La trama Leire trató de extorsionar a BBVA para asaltar el banco: "Hablamos de 8.000 millones"

Los fontaneros del PSOE decidieron exigir una indemnización multimillonaria al BBVA por los pagos de la entidad a José Manuel Villarejo. La reclamación iba a producirse en plena opa contra el Sabadell y pretendía forzar a Carlos Torres y su equipo a negociar el pago de una cantidad para sellar una solución “de forma pactada y no hostil” por la contratación del comisario, según un documento interno de las cloacas de Ferraz al que ha tenido acceso El Confidencial. “Estamos hablando: 7.000-8.000 millones”, refleja el archivo. Su escenario más optimista contemplaba tomar el control absoluto del banco.

El texto fue redactado en el verano de 2024 por Leire Díez Castro, mano derecha de Santos Cerdán en el PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en las subvenciones públicas. Se trata de un listado de todas las operaciones de propaganda y amenazas que los fontaneros de Ferraz tenían en marcha en aquellos meses con la intención de desacreditar e implicar en escándalos a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, periodistas, empresarios y cualquier otro profesional que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera colocado en su punto de mira.

El ataque de Ferraz al BBVA tenía un triple objetivo. Por un lado, Leire Díez y Pérez Dolset querían involucrar a la entidad en la financiación de Kitchen, la trama del Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy para destruir presuntamente pruebas sobre la caja B de Génova. El banco y varios de sus directivos ya están siendo investigados en la Audiencia Nacional por encargar a Villarejo operaciones encubiertas, pero el PP no aparece en esta causa.

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Leire Díez y Pérez Dolset pensaron que meter al BBVA en Kitchen elevaría aún más la importancia del caso y aumentaría la presión sobre el banco. El juicio a la policía del PP arranca en abril y Moncloa confía en que contrarreste las noticias que aparecen diariamente sobre los negocios de Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, entre otros.

"Financiador de operaciones"

Las cloacas del PSOE sólo necesitaban encontrar una forma de vincular a BBVA con Kitchen. “Análisis de situación: de la documentación incautada a Villarejo se dedujo que el BBVA había sido financiador de algunas de las causas que el comisario investigó por orden del PP a través del Ministerio del Interior”, anotaron en el informe. “Además, el BBVA era el autor material de los pagos de gratificaciones de todos los comisarios de España siguiendo las indicaciones de Villarejo con el fin de mantenerles en nómina”, añadieron.

La segunda razón de la ofensiva contra BBVA era la opa contra el Sabadell. En el momento en que la célula del PSOE confeccionó este documento, el proceso de absorción de la entidad catalana ya estaba en marcha. El Gobierno rechazó públicamente la operación para no soliviantar a sus socios de ERC y Junts y desplegó todos los instrumentos legales a su alcance para sabotearla.

Según el informe de las cloacas, Leire Díez y Pérez Dolset hicieron movimientos en esas mismas fechas que se alineaban milimétricamente con los intereses de Moncloa. Para intentar dinamitar la opa, recopilaron documentos y audios sobre las relaciones de BBVA con Villarejo y ofrecieron ese material al Sabadell para que lo usara en su estrategia de defensa. Por esos archivos, los peones de Ferraz exigieron al banco presidido por Josep Oliu un pago de 1 millón de euros, como ya reveló este diario.

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En paralelo, Leire Díez y Pérez Dolset maniobraron para abrir nuevas vías contra BBVA en el caso Villarejo. Desde su óptica, si aumentaba el daño reputacional de la entidad por haber contratado al comisario, la opa acabaría naufragando.

“Nosotros presentamos la denuncia por la reclamación civil y luego el nuevo juez sustituto de García Castellón [instructor del caso Villarejo, que en ese momento acababa de jubilarse] tiene que abrir auto de apertura de juicio oral donde fija las fianzas”, escribieron los fontaneros de Ferraz. “Un matiz importante es que la responsabilidad [de contratar a Villarejo] no es sólo de quien emite la orden sino también del órgano de Gobierno que la respalda, en este caso el Consejo de Administración de BBVA. Es por ello que se solicita fianza al BBVA, a los autores del delito y al Consejo de Administración, que responde con sus bienes y esto puede suponer el fin del actual órgano de Gobierno, opa…”.

Cartera industrial de BBVA

La tercera razón para apuntar a BBVA era la más lucrativa. Leire Díez y Pérez Dolset pretendían exigir al banco una responsabilidad civil multimillonaria que obligara a su cúpula a negociar una salida airosa. Para ello, afirmaron que contaban con el apoyo del Ministerio Público. “Acción por nuestra parte: respaldo de la Fiscalía a esa petición y un interlocutor para solucionar la crisis de BBVA de forma pactada y no hostil”.

Los fontaneros del PSOE manejaban una propuesta estratosférica. “Cifra de la que estamos hablando: 7.000-8.000 millones”. Hasta esos importes podía llegar la reclamación contra la entidad por haber contratado a Villarejo.

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En cualquier caso, según los planes de Leire Díez y Pérez Dolset, la dirección de BBVA acabaría ofreciendo alguna cantidad inferior, aunque suficientemente suculenta, para que sus problemas judiciales no arrecieran en mitad de la opa. “Repercusiones de estas acciones: la más importante es el control del banco, que tiene una de las dos carteras industriales más importantes del país”, concluyeron.

El horizonte de un pelotazo completa el puzzle de una trama que hasta hace unas semanas parecía perseguir únicamente objetivos políticos. Leire Díez está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, junto a Pérez Dolset, por tráfico de influencias y cohecho por orquestar una operación, como desveló El Confidencial, para atacar a los jueces Juan Carlos Peinado y Manuel García Castellón; los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa; y el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, entre muchos otros.

Pero la propia UCO detuvo hace un mes a Leire Díez, en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, por formar presuntamente parte de otro grupo criminal, en compañía del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del socio de Cerdán, Antxon Alonso, que habría aprovechado sus contactos en el Gobierno de Sánchez y administraciones controladas por el PSOE para amañar contratos y subvenciones públicas por un importe total de 132,9 millones de euros. BBVA no fue su primer objetivo.