Mambo electoral en 2026: de lo fijo a lo probable

En España nos hemos acostumbrado a hablar de ciclos electorales porque en ocasiones recientes se concentraron las elecciones en todos los niveles en un espacio temporal reducido. Por ejemplo, entre febrero de 2022 y mayo de 2024 se votaron en convocatorias sucesivas los 17 parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado, todos los ayuntamientos del país y nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Además, la obligada repetición de las elecciones generales en 2015-2016 y en 2019, acompañadas de otras convocatorias, creó una sensación de saturación electoral.

Han transcurrido más de 20 meses sin que se abra una urna, pese a vivir uno de los períodos más convulsos de nuestra historia democrática, caracterizado por la ausencia de mayorías estables, la polarización y la precariedad institucional. No sólo el Gobierno de España se sostiene en condiciones de fragilidad extrema y con alianzas extravagantes; algo parecido ocurre en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las mayorías absolutas son la excepción; y, desde que en los laboratorios de la política se decidió sabotear estratégicamente la concertación en el espacio de la centralidad donde se forjan los consensos, la norma es la incertidumbre institucional, los pactos quebradizos con fuerzas extrasistémicas y la dificultad para desarrollar programas de gobierno o hacer algo tan normal como presentar y aprobar presupuestos.

Quizá por ello pueda hablarse de un estado de necesidad electoral, entendida como el deseo de recurrir de nuevo a las urnas por ver si es posible por esa vía restablecer la normalidad en el funcionamiento del sistema político.

Expresiones de esa situación son el hecho de que, habiendo transcurrido tan sólo la mitad de la legislatura nacional, la manifiesta parálisis del Parlamento y el Gobierno elegidos en 2023 hace que dos de cada tres ciudadanos reclamen la convocatoria inmediata de elecciones generales. O que el PP, hegemónico en el poder territorial, disponga un desfile de elecciones autonómicas instrumentales para debilitar aún más la posición del Gobierno central y forzar un adelanto de las generales.

Aun así, hay otro elemento que alimenta la tensión electoral: la consciencia generalizada de que se ha consumado un cambio en las tendencias de voto que altera los equilibrios preexistentes. De ahí nacen el fervoroso afán de la oposición por ver plasmada cuanto antes la nueva corriente de opinión en el reparto del poder a nivel nacional y la resistencia numantina del Gobierno a abrir esa puerta. El diagnóstico en cuanto a la dirección del viento es común, pero no el sentimiento: unos ven próxima la victoria y la quieren ya, mientras otros sienten el aliento de la derrota y buscan postergarla a toda costa.

El calendario electoral de 2026

En principio, en el año 2026 sólo deberían celebrarse dos elecciones: las autonómicas de Castilla y León y las de Andalucía. Ambas concluyen sus respectivas legislaturas. En Castilla y León se constatará que ese es territorio conservador y en Andalucía que el PP ha llegado al poder de la Junta para quedarse durante mucho tiempo. En ambas se medirá la profundidad del desplome del PSOE y la aceleración del ascenso de Vox.

En Castilla y León se constatará que ese es territorio conservador y en Andalucía que el PP ha llegado al poder de la Junta para quedarse

Pero confluyeron tres circunstancias que modificaron el panorama. En primer lugar, el PSOE se vio anegado por una marea de casos de corrupción —corrupción convencional de golfos apandadores y corrupción sexual de políticos rijosos—que levantó una oleada de indignación en la sociedad y de desmoralización (en el doble sentido de la palabra) en el interior del partido de Sánchez.

En segundo lugar, Puigdemont sintió la necesidad de romper con Sánchez. En parte porque este ya le ha entregado todo lo que está en su mano ceder, y lo que no ha entