Nuevo pulso para expulsar totalmente a García Ortiz de la Fiscalía con amenaza de denuncia

Las consecuencias de la condena del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz están al borde de provocar un nuevo pulso. Diversas fuentes apuntan que su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, ha evitado que las sufra en toda su extensión. En aplicación literal de las normas que regulan el funcionamiento del Ministerio Público, la pena firme de inhabilitación por revelación de datos reservados impuesta por el TS amenazaba con ir más allá del solo efecto sobre el cargo de jefe de la Fiscalía durante el tiempo estipulado, dos años, para extenderse al ejercicio completo de la función de fiscal de forma permanente. No obstante, la Inspección Fiscal y la nueva fiscal general han considerado que no son aplicables al caso y ordenado su reingreso en la carrera.

Casi dos meses después del fallo, los pasos dados hasta ahora por el afectado confirman que García Ortiz se quedará en la carrera. La defensa que ejerce la Abogacía del Estado quiere que el Supremo establezca una suspensión de condena que le daría unas semanas más de aire y, mientras tanto, el exfiscal general ha encontrado acomodo en la Sección Social de la Fiscalía del TS, donde se refugiará "hasta que escampe", lo describe una de las fuentes consultadas.

Mientras esto sucede, ya hay quien asegura que habrá fiscales que no se conformarán. Diversas fuentes jurídicas dicen que la negativa de Peramato a formalizar la expulsión o a aplicar una lectura más benevolente de las normas que saldara la cuestión con una suspensión temporal son inadmisibles, e incluso directamente ilegales. Auguran que se presentarán nuevas denuncias ante el Tribunal Supremo que tendría, así, a la larga la última palabra sobre este asunto.

La salida definitiva de García Ortiz de la carrera debería ser una consecuencia inmediata de la pena de inhabilitación impuesta, asegura este sector. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla en su artículo 46 las causas de pérdida de la condición de fiscal, que incluyen no solo la renuncia, pérdida de nacionalidad, sanción disciplinaria de separación y el haber incurrido en causas de incapacidad o incompatibilidad, sino también la existencia de una condena de inhabilitación para cargos públicos. Se establecen con ellas los motivos por los que un fiscal deja de serlo y no puede volver a ejercer. Nunca.

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Por otro lado, el Reglamento de la Fiscalía, en su artículo 32.4 especifica como causa de pérdida de la condición que se haya impuesto una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso. Solo en aquellos casos en los que la condena sea inferior a los seis meses, la persona titular de la Fiscalía General del Estado tiene la opción de sustituir la expulsión por una sanción de suspensión. En el caso de García Ortiz, ese límite temporal no se cumple.

La condena impuesta obligaba así a la Fiscalía y a su nueva jefa Peramato a abrir un expediente como sucedería con cualquier otro fiscal condenado. En cuanto a cómo se aplica esta pérdida de condición, el artículo 34 señala que, debe firmarla "la persona titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado", previo informe favorable del Consejo Fiscal, "mediante la instrucción del correspondiente expediente disciplinario". Saldado ya este trámite, la decisión final ha implicado valorar, como detalla El Español, que el alcance de la condena fue establecida por el Supremo de forma específica para el puesto de fiscal general, sin que se hiciera extensiva a otros cargos públicos.

La mirada en el Constitucional

Mientras tanto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han reclamado la nulidad de la sentencia y, con ello, ha subido el último escalón para agotar la vía jurisdiccional y para poder presentar un recurso de amparo después ante el Tribunal Constitucional. De forma casual, esta misma semana el TC aborda un asunto vinculado directamente con las decisiones discrecionales de los fiscales generales.

Curiosamente, el asunto retrata, de nuevo, la disparidad de pareceres entre un tribunal y otro. El Constitucional se ha puesto en él del lado de la Fiscalía General del Estado, en lo que el sector conservador considera una forma de preparar el terreno para lo que pueda suceder en el futuro. Se trata del nombramiento por parte de la fiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, del fiscal Eduardo Esteban para fiscal de Sala coordinador de Menores.

El Supremo anuló por primera vez el nombramiento de Esteban en abril de 2022 alegando falta de motivación en su designación y una menor experiencia profesional que la acreditada por el otro aspirante a la plaza: el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, que ya era fiscal de la máxima categoría y estaba especializado en Menores. Sin embargo, Delgado volvió a nombrarlo y el Supremo anuló por segunda vez la decisión, advirtiendo que las preferencias personales de la fiscal general deben ser "ajustadas a Derecho". La ponencia de Sáez estima que el nombramiento era legítimo al tratarse, precisamente, de una decisión discrecional.

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El Pleno del Tribunal Constitucional deliberará sobre los recursos de amparo presentados por el afectado y, en concreto, sobre la propuesta del magistrado ponente, Ramón Sáez Valcárcel, de admitirlos y quitarle la razón al TS. Conde-Pumpido se abstuvo de participar en decisiones del TC que afectaban a Esteban, debido a que este fue subordinado suyo en la Fiscalía General.