Montero se lava las manos en el caso Leire-SEPI: "¿Qué tipo de responsabilidad puedo tener yo?"

De poner la mano en el fuego a lavarse las manos. Es el tránsito que ha hecho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frente a la sucesión de investigaciones de la Guardia Civil que afectan al Gobierno y al Partido Socialista. Montero puso la mano en el fuego por Santos Cerdán, que acabó en prisión provisional en Soto del Real y está imputado por cobrar presuntas comisiones a cambio de amañar obra pública. Sin embargo, ha sido otra la Montero que ha comparecido este jueves en el Senado ante los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) en empresas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por su presunta implicación en la trama Leire-SEPI.

Lejos de poner la mano en el fuego por el expresidente de la SEPI y persona de su confianza, Vicente Fernández, la vicepresidenta se ha lavado las manos y ha desligado al Gobierno de la investigación de la UCO sobre las presuntas comisiones que cobraba el grupo 'Hirurok'. Es decir, el tridente formado por Fernández, la fontanera del PSOE, Leire Díez, y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. "¿Qué tipo de responsabilidad puedo tener yo?", ha aseverado.

"Se me piden explicaciones de asuntos de alguien que trabaja fuera del entorno público, no es del partido. Un señor que no tenía una responsabilidad política en el período en que se le investiga, ¿qué quieren que les diga?". Montero ha centrado su intervención en la figura de Fernández, esgrimiendo que "los asuntos que investiga la UCO" tuvieron lugar dos años después de su destitución como presidente de la SEPI. También ha argumentado que el caso está bajo secreto de sumario.

La vicepresidenta, sin embargo, ha omitido explicar la involucración en el caso de empresas de la SEPI como Mercasa, Sepides o Enusa, compañías públicas bajo la responsabilidad política de Montero.

En concreto, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan al rescate de la SEPI a Tubos Reunidos SA por 112,8 millones. Según la UCO, la presunta organización criminal habría recibido 114.950 euros de comisión por esta operación. También señalan un contrato público de Mercasa, hoy presidida por el exministro de Sanidad, José Miñones, por 18.119 euros a Servinabar (la empresa de Cerdán y Antxón) por asesoramiento. El caso incluye la contratación por parte de Enusa a un despacho de abogados en Sevilla, SDP Carrillo y Montes SLP. La UCO detecta sobrecostes del 50% en este contrato. Otra empresa pública de la SEPI salpicada es Sepides, que habría otorgado una ayuda a Arapellet SL de 17,3 millones a cambio de 200.000 euros de comisión.

Pese a estas circunstancias, Montero ha subrayado que "no hay nada achacable a un mal funcionamiento de la SEPI", y ha destacado que el ente público se ha sometido a un 10% más de auditorías que en la etapa del PP. Montero tampoco ha dicho nada sobre la presencia de alguien que ocupaba cargos públicos en empresas de la SEPI cuando se cometieron los presuntos delitos, Leire Díez. La fontanera del PSOE fue directora de comunicación de Enusa y directora de Relaciones Institucionales en Correos.

La intervención de la ministra de Hacienda fue la crónica de una película que ya hemos visto. Primero ha puesto sobre la mesa los buenos resultados económicos del país, destacando el récord de empleo. Después ha incidido en que en el PSOE tratan de forma distinta la corrupción, expulsando del partido a las personas investigadas (aunque sin citar a Santos Cerdán ni a José Luis Ábalos). A continuación, ha repasado los casos de corrupción que afectan al PP (Kitchen y Gürtel, principalmente) y ha concluido cargando contra las "mentiras, falsedades y bulos".

Un guion que se ha repetido en las comparecencias de otros miembros del Gobierno. La senadora de UPN, Mar Caballero, azote en la Comisión de investigación del caso Koldo, ha acusado a la ministra de venir a "hablar de su libro, que no lo compra nadie". Incluso Uxúe Barkos, expresidenta de Navarra por Geroa Bai (rama navarra del PNV), se ha mostrado crítica con la comparecencia de la vicepresidenta. "No vale con algo que en la calle está haciendo un daño real, la corrupción. Nada abona más a la ultraderecha que mirar de reojo esos casos de corrupción", ha declarado, y ha recordado que el Gobierno dio permiso a Fernández para trabajar en Servinabar tras salir de la SEPI. "Van a ser la versión 2.0 del rey desnudo", ha aseverado".

Por su parte, Bildu ha deslizado que detrás de todo hay una "operación" para proteger "el régimen del 78", y ERC le ha achacado presumir de una "agenda de regeneración democrática que no ejecutan". Para el socialista Juan Espadas, "volvemos a lo mismo".

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Borja Negrete

Alicia García, portavoz del PP, ha acusado a la ministra de Hacienda de "exportar el fraude de los ERE a toda España": "Ante este caso, en cualquier democracia normal, el ministro pide disculpas y dimite... Sánchez no se rodeó de gestores. Había que exportar el fraude de los ERE a toda España. Más de un mes desde que la UCO registró sus empresas sin dar la cara. De los 8 presidentes de empresas de la SEPI que nombró María Jesús Montero, más de la mitad está involucrado en casos de corrupción".

Sobre Plus Ultra, García ha cuestionado si ha devuelto "un solo euro" del rescate de 53 millones que recibió la aerolínea pese a contar con un solo avión. Montero no ha especificado cuánto dinero ha devuelto, pero ha bosquejado que está en plazo. Sin embargo, la Policía Nacional investiga a Plus Ultra porque habría utilizado el dinero del rescate en una red de blanqueo de capitales. La portavoz del PP ha anunciado que María Jesús Montero será llamada a comparecer en la recién creada comisión de investigación del caso SEPI en el Senado.