Todas las CCAA, salvo Cataluña, se oponen a la nueva financiación: "Montero tiene que recapacitar"

La reunión de más de cuatro horas entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las comunidades autónomas para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica que el Gobierno pactó en primera instancia con ERC se ha saldado, como era previsible, sin acuerdo. La cita tenía carácter informativo, pero ha servido al Gobierno para constatar que todas las regiones, salvo Cataluña, se oponen o recelan del modelo.

Los territorios gobernados por el PP ya acudían a la reunión en pie de guerra. En el primer partido de la oposición, que controla la mayor parte del terrtorio, mantienen un rechazo frontal y unitario al modelo del Gobierno, pero no están solos en esa afrenta. Porque ni Castilla-La Mancha ni Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, apoyan la propuesta de María Jesús Montero. "No ha dejado contenta a ninguna comunidad, salvo a Cataluña", apuntó, por ejemplo, el consejero gallego, Miguel Corgos.

La propuesta que Sánchez acordó con Junqueras la semana pasada sale de la mesa multilateral sin respaldo. El Gobierno cuenta con el único apoyo de Salvador Illa. País Vasco y Navarra, las dos comunidades forales, quedan fuera del nuevo reparto formulado por el Gobierno, por lo que sólo son observadores de las nuevas negociaciones. "Lo que todas las comunidades le hemos pedido a Montero es que tiene que recapacitar", reveló el responsable de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín.

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La vicepresidenta primera del Gobierno ha planteado un órdago dirigido a las comunidades del PP: a puerta cerrada, Montero aseguró que la adscripción al nuevo sistema será "voluntaria", por lo que serán los territorios los que puedan decidir libremente si aplican el modelo pactado con ERC —que cuenta con más recursos— o se quedan con el actual. Se trata de un intento del Gobierno por dividir el PP, consciente de las diferencias internas en el partido de Feijóo y la ausencia de un modelo unitario. Ni Génova ni las CCAA del PP aclaran cuál sería su posición llegado ese punto. Creen que la reforma ni siquiera superará el trámite en el Congreso.

Falta de información

Otro punto en el que han incidido todas las comunidades autonómas, sin importar el signo, es en la falta de transparencia en la propuesta del Ejecutivo. Las regiones han salido de la reunión con Montero como entraron, "sin ningún papel". "Es inaudito", denunció el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la entrada del encuentro. "En la historia de la financiación autonómica, nunca antes se había abordado una reforma sin disponer de datos precisos", ahondó.

Emiliano García-Page ha elevado notablemente el tono contra Pedro Sánchez en los últimos días, hasta el punto de reclamar elecciones generales por el "atropello" que, a su juicio, implica el sistema pactado con ERC. "Nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios", agregó este miércoles el consejero de Page. Apuntó a que el principio de ordinalidad, que el Ejecutivo blinda exclusivamente para Cataluña, implica una "línea roja" para Castilla-La Mancha.

Es la misma expresión que empleó el pasado lunes la vicepresidenta del gobierno de Asturias, el otro gran bastión del PSOE presidido por Adrián Barbón. Gimena Llamedo aseguró que al Principado no le gustaron "las formas" con que se ha alumbrado el nuevo modelo de financiación, y advirtió a Montero que su región tampoco aceptaría "un plato precocinado".

La falta de información sobre la financiación por habitante ajustado que van a recibir y su posición en el ranking dificulta que las comunidades valoren al detalle la propuesta. "Hoy la ministra ha venido a hacerse la foto con todas las comunidades, porque no nos han aportado ningún dato nuevo", censuró a la salida José Antonio Rovira, el consejero valenciano. "Ni una métrica, ni un dato técnico, ni información objetivamente cuantificada", denunció también su homólogo murciano.

La Comunidad Valenciana, al igual que la Región de Murcia, necesita urgentemente esta reforma de la financiación autonómica para corregir su infrafinanciación. Ambas regiones pasarían a estar por encima de la media nacional en financiación por habitante, al igual que Castilla-La Mancha. Sin embargo, Galicia, Baleares, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Asturias pasarían a quedarse por debajo. De ahí que el Gobierno intente buscar grietas en las filas del PP, que Feijóo intentará evitar. Este fin de semana ha convocado a todos sus barones a una cumbre en Zaragoza para blindar una posición unitaria.

Salvo Cataluña, todas las comunidades autónomas se quejan de que Montero no haya concretado los detalles del nuevo sistema. No se sabe, por ejemplo, de cómo queda el cálculo del habitante ajustado; tampoco se conoce cómo el cálculo de la recaudación normativa de los impuestos cedidos que se incorporan a la cesta de la financiación autonómica (patrimonio, depósitos bancarios, juego y residuos).

El Ministerio de Hacienda ha rechazado, hasta el momento, ofrecer los datos de cómo queda la financiación por habitante ajustado con el argumento de no fomentar “agravios territoriales”. Durante la reunión del Consejo de Política Territorial y Financiera, Montero ha anunciado también que iniciará una ronda de contactos con encuentros bilaterales con las comunidades autónomas para discutir los pormenores técnicos.

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Aunque el rechazo ha sido global desde el momento en que se anunció el acuerdo con ERC, lo cierto es que han existido ciertos matices discursivos dentro del PP. Hasta este miércoles, la Comunidad Valenciana había evitado cuestionar el fondo de la propuesta, quedándose en una crítica por las formas y por el pacto bilateral con Cataluña. Pero, tras la reunión, su tono también se ha endurecido. "La ministra Montero ha intentado establecer un chantaje", denunció Rovira tras la cita, que aseguró además que la ministra no había dado "una contestación clara" a su petición de crear un fondo transitorio.

Madrid, Murcia, Extremadura o Galicia también cargaron también duramente las tintas contra el Gobierno. "Vamos a utilizar todas las armas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para combatir esta desigualdad", anunció la consejera extremeña, Elena Manzano, en línea con la hoja de ruta que seguirán buena parte de las regiones populares. Territorios como Andalucía, Galicia o Baleares, por su parte, optan por la prudencia.

"Lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado (...). Ya les digo que la Comunidad de Madrid ni lo va a aceptar ni mucho menos lo va a sufragar", lanzó la responsable de Hacienda de Ayuso, Rocío Albert. Las críticas también llovieron desde el gobierno andaluz, a pesar de que la propuesta deja bien parada a Andalucía y supera a Cataluña en la percepción de fondos en términos absolutos.

Su consejera, Carolina España, denunció a las puertas del CPFF que lo que quiere Sánchez es dar "champán y caviar al independentismo" y "un menú del día sin postre al resto de los españoles". Al igual que el resto de regiones, denunció que el Gobierno no haya facilitado "el detalle" del modelo, pero ya avanzó una postura "absolutamente en contra" del "ataque a la autonomía fiscal" de las comunidades. "Es un insulto a la inteligencia de los andaluces", resumió.