El Gobierno registra un récord de 1.626 reclamaciones en Transparencia por ocultar información

Récord de opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista es el que más reclamaciones ha recibido por ocultar información ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El ente público no ha cerrado todavía su estadística final de 2025 a falta de los datos correspondientes a diciembre y aun así, al Gobierno de Sánchez le han valido 11 meses para batir el récord histórico por reclamaciones por falta de transparencia: un total de 1.626.

Son 229 reclamaciones más que en todo 2024, cuando se alcanzaron las 1.397. Desde la entrada en vigor de la ley de transparencia, en diciembre de 2014, el número de solicitudes de información denegadas que ha llevado a los ciudadanos a acudir al Consejo de Transparencia no ha dejado de crecer. Sin embargo, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, el crecimiento ha sido exponencial.

En 2018, cuando comenzó la Presidencia de Sánchez tras la moción de censura a Rajoy, el CTBG registró 755 reclamaciones. Es decir, que desde entonces el incremento ha sido del 215%, casi 1.000 más que cuando empezó a presidir Sánchez. Estas reclamaciones se producen cuando los ciudadanos solicitan información de ámbito estatal a la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal y no son respondidas.

De las 1.626 reclamaciones de 2025, han sido admitidas a trámite por el Consejo de Transparencia un total de 1.274. De las mismas, el 62% fueron estimadas por el ente público, dando la razón al ciudadano frente al Gobierno central. Estas 905 reclamaciones estimadas entre enero y noviembre de 2025 casi igualan el total de 2024, cuando se alcanzaron las 943.

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Según los datos del CTBG, cerca del 45% de las reclamaciones que los ciudadanos interponen vienen motivadas por el silencio del Ejecutivo ante sus solicitudes de información. Mientras Sánchez anuncia una nueva web de Transparencia, la realidad es que las peticiones de información siguen acumulándose por centenares en las puertas de la Moncloa. Entre los asuntos que el Gobierno esquiva se encuentra el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, el nombre de los asesores que trabajan para el presidente y sus ministros (más de 900) o los viajes de los altos cargos del equipo de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Una de las estrategias habituales del Ejecutivo para no responder a la información solicitada es acudir a la ley de secretos oficiales, una norma del franquismo (1968) que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha propuesto reformar en la ley de información clasificada. Un proyecto legislativo que duerme en el cajón de la Mesa del Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista carece en la actualidad de apoyos para su tramitación.

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Otra de las costumbres del Gobierno para evadir preguntas incómodas es, directamente, sostener un silencio indefinido. El Consejo de Transparencia no tiene la capacidad de sancionar al Ejecutivo, solo de instar a que dé respuesta a las preguntas de los ciudadanos según los criterios de la ley vigente. Por ello, numerosas reclamaciones estimadas por el CTBG quedan en el limbo por iniciativa del Gobierno.

Muchas promesas y malas 'notas'

En materia de transparencia y buen gobierno, el Gobierno se ha convertido en el mal alumno que suspende los exámenes, pero promete a sus padres resultados espectaculares el próximo semestre. En los últimos tiempos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un Plan de acción por la democracia y un Plan de lucha contra la corrupción en los que apenas se ha avanzado por falta de apoyos parlamentarios y de voluntad en aquellas medidas que conciernen solo al Ejecutivo.

Por ejemplo, en lo que corresponde a la identidad de los asesores, el Gobierno sigue sin implementar las recomendaciones del Consejo de Europa para que se hagan públicos los nombres y remuneración de los más de 900 que prestan servicio a Sánchez y sus ministros.

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El Gobierno también sigue sin hacer caso a las indicaciones de la Comisión Europea en materia de publicidad institucional. En su último informe sobre el Estado de derecho en nuestro país, criticó con rotundidad que la publicidad institucional sigue siendo opaca en nuestro país a pesar "del aumento del número de campañas publicitarias". "La falta de información sobre los beneficiarios finales de la publicidad institucional dificulta la evaluación de la repercusión de la publicidad y las campañas comerciales institucionales en el mercado de los medios de comunicación", subraya. Esta opacidad coincide con "una tendencia al alza en el número de campañas institucionales estatales y en su coste": en el Plan 2025 de Publicidad y Comunicación Institucional se han contemplado 161,2 millones de euros para 146 campañas.

El Gobierno de Sánchez tampoco ha cumplido con ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, como indicó en su último informe.