Sánchez prepara su campaña y reta al PP: nueva financiación o peores servicios públicos

Con el ciclo electoral estrenado ya en Extremadura, el Gobierno comienza a cabalgar hacia las próximas elecciones generales a lomos de la nueva financiación autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece este viernes los detalles de la reforma, que básicamente consisten en que el Estado renuncia a parte de sus ingresos y los cede a las comunidades. Un reparto más copioso, que solo es posible por los datos de crecimiento económico y el aumento de la recaudación.

Cataluña ya sabe que le corresponden 4.700 millones más. No es casualidad que el nuevo modelo sea fruto de un acuerdo con ERC, que prestó sus votos para la investidura de Pedro Sánchez y para la de Salvador Illa, a cambio de un sistema más beneficioso para la Generalitat. El líder republicano pisó este jueves la Moncloa por primera vez para mantener un encuentro con el presidente. Con la legislatura monopolizada por los continuos gestos a Junts, Sánchez concedió a Junqueras el anuncio de que el nuevo sistema de financiación estaba hecho.

De entrada, esta política de comunicación va en contra de los intereses del Gobierno, que debe contrarrestar ahora el argumento de que es un traje a medida de Cataluña. Pero la Moncloa ya tiene hilvanado su propio discurso, con el objetivo de erosionar al PP.

La llegada de Óscar López a la secretaría general del PSOE de Madrid supuso un aumento de los ataques contra Isabel Díaz Ayuso, muy focalizados en la "privatización de la sanidad" y en que los servicios públicos "no pueden convertirse en negocio", que de manera coral ha repetido todo el Gobierno. La crisis de los cribados amplió este relato a Andalucía para convertirlo en una característica genuina de la gestión del PP, que obvia la fuerte dependencia que Cataluña tiene históricamente del sector privado.

TE PUEDE INTERESAR

Junqueras anuncia un acuerdo con Sánchez para un modelo de financiación autonómica con ordinalidad

Javier Jorrín Marisol Hernández

Desde hace meses, el presidente del Gobierno lidera personalmente este alegato electoral. Junto con una nueva activación del miedo a un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal, el segundo eje de campaña será la defensa a ultranza de los servicios públicos.

Sánchez suele insistir en la idea de que en sus siete años de Gobierno ha dado a las comunidades 300.000 millones más que les proporcionó Mariano Rajoy, y eso no se ha traducido en una mayor inversión en la educación y la sanidad pública en las autonomías del PP. "Les damos más recursos que nunca y no mejoran los servicios", recalcan en el Ejecutivo.

La nueva financiación les proporciona ahora la oportunidad de incidir sobre este mantra. La Moncloa ya ha apuntado en esa dirección en su primera valoración sobre el alumbramiento del nuevo sistema: "El Gobierno progresista quiere más sanidad y más educación pública, más ayudas para la ciudadanía y para eso necesitamos CCAA mejor financiadas".

TE PUEDE INTERESAR

Hacienda tiene lista la nueva financiación autonómica y espera la luz verde de Sánchez

Marcos Lamelas. Barcelona Javier Jorrín

El mensaje supone el complemento de la lucha ideológica contra la derecha y la ultraderecha. Los socialistas utilizarán ahora la cifra de aumento de la financiación de cada autonomía en una baza electoral, en los tres comicios convocados hasta el verano (las elecciones del 8 de febrero en Aragón, las de Castilla y León de marzo y las andaluzas de mayo o junio). Muy resumido, el Gobierno ofrece más dinero y el PP se niega a apoyarlo. En puridad no es realista. La lluvia de millones solo será posible si el Ejecutivo de coalición consigue aprobar la reforma en el Congreso. Y, por ahora Junts, cuyo voto es imprescindible, se muestra muy esquivo.

Para Pilar Alegría, con una difícil papeleta en Aragón, la nueva financiación puede ser un balón de oxígeno pero tiene también un reverso por el hecho de que es un compromiso con ERC. En la Moncloa reconocen que deben lidiar con esta dificultad pero asumen el "reto comunicativo" porque, señalan, "no es cierto que se privilegie a Cataluña".

Lo cierto es que el acuerdo sobre el nuevo modelo, tras el que están Hacienda, ERC y Salvador Illa, es solo la primera parte de lo pactado. Queda aún por implementar la cesión del IRPF, sobre lo que todavía no existe consenso y que supone un mayor problema político para Sánchez.