento de Mataró apuntan a este periódico su "interés en que esto se aclare". El consistorio "confía en que la responsabilidad se dirima. El Ayuntamiento está colaborando con la justicia y los documentos solicitados han sido trasladados. El Ayuntamiento de Mataró quiere demostrar que nunca hubo mala praxis ni trato positivo".

La desprotección de las personas alertadoras y la escasa capacidad de acción de las oficinas antifraude es una de las principales quejas del sector. La Fiscalía investiga a seis cargos municipales del Ayuntamiento de Mataró por este caso, entre ellos a un diputado del PSC en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Jerez (exteniente de alcalde). Pero mientras la justicia toma una decisión han pasado casi tres años y Laura sigue sin recuperar el puesto en el que trabajó durante casi una década. La denunciante lamenta que pese a que Antifraude tiene las competencias de protección de personas alertadoras desde marzo de 2023 no haya ejecutado sanciones en su caso.

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Su caso es paradigmático y deja a la luz las deficiencias en nuestro país a la hora de proteger a las personas que denuncian irregularidades en entes públicos. A nivel nacional, el Gobierno de España aprobó la normativa para proteger al informante de irregularidades (whistleblower) con más de un año de retraso y después de que la Comisión Europea llevase a nuestro país a los tribunales. En febrero de 2023, se aprobó la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Gobierno no puso en marcha oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante hasta septiembre de 2025, un hecho por el que España ha sido penalizada por instituciones como Transparencia Internacional. A nivel autonómico, Vox acordó con el PP el cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares y recortar las capacidades de la Oficina Antifraude en la Comunidad Valenciana.