El calendario procesal cerca al PSOE: el juicio a Ábalos, entre las urnas de CyL y las andaluzas

El Supremo ha puesto en marcha el acelerador y busca ya fechas para la celebración del primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En un calendario repleto de comicios, el escenario se complica para el PSOE que tendrá a su exnúmero tres en el banquillo de los acusados en plena batalla electoral autonómica. Según aseguran fuentes jurídicas, el alto tribunal ha querido conocer qué señalamientos ajenos al TS afectan a los abogados que deben participar en la vista oral para fijar de forma definitiva la celebración de las sesiones y ha organizado para ello una reunión informal que se ha celebrado este viernes. El plan del tribunal es celebrar una vista preliminar el 6 de febrero y que el juicio se desarrolle a partir de abril.

Se espera que las vistas se prolonguen aproximadamente un mes, con sesiones de mañana y tarde, indican estas fuentes. La fecha se situará, previsiblemente, entre las elecciones de Castilla y León, que se celebran el 15 de marzo, y las andaluzas, que como tarde tendrán lugar en junio. La inquietud en los territorios que van a las urnas es inevitable en plena evidencia de que las causas de corrupción marcarán de forma irremediable la campaña y pesarán en el resultado.

La coordinación, que ya no era sencilla, se ha complicado con la entrada en escena de un nuevo abogado en representación del exministro de Transportes. La defensa de Ábalos se convirtió en un sudoku casi desde el principio, con continuos cambios motivados por su situación financiera. No ha podido pagar a los dos anteriores y ahora se estrena con un nuevo representante de su confianza que ya le lleva en otros casos. Primero fue José Aníbal Álvarez, en quien "perdió la confianza" y que fue sustituido por el despacho Chabaneix.

El nuevo letrado, Marino Turiel, busca, sin duda, contar con tiempo suficiente para estudiar la causa. Ya ha informado de que está comprometido por señalamientos anteriores fijados por otros órganos, en concreto la Audiencia Nacional, que juzgará desde febrero la parte de la trama Púnica que afecta a las contrataciones de distintos ayuntamientos del PP con empresas vinculadas a la trama. En esa causa, sin embargo, no defiende a un imputado preso y su reclamación no tiene por qué ser atendida ya que la situación de prisión de su representado Ábalos es preferente.

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A su calendario debe añadirse el de las otras dos defensas que ejercen la abogada Leticia de la Hoz en el caso de Koldo García y José Antonio Choclán, que lleva a Aldama. El Supremo también tendrá que tener en cuenta la agenda de las acusaciones populares que están representadas por el PP de forma unificada y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cargo del procedimiento en representación del Ministerio Público.

En estos momentos, el inicio se sitúa en abril. El Supremo ya contaba con que la vista tendría que fijarse en primavera, como informó este periódico. Ábalos y su mano derecha permanecerán en prisión preventiva al menos hasta que se dicte sentencia con nulas perspectivas de poder abandonar la cárcel a la vista de las contundentes acusaciones en su contra. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años para el exministro, que se elevan a 30 en el caso de las acusaciones populares.

Audiencia preliminar

Viene con aperitivo. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en enero del 25, incluye la celebración de una audiencia preliminar de forma separada al juicio en sí mismo en la que las partes podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de una conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas. Todas las partes han reclamado que se celebre. El Supremo la ha fijado para el 6 de febrero.

Sea como sea, el 2026 será año de juicios de casos vinculados con el entorno de Pedro Sánchez o el PSOE. Además de la vista oral contra Ábalos por el conocido como caso mascarillas, está ya fijado el juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón y otros diez investigados por el presunto 'enchufe' en la Diputación de Badajoz con la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que se celebrará entre el 28 de mayo y finales de junio de este año.

El juicio de Ábalos se centrará en la parte de la investigación del caso que afecta a la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. Lo que se investiga es el pago de comisiones ilegales y sobornos por parte de Aldama a Koldo García y a Ábalos a cambio de que administraciones socialistas adjudicasen a la empresa para la que trabajaba el empresario contratos para compra de material sanitario durante la pandemia. Fueron millones de euros los que se canalizaron por esa vía.

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En esta trama también se incluye la colocación de mujeres vinculadas a Ábalos en empresas públicas, el pago de un alquiler en el centro de Madrid para una de ellas y la compra de un chalet para el entonces ministro en Cádiz para que fuese de veraneo. Tanto Koldo García como José Luis Ábalos ingresaron hace casi dos semanas en prisión preventiva. La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 para Koldo García.