El PP y Page se plantan ante Montero: no negociarán la financiación en cumbres bilaterales
En Castilla-La Mancha condicionan su asistencia a la ronda de contactos a que Hacienda facilite antes "los números reales" de la reforma. Las CCAA del PP no aclaran si se acogerían al nuevo sistema y confían en que lo tumbe el Congreso
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Alberto Ortega)
Hace casi un año, las comunidades del PP protagonizaron un motín en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debatió la condonación de la deuda. Los consejeros populares no se levantaron esta vez de su asiento. La financiación es un asunto que preocupa especialmente a los territorios, que aspiraban a conocer todos los pormenores técnicos para ajustar la cifra del reparto que el Gobierno pactó con ERC. La reunión se alargó durante cuatro horas, pero culminó sin la más mínima aproximación. No sólo se opusieron todos los consejeros del PP. También Castilla-La Mancha y Asturias, controladas por el PSOE.
Los conservadores denuncian que María Jesús Montero no llevó al encuentro de este miércoles "ni un solo papel". De hecho, la ministra de Hacienda sigue sin ofrecer datos sobre cómo quedaría la financiación por habitante ajustado y cuál es la posición de cada comunidad en el ranking. Eso sí, la también candidata del PSOE en Andalucía anunció que comenzaría una ronda de negociaciones bilaterales para escuchar las propuestas de los territorios e incorporar posibles cambios. La ronda de contactos durará dos meses. A partir de ese momento, comenzarán las conversaciones con los grupos para afrontar la difícil votación en el Congreso.
Las regiones gobernadas por el PP no prevén atender la llamada de Hacienda. Génova marca una posición clara a sus autonomías, que controlan el 70% del mapa nacional. Todo lo que tenga que ver con la financiación autonómica debe negociarse "con luz y taquígrafos", y "no en reuniones bilaterales". "Este sistema no lo apoya nadie", sostienen fuentes autorizadas de la dirección nacional. "En principio", inciden, "ninguna comunidad va a acudir", a falta de coordinar con los barones esa hoja de ruta. Feijóo reúne precisamente este domingo a todos sus presidentes autonómicos en Zaragoza.
La mayoría de las regiones populares consultadas rechazan también sentarse a la mesa de forma individualizada con el Gobierno. Se abren a negociar —más bien exigen "reformular" por completo la reforma—, pero "entre todos lo que es de todos" y siempre en foros "multilaterales". "Por supuesto que no vamos a ir", apuntan, por ejemplo, en Extremadura. "No tiene sentido si no tenemos siquiera información previa", agregan desde Murcia. "Para hablar de asuntos que afectan a todos, hay que hacerlo multilateral", señalan en Aragón. "El lugar para negociar la financiación es en el CPFF, como se ha hecho siempre", responden en la Comunidad Valenciana.
Los mismos recelos muestran en otros territorios, como Galicia o la Comunidad de Madrid. Otras regiones, como Andalucía o Castilla y León, evitan posicionarse aún al respecto. Más despiste generó la posición inicial de Baleares. El conseller de Economía, Antoni Costa, celebró que el Gobierno no haya dado por "cerrada" la propuesta, y apuntó que "si se abre la negociación, Baleares estará". Fuentes del Govern aclaran que no se cierran a recibir nuevos detalles "técnicos" de parte del Ministerio, pero por ahora circunscriben cualquier aproximación al ámbito colectivo.
Castilla-La Mancha acoge también con cierto escepticismo la ronda de contactos anunciada por Montero. Su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, se mostró muy duro ante la reunión de este miércoles en Madrid y cuestionó el "chantaje" del Gobierno. Desde la región presidida por el combativo Emiliano García-Page apuntan a que sólo aceptarán una reunión bilateral si el Gobierno facilita antes "todos" los números reales del nuevo modelo. "Va a depender de que tengamos información y documentos previos", señalan.
