Feijóo no presentará su modelo de financiación completo hasta llegar al Gobierno

Alberto Núñez Feijóo no quiere fisuras en su partido en lo relativo a la financiación autonómica. Su máxima siempre ha sido la de favorecer la autonomía de sus territorios, pero blindar la unidad interna en lo que respecta a la reforma del sistema que el Gobierno ha pactado con ERC es una línea roja. Ese es el fin con el que el líder del PP ha convocado este domingo a todos sus barones a una reunión en Zaragoza. La cita servirá de pistoletazo de salida a la campaña electoral en Aragón, con Jorge Azcón como uno de los dirigentes más críticos con el nuevo modelo.

Del encuentro saldrá previsiblemente una declaración conjunta firmada por todos los presidentes autonómicos en la que plasmarán una serie de parámetros generales e irrenunciables respecto a la necesaria renovación de la financiación autonómica frente al "injusto" modelo diseñado por María Jesús Montero. Fuentes de Génova ratifican que se tratará de unas "líneas generales", pero sin entrar a definir los criterios concretos de reparto ni las cifras específicas con las que Feijóo modificaría el sistema de financiación en caso de llegar a la Moncloa. El líder del PP se ha comprometido a activar dicha reforma en el plazo máximo de un año desde su entrada al Gobierno.

Desde la dirección nacional del PP se sacuden de la presión de la ministra de Hacienda, que exigió al PP el pasado miércoles tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que Feijóo impulsase una "alternativa" concreta y pactada con sus barones. Desde Génova reiteran que eso es algo "que sólo se puede hacer desde el Gobierno", ya que es el Ministerio de Hacienda el que tiene acceso a los datos completos para poder hacer cálculos al detalle. "Es su obligación plantearlo, no la del primer partido de la oposición", insisten.

A nadie en el Partido Popular se le escapa tampoco que detallar ahora la reforma que Feijóo se propone activar implicaría escarbar en las evidentes diferencias territoriales respecto a la financiación y daría al Gobierno una baza que exprimir en pleno arranque del ciclo electoral. Es un debate que va más allá de las siglas. El PP controla el 70% de los territorios, y las reivindicaciones de Galicia, Castilla y León, Extremadura o Aragón no son los mismos que los de Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Los equilibrios son complejos, también dentro de las filas populares.

Lo que sí tiene claro Génova es el rechazo al sistema planteado por el Gobierno. Desde un punto de vista político —bajo la tesis de los "privilegios" a Cataluña— como técnico. A su juicio, el reparto de Montero implica "que los contribuyentes más ricos de las comunidades más ricas tengan más financiación que las demás"; cuestionan que el principio de ordinalidad se blinde exclusivamente para la región presidida por Salvador Illa; censuran la previsible subida de impuestos para que el Estado ceda a las comunidades los 21.000 millones de euros prometidos; y denuncian el modo con el que el Ejecutivo ha dado luz verde al acuerdo, sin el consenso de todos los territorios.

El PP sí definirá una serie de principios básicos que guiará su futuro modelo. Feijóo promete cubrir la mayor parte de las demandas territoriales, bajo la tesis de que cada comunidad tendrá que ceder "un poco para que todos ganen". Se propone aumentar también el reparto de recursos respetando la autonomía fiscal —que sufragará a través de fondos europeos no ejecutados o el recorte de gasto burocrático— y corregir la infrafinanciación territorial para que el modelo sea "lo más similar posible" en todo el territorio, con la aprobación de un fondo transitorio que compense a las regiones más castigadas hasta que esté lista su reforma.

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La cumbre que el PP celebra este domingo se produce justo después de la tensa reunión de Montero con los consejeros autonómicos de Hacienda el pasado miércoles, en la que la ministra constató que el sistema sólo cuenta con el respaldo cerrado de Cataluña. Castilla-La Mancha y Asturias, las dos regiones gobernadas por el PSOE, tampoco lo apoyaron. La primera de forma más beligerante, y la segunda de un modo más constructivo.

La titular de Hacienda anunció también que activará ahora una ronda de contactos bilaterales con todas las comunidades para abordar propuestas concretas y ajustar el nuevo sistema antes de enviarlo al Congreso, donde le espera una difícil votación por el posible cerrojazo de Junts. Como publicó El Confidencial, Génova se opone a que sus comunidades asistan a negociaciones individuales con el Ministerio, una tesis compartida por la mayoría de territorios y que posiblemente se ponga negro sobre blanco en la declaración conjunta de los populares.

Sólo hay un punto que, a día de hoy, puede generar fricción interna. María Jesús Montero anunció que la adhesión al modelo de financiación del Gobierno tendrá carácter "voluntario" para las comunidades, que deberán elegir si prefieren continuar con el sistema actual o se acogen a su propuesta. Pese a no compartir sus términos por quebrar, dicen, la "solidaridad interterritorial" y el principio de "igualdad" recogido en la Constitución, sería difícil que muchas regiones del PP, sobre todo las peor financiadas, no se sumen a una reforma que implica acceder a más recursos, con la única excepción de Cantabria y Extremadura.

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Por ahora, los barones del PP no se mojan. Creen que "lo más probable" es que el Congreso tumbe la reforma, y prefieren no pasar de pantalla de forma precipitada en un debate que reabriría grietas internas. Desde Génova, sin embargo, ya se preparan para ese escenario. Y señalan que la opción de elegir entre uno y otro modelo es una nueva "trampa" de Montero. "No pueden convivir dos sistemas de financiación de forma simultánea", apuntan.

Deslizan por tanto que, de superar el trámite parlamentario, todas las regiones tendrían que asumir el nuevo modelo. Eso sí, el PP podría intentar frenar u obstaculizar la entrada en vigor de la reforma a través de la vía judicial. Algunas comunidades, como Aragón, la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Extremadura ya avanzan que acudirían a los tribunales, aunque por ahora no se han sumado todos los territorios. La reunión de este domingo es clave para articular esa ofensiva.