Feijóo une a todo el PP frente al "desguace" de la nueva financiación y reta al PSOE a rebelarse

Alberto Núñez Feijóo blinda el rechazo de sus autonomías —controlan el 70% del territorio nacional— a la reforma del modelo de financiación propuesto por María Jesús Montero y que el Gobierno pactó con ERC. Todos a una. El líder del PP citó este domingo a sus 17 líderes autonómicos en Zaragoza, donde mantuvieron una reunión desde primera hora de la mañana para perfilar una declaración conjunta en la que se oponen frontalmente al nuevo sistema. Una nueva foto de unidad que sirve también de gasolina electoral a Jorge Azcón, que se enfrentará a las urnas el próximo 8 de febrero.

El Partido Popular trazó un ataque directo y unitario contra el Gobierno y contrapuso esa imagen a la falta de apoyos que la propuesta suscita en las filas socialistas. Ni Castilla-La Mancha ni Asturias, ambas controladas por el PSOE, respaldaron a Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles, en la que el Gobierno se llevó el único apoyo cerrado de Cataluña. "Si el PSOE intenta hacer un acto como el que está haciendo el PP, eso se convertiría en lucha libre o en el camarote de los hermanos Marx", alentó el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

La llamada 'Declaración de Zaragoza' incluye una serie de "principios generales", pero no aporta el modelo de financiación concreto y alternativo por el que Feijóo apostaría en caso de llegar a la Moncloa. En el Partido Popular existen diferencias internas evidentes respecto a los principios que habría que primar y cómo debería quedar el reparto final, pero no escarbarán en esa cuestión hasta llegar al Gobierno, con el fin de acorazar el frente común de todos los barones frente a Sánchez. "Se puede ser distinto y defender un modelo común", reivindicó Feijóo. "Hay particularidades que reconocemos, pero ningún español es más singular que otro".

El líder del PP subrayó que su partido "no renunciará a un proyecto común" y reivindicó a las comunidades como la "red" que "sostiene a la nación" frente al "desguace del Estado que el Gobierno está perpetrando", un mensaje velado también dirigido a Vox, que concibe el Estado de las Autonomías "como un problema". El jefe de la oposición insistió en que su sistema —que pondrá en marcha en el plazo de un año si gobierna— tendrá como ejes la "igualdad" y la "solidaridad interterritorial", una reforma que, a su juicio, "podrían suscribir todos los presidentes autonómicos de España", también los del PSOE.

En este sentido, Feijóo retó al Partido Socialista a rebelarse contra el nuevo modelo de financiación, especialmente a barones críticos. "¿Pero quién es Junqueras para decidir los recursos que deben recibir los ciudadanos de Aragón, Andalucía o Castilla y León? ¿Le parece bien al señor Page o al señor Barbón que un inhabilitado por malversar fondos públicos decida sobre su financiación?", lanzó. También atacó a Salvador Illa, al que recordó que Sánchez le ha convertido en una "figura decorativa" por negociar los "privilegios" para Cataluña no con él, sino con el independentismo. "Están utilizando al pueblo de Cataluña por el poder", señaló.

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"Los españoles no somos el cajero automático de Sánchez", añadió Feijóo, que avanzó también que cualquier acuerdo de financiación con el PP "tendrá que respetar los principios que hemos firmado en la Declaración de Zaragoza", un texto que, aseguró, "cumpliría la inmensa mayoría de presidentes del PSOE". El presidente popular está convencido de que su reforma de la financiación autonómica, de la que aún no se conocen los detalles, sería acogida con un amplio consenso territorial, independientemente de las siglas. "Estamos de acuerdo en lo básico, en el fondo. En lo que no estamos de acuerdo es en lo que quieren los independentistas", apuntó.

La propuesta del PP, insistió, será "justa y transparente". Como publicó El Confidencial, Feijóo aseguró que el PP no participará en "reuniones bilaterales" con el Gobierno para "imponerles lo que han negociado en secreto a los demás" y avisó, además, de que sus comunidades "no subirán los impuestos que ya han bajado" para financiar el reparto pactado entre el Gobierno y ERC. Se comprometió también a convocar una Conferencia de Presidentes "en el primer mes" desde que acceda a la Moncloa para discutir la financiación territorial y a retomar "los grupos de trabajo" en los que participen todas las regiones.

Por último, Feijóo exigió a Sánchez "dar marcha atrás". "Revierta llo que ha hecho para dar encaje legal a lo que pide el separatismo y reinicie el proceso desde el principio. El dinero de los españoles es de los españoles", afirmó. El líder del PP podrá trasladar ese mensaje personalmente al presidente del Gobierno, porque ambos se reunirán este lunes en el Palacio de la Moncloa. El objetivo de la cita es cotejar el respaldo de los grupos parlamentarios al posible envío de tropas a Ucrania, además de otros asuntos de la agenda internacional. Pero el presidente popular pretende llevar también el asunto de la financiación a su cara a cara con Sánchez.

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Jorge Azcón, por su parte, utilizó el evento para comenzar a calentar la campaña electoral y lanzó la idea de que, frente a la imagen de unidad del PP, Pilar Alegría sólo podrá llevar como "invitado estrella" a su campaña a Salvador Illa o a Oriol Junqueras. El candidato a la presidencia de Aragón reivindicó el documento firmado este domingo y sacó pecho de que "la despoblación, la orografía y la dispersión" territorial serán criterios que tendrán en cuenta en el próximo modelo de financiación. "Vamos a gobernar pensando en todos y a defender lo que le interesa a Aragón", apuntó.

Un pacto de mínimos, sin cifras

El documento firmado por todos los presidentes territoriales incluye seis principios básicos sobre los que pivotará la futura propuesta de Feijóo, que evita entrar en cálculos concretos. Defiende en primer lugar "la lealtad institucional y el respeto a la Constitución" como base para cualquier negociación, que negará cualquier "cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos". En segundo lugar blinda el fundamento de la "igualdad" y apuesta por un "modelo equitativo" para que el reparto de fondos "pueda hacerse sin asimetrías".

El PP comparte la tesis de poner a disposición desde el Estado más recursos, porque el sistema actual "no ha sido capaz de adaptarse a los profundos cambios económicos, demográficos y sociales de los últimos años", pero "no se puede resolver esta urgencia en función de lo que dicte el independentismo", sino con un trabajo conjunto y con el apoyo de la evaluación de organismos independientes como la AIReF.

La declaración del PP blinda, en tercer lugar, el principio de "autonomía fiscal" de los territorios, porque lo contrario "sería un ataque sin precedentes al Estado de las Autonomías". Con este punto, los populares anticipan que sus barones darán la batalla al Gobierno y no subirán impuestos para financiar "las exigencias de los independentistas". El cuarto punto trata sobre la "suficiencia financiera" de las regiones, el compromiso de que la reforma del sistema "debe hacerse en paralelo a la financiación de las corporaciones locales"; la creación de un fondo transitorio para "paliar la infrafinanciación" y la "especial atención" que se deberá dedicar a la sanidad.

En el quinto eje, el de "solidaridad", los conservadores admiten las diferencias internas en un debate que no respeta siglas, sino territorios. Pero evita las fricciones con los suyos. Feijóo promete tener en cuenta las distintas variables que reclaman las comunidades, desde el incremento poblacional y el envejecimiento a la dispersión, el coste de la vida o la insularidad, pero sin aclarar cuáles primará o cómo lo financiará. Para hacer un reparto justo, insisten, se incrementarán las "necesidades presupuestarias" que no se atenderán hasta que se haga un cálculo concreto del nuevo sistema. El último y sexto principio, el del "proyecto común", reitera la negativa del primer partido de la oposición a "romper la caja común". "Ni nos han dividido, ni nos dividirán".

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Más allá de la ausencia de cifras, la Declaración de Zaragoza tampoco garantiza que ningún territorio del Partido Popular se acoja a la nueva propuesta en caso de que ésta logre superar el complejo trámite parlamentario, a pesar del rechazo frontal exhibido este domingo. La ministra de Hacienda trasladó el pasado miércoles a todos los consejeros del ramo que la adhesión al sistema de financiación del Gobierno será "voluntario": las comunidades que así lo deseen podrían continuar con el modelo actual.

Esa es una pantalla en la que aún no quiere ponerse ni Génova ni sus barones. Algunas fuentes territoriales sí avanzan que no aceptarían el sistema del Ejecutivo de Sánchez —que implica 21.000 millones de fondos extra para las comunidades y blindar el polémico principio de ordinalidad exclusivamente para Cataluña—, pero por ahora confían en que el Congreso tumbe el proyecto para no tener que posicionarse. Aún así, desde la dirección nacional del PP comienzan a allanar el terreno y apuntan a que se trata de una nueva "trampa" del Ejecutivo ya que, según su criterio, "no pueden convivir dos sistemas de financiación de forma simultánea".

Por contra, el presidente del Gobierno defendió en una entrevista publicada por La Vanguardia que "ninguna comunidad autónoma va a decir que no". Sánchez saca pecho de que la reforma implica romper con la "dinámica de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a la Comunidad de Madrid", unas declaraciones que han levantado en armas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este mismo domingo. "El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid", estalló en X. "Oculta que ocho de cada diez euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado, para él arrodillarse ante los independentistas".