El estudio es del centro de investigación Fedea y respalda lo que advertimos: el modelo privilegia a Cataluña y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad. pic.twitter.com/kB77Z1AA51
El barón del PSOE ha vuelto a plantar cara a Montero por un sistema que, insiste, "atenta contra la igualdad". Y no fue la única comunidad socialista en oponerse a la propuesta pactada con Oriol Junqueras. Asturias, presidida por Adrián Barbón, también rechazó adherirse a un acuerdo "precocinado" con el independentismo, y situó como "línea roja" el principio de ordinalidad, que el Gobierno blindará exclusivamente para Cataluña. En esta región, sin embargo, sí valoran positivamente las reuniones anunciadas por Hacienda. "El Principado está dispuesto a dialogar siempre para alcanzar un modelo que satisfaga las necesidades de Asturias", apuntan.
Desde Génova reiteran que la mano tendida del Ejecutivo es un caramelo envenenado, con el que trata de "dividir" una vez más a sus CCAA en un debate complejo y en el que existen claras diferencias. Por eso insisten en la vía multilateral para abordar cualquier avance en financiación. El rechazo a la propuesta de Montero es global, si bien existen ciertos matices discursivos. La beligerancia de regiones como la Comunidad de Madrid, Aragón o Castilla y León choca con la prudencia exhibida en Andalucía o la Comunidad Valenciana. Las primeras han anunciado que acudirán a los tribunales si se consuma el acuerdo. Las segundas optan aún por la cautela.
No aclaran si se acogerían al nuevo sistema
En lo que ninguna comunidad del PP se pronunció es en si se acogerían o no al nuevo modelo de financiación en caso de que éste supere el trámite parlamentario. Durante la reunión, Montero trasladó a los consejeros de Hacienda que la adscripción al sistema sería "voluntario", y las regiones tendrían vía libre para decidir adherirse o no. Es una pantalla que, casi sin ninguna duda, generaría división de criterios en el PP. Salvo Cantabria y Extremadura —que ni ganan ni pierden con la reforma—, y más allá del mantra de los "privilegios" a Cataluña, el Estado prevé regar con 21.000 millones a las comunidades.
Ninguna región quiso mojarse este miércoles. En el PP confían en que el Congreso tumbe la reforma, con los votos de Junts de nuevo como clave de bóveda, y que no tengan que ponerse ante la tesitura de elegir entre el caducado prototipo actual y el sistema pactado con ERC, a la que hoy por hoy se oponen todas las comunidades con la única excepción de Cataluña. "El modelo que intenta imponer el Gobierno golpea los principios de igualdad y solidaridad, pilares fundamentales de la Constitución", atacaron en Génova tras la cita. "Ninguna comunidad ha dicho que este modelo sea peor que el anterior", recordó Montero.
Feijóo intentará blindar la unidad de acción en su partido con una cumbre de barones que celebrará el domingo 18 de enero en Zaragoza, con el sistema de financiación como único punto del orden del día. La ministra de Hacienda retó al PP a presentar un modelo propio, detallado, con los criterios de reparto que pondría en marcha si logran llegar al Gobierno. Génova asegura contar con una "alternativa" en financiación, pero no publicará sus cálculos.
El líder del PP, de hecho, se comprometió a tener una reforma lista y consensuada con todos sus barones en el plazo máximo de un año si logra llegar a la Moncloa. Según fuentes territoriales, el objetivo de la reunión de este domingo pasa por exhibir una suerte de ofensiva unitaria de todas sus comunidades contra la propuesta del Ejecutivo, una especie de "declaración de intenciones". El acto servirá también de pistoletazo de salida a la campaña en Aragón, que abre las urnas el próximo 8 de febrero.
Hace casi un año, las comunidades del PP protagonizaron un motín en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debatió la condonación de la deuda. Los consejeros populares no se levantaron esta vez de su asiento. La financiación es un asunto que preocupa especialmente a los territorios, que aspiraban a conocer todos los pormenores técnicos para ajustar la cifra del reparto que el Gobierno pactó con ERC. La reunión se alargó durante cuatro horas, pero culminó sin la más mínima aproximación. No sólo se opusieron todos los consejeros del PP. También Castilla-La Mancha y Asturias, controladas por el PSOE.