El Gobierno se desmarca y atribuye a Cerdán el fichaje del expresidente de la SEPI en Servinabar

El 12 de junio de 2025, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil liquidó políticamente a Santos Cerdán. Pedro Sánchez le había defendido con denuedo durante semanas, pero ese día, cuando lo citó en la Moncloa para pedirle explicaciones, fue consciente de que había confiado en otro presunto delincuente. El presidente de hielo ha demostrado tener profundas dependencias emocionales.

Su secretario de Organización y hombre de absoluta confianza, a quien llamaba varias veces al día, le había hecho creer que los jueces también iban a por él, al igual que, asume Sánchez, persiguen a su propia familia. Los indicios en su contra eran muy sólidos, pero Cerdán mantuvo intacta su historia. La voz de las grabaciones no era la suya y la única explicación plausible era que hubiese sido generada con inteligencia artificial (IA). Esta vez Sánchez no se lo tragó. Tampoco nadie en la cúpula del PSOE y del Gobierno.

Cuando volvió a Ferraz, todos los que días antes habían escuchado quejarse de las informaciones sobre él y le creyeron, percibieron que su actitud ya era la de alguien "culpable". El ex número tres del PSOE insiste en su inocencia mientras trata de echar por tierra la veracidad de las conversaciones.

En el Ejecutivo nadie alberga ya dudas de que cobró comisiones por presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas. Y aunque él lo desmiente, también ven su sombra en la nueva trama que implica al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a Leire Díez y al socio de Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

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En su comparecencia en el Senado, negó que él fuera quien colocara a Fernández en esta pequeña empresa navarra, que aumentó un 75% sus ingresos por su colaboración con Acciona, que tiene a algunos de sus directivos investigados. En la Moncloa piensan que esto es mentira y le atribuyen a él su fichaje. El expresidente de la SEPI, apuntan, era un "tipo muy listo" y esta característica no pudo pasar desapercibida para Santos Cerdán. Por la pátina de credibilidad que podía darle a Servinabar y por su propia red de contactos empresariales.

Además, inicialmente fue un hombre de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo aupó a la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En una reciente entrevista en Radio Sevilla, Montero, que asegura no tener contacto con él desde hace seis años, admitió que "tenía y tiene un currículum inmejorable en materia profesional". Había sido antes interventor general y secretario general de Industria en la Junta de Andalucía con el PSOE. Pero, tras su salto a la Administración general en junio de 2018, se vio obligado a dimitir en noviembre de 2019 al ser imputado en el caso de la concesión de la mina en Aznalcóllar.

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Dos años después, tramitó ante la Oficina de Conflictos de Intereses el permiso para trabajar en Servinabar y a la vez en Martínez Escribano Abogados y Economistas, que representa al PP andaluz en macrocausas como los ERE. Esta incomprensible dualidad no fue óbice para que pasara a formar parte de la órbita del exsecretario de Organización del PSOE, según la tesis que manejan en el Ejecutivo.

El Gobierno se escuda en que la investigación contra Fernández no afecta al tiempo que pasó en la SEPI. Consideran que la Guardia Civil "está tirando" de Servinabar, de toda la documentación que encontró en el registro, y que esta empresa es el epicentro de la corrupción que cerca a Cerdán y que conecta las dos tramas, la que le implica directamente a él y a Acciona y la que salpica de manera más personal a su socio, al expresidente de la SEPI y a Leire Díez.

De Díez, conocida como la fontanera de las cloacas del PSOE, por dedicarse a buscar datos comprometedores sobre la Guardia Civil y sobre jueces y fiscales que actuaran contra los socialistas, también se desentienden. Opinan que fue "otra pieza de Santos Cerdán".

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Una impresión que parece confirmar varias circunstancias. Una, su reunión con el exsecretario de Organización, después de que los audios sobre sus maniobras, desvelados por este periódico, obligaran a Ferraz a abrir un expediente informativo contra ella. Cerdán vendió que había presentado su baja voluntaria, pero Sánchez desveló después que fue obligada a dimitir.

Dos, la contratación de uno de los abogados que colaboraba con ella para conseguir información, Jacobo Teijelo. Y tres, la defensa que hizo de Leire Díez en el Senado, en la misma línea de la petición de respeto que realizó sobre su mujer.

Todo esto lleva a pensar que la relación entre ellos era mucho más estrecha de lo que el ex número tres reconoció nunca. Pero la pregunta latente siempre es la misma. Cómo nadie en Ferraz o en la Moncloa sabía nada de los movimientos de Cerdán o de lo que sucedía con él y con José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.