Sánchez oculta el informe de cumplimiento legislativo al que se comprometió tras sus cinco días de reflexión

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reducir las prácticas de transparencia y rendición de cuentas de las que presumió en la anterior legislatura y ya no publica el informe semestral sobre el cumplimiento de sus compromisos adquiridos. Esta decisión, que se volvió a producir en la rueda de prensa de balance de final del año 2025, no sólo supone un cambio en su modo de actuar, sino la vulneración del Plan de Acción Democrática aprobado tras los cinco días de reflexión que Sánchez se tomó en abril de 2024 y el incumplimiento de lo establecido en uno de los últimos anteproyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros, el de Administración Abierta (2025).

Como es tradicional desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno convocó a la prensa a finales de año para realizar el balance de final de año. La novedad principal es que no lo hizo el último día laborable del año, sino que lo adelantó al 15 de diciembre, lo que propició la apertura de un expediente de la Junta Electoral Central (JEC) por saltarse la obligación legal de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral, al ofrecer una comparecencia en la última semana de la campaña de las elecciones extremeñas.

En la pasada legislatura, Sánchez institucionalizó la presentación de un informe sobre rendición de cuentas de los compromisos gubernamentales, que bautizó como 'Informe Cumpliendo' y que no solo se publicaba a final de año, sino también antes de las vacaciones de verano. Así fue en julio y diciembre de 2021 y 2022, lo que permitía al Gobierno poner una cifra a su labor y a la prensa cotejarlo, porque los datos venían soportados por una tabla en formato abierto en la que se listaban todos los compromisos y se aportaba la consideración de grado de cumplimiento que el Ejecutivo adjudicaba a cada uno. Era un buen ejercicio de capacidad ejecutiva y de transparencia.

Sin embargo, y a pesar de que el pasado 15 de diciembre el presidente compareció ante un enorme rótulo en el que se podía leer la palabra “cumpliendo”, el Gobierno no presentó el informe, algo que ya es costumbre en esta legislatura, marcada por la escasa capacidad legislativa y por una creciente falta de transparencia. Todo ello a pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó el Plan de Acción por la Democracia y ya en 2025 se está tramitando el anteproyecto de ley de Administración Abierta. En ambos se aborda la rendición de cuentas.

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Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una nueva batería de preguntas formuladas al Ejecutivo para reclamar esa información, que los diputados Álvaro Pérez, Ángel Ibáñez y Macarena Montesinos entienden “básica para ejercer la fiscalización de su actividad”. Esta iniciativa se une a dos anteriores en las que el resultado fue, según denuncian, “infructuosos”.

Los diputados populares también ponen el foco en los motivos que, según su criterio, han llevado al Gobierno “a rebajar el nivel de transparencia y rendición de cuentas de dichos informes con respecto a la legislatura anterior al dejar de hacer pública la tabla en la que se detallaba el nivel de cumplimiento que el Ejecutivo asignaba a cada compromiso”.

Rediseño metodológico

Los diputados explican que en la actual legislatura el sistema ha cambiado y la tabla de datos ha desaparecido, tal y como reconoció el Gobierno en la respuesta a las preguntas escritas anteriormente referidas: "El informe Cumpliendo fue objeto de un rediseño metodológico con respecto a la anterior legislatura (...) Sus documentos no reflejan, por tanto, el cumplimiento de los compromisos en términos porcentuales de compromisos cumplidos, en proceso y no iniciados, como se venía realizando en la anterior legislatura y se contemplaba en las Bases Metodológicas del 2020-2022".

La nueva ley de Administración Abierta obliga a rendir cuentas cada seis meses sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos

El PP va un paso más allá en su denuncia, al añadir a esta “rebaja en los estándares de transparencia” la supresión de la denominada Unidad de Rendición de Cuentas que existía en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Este departamento, creado en noviembre de 2023, no llegó a durar un año y fue suprimido en septiembre de 2024.

No obstante, tal y como recuerdan Pérez, Ibáñez y Montesinos, a pesar del cambio metodológico, de la desaparición de la Unidad y de la merma en la transparencia de los datos publicados, la nota de prensa distribuida por la Moncloa en julio de 2025 contenía de nuevo un dato de cumplimiento de objetivos: "El Gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar 42 leyes y ha cumplido el 45% de los 200 compromisos que adquirió con la ciudadanía en 2023". Sin embargo, en la última rueda de prensa de la serie 'Cumpliendo', la del 15 de diciembre, el presidente Sánchez evitó mencionar dato alguno sobre el porcentaje de compromisos cumplidos.

Cinco días de reflexión

Tras los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024, el presidente del Gobierno se erigió en defensor del modelo democrático. Cinco meses después aprobó el denominado Plan de Acción por la Democracia, que considera “obligatoria” la rendición de cuentas y señala que “el proyecto más relevante en esta materia es el informe ‘Cumpliendo’”. Es más, Moncloa explica en ese plan que "este programa identifica los compromisos que asume el Gobierno mostrando cada seis meses las medidas desarrolladas para cumplirlos, así como los avances y resultados producidos" y proponiendo generalizar el modelo a todas las administraciones públicas españolas mediante una obligación legal.

Opinión

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Eso no es todo. Ya en 2025, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, en cuyo artículo 61 afirma lo siguiente: "Las administraciones públicas rendirán cuentas de forma transparente sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con carácter semestral a través de los portales establecidos o que se establezcan al efecto".

Por ello, los diputados populares plantean una última pregunta: “¿Por qué motivo el Gobierno de España ha impulsado un 'Plan de Acción por la Democracia' y un anteproyecto de Ley de Administración Abierta que recogen una obligación de transparencia para otras administraciones públicas que el propio Gobierno que los impulsa es incapaz de cumplir para sí mismo?”.