¿Por qué atribuyen un presunto delito de trata a Julio Iglesias? "Describen un harén"

Los testimonios de las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias describen varias agresiones y delitos sexuales, pero, sin embargo, la defensa de las antiguas trabajadoras ha preferido incidir como ilícito principal en la trata de seres humanos. Más allá de la intención de atar la competencia de la jurisdicción española en general y de la Audiencia Nacional en particular para investigar los hechos, fuentes cercanas al caso aseguran que la denuncia refleja elementos que apuntalan esta acusación. "Lo que describen las presuntas víctimas se parece a un harén", dicen.

La denuncia habla, en concreto, de un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes que se coloca como el principal y que se pone en concurso con el resto de conductas, desde las propias agresiones a las lesiones que las empleadas domésticas detallan.

El escrito, que fue adelantado por elDiario.es -al frente de la exclusiva junto con Univisión- precisa que se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata. "La conducta típica (captación, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, agravando el aislamiento, y explotación), los medios comisivos (elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad) y la finalidad que se persigue (elemento subjetivo)".

Explica que la captación se realizaba por Instagram con anuncios genéricos en los que no se detallaban las funciones a desempeñar. Una vez contactadas las candidatas, se les pedían fotos de cuerpo entero. El trabajo obligaba a residir en las mansiones de Iglesias, donde se vetaban las salidas de las empleadas al exterior y el contacto entre ellas con el objetivo de aislarlas. Las contratadas procedían de entornos económicos precarios y accedían a las demandas sexuales del artista -de indudable superioridad respecto a ellas- por temor a perder el empleo, siempre según la denuncia.

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La denuncia apunta incluso a la existencia de un grupo criminal en el que Iglesias era el jefe. Utilizaba -dice- a dos encargadas que colaboraban con él para captar a las chicas. "La participación de los denunciados debe entenderse en el marco de una actuación conjunta y concertada, con un reparto funcional de tareas dentro de una organización criminal orientada a la trata", argumentan según reprodujo ElDiario.es.

Otro de los componentes del cóctel era la intimidación. Una atmósfera de miedo que alejaba -dicen- cualquier opción de negarse y la que contribuían las condiciones personales y sociales de las mujeres. Para respaldarla, las denunciantes incluyen un análisis del contexto de los países de los que proceden para acreditar su "vulnerabilidad".

La competencia de España

La organización que se está encargando de representar a las denunciantes considera que lo sucedido puede investigarse en España pese a que las agresiones se produjeran en República Dominicana y Bahamas por la nacionalidad española del acusado y porque no se ha perseguido en los países donde se han cometido aunque los delitos también son punibles en esos países. Inciden, además, en las leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género suscritas por España a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo.

"Hay dos convenios del Consejo de Europa, el de Varsovia, que lucha contra la trata, y el de Estambul, contra la violencia sexual y la violencia de género que establecen obligaciones a los Estados que se adhieren de modificar su legislación para garantizar que tienen jurisdicción para conocer de los hechos y delitos que protege el convenio. España, que es parte de los dos convenios, se comprometió a modificar sus leyes internas para asegurar que puede juzgar a personas que cometan estos delitos, así sea fuera del territorio del Estado", ha declarado la abogada Gema Fernández.