La defensa de las presuntas víctimas de Julio Iglesias recaba ya denuncias de otras mujeres

La organización Women’s Link Worldwide, que está asesorando a las dos antiguas trabajadoras domésticas de Julio Iglesias que le acusan de agresiones sexuales, ha comenzado ya a recabar denuncias de otras mujeres que han trabajado para el cantante, según desvelaron sus portavoces este miércoles. Sus responsables no ha querido ofrecer más detalles sobre estos nuevos testimonios por "motivos de seguridad".

Según han aclarado su principal preocupación en estos momentos es la protección de las presuntas víctimas a las que quieren salvaguardar, como ha aclarado Jovana Rivas, directora ejecutiva de la organización. "Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las trabajadoras que actualmente siguen empleadas por el denunciado", ha llegado a decir en un punto.

Cualquier declaración que se considere relevante se podrá, eso sí, a disposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha dado los primeros pasos de las diligencias que ha abierto para determinar si los hechos deben ser judicializados. Las diligencias, que han quedado a cargo de la teniente fiscal Marta Durántez, arrancarán con la declaración de Rebeca y Laura (nombres supuestos) a las que se ha otorgado la condición de testigos protegidos.

La ONG ha colocado como delito principal la trata de seres humanos en concurso con el resto de ilícitos que aprecia en los hechos relatados por las dos empleadas: delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, agresión sexual y lesiones. Desde la organización han precisado que no hay fecha prevista para la declaración y que esta podría ser por medios telemáticos.

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La protección de las denunciantes ha sido una de las principales preocupaciones a la hora de impulsar la acción penal, como quedó claro ya desde la misma denuncia. En ella se pidieron hasta cuatro medidas de prevención dirigidas a evitar presiones sobre las presuntas víctimas. Su defensa ha reclamado que se evite "el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares y los sospechosos". Quieren también salvaguardar la intimidad de las dos mujeres y que no se difundan informaciones en las que se las identifique.

"Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección", han aclarado.

Los hechos denunciados de manera oficial por el momento se remontan al año 2021 y fueron desvelados a través de una exclusiva de ElDiario.es en cooperación con Univisión. Una de las dos mujeres, exempleada del servicio doméstico, denuncia que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe, entre otros extremos, penetraciones y otras agresiones como la obligación de realizarle felaciones para calmarle el dolor.

Penetraciones y felaciones forzadas

La otra, fisioterapeuta, asegura que le introdujo la lengua en la boca sin su consentimiento y que le pellizcó con fuerza los pezones hasta hacerle daño. Relata además continuos insultos. Ambas explican que aguantaron durante unos meses por temor a perder su trabajo debido a la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaban. Durante la pandemia del covid que estalló antes de su contratación llegaron incluso a pasar hambre, explica una de ellas.

La organización considera que los hechos debían ser puestos en conocimiento de la Fiscalía de España y no de República Dominicana porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional por el principio de extraterritorialidad. "Se aplica especialmente además a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado. Concretamente, el Convenio de Varsovia, que es el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata, y el convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de los que España es parte", ha explicado.

A partir de ahora la Fiscalía dispone de seis meses para judicializar la causa que se pueden extender otros seis meses más. En caso de que el Ministerio Público decida no actuar, las denunciantes pondrán querellarse de forma independiente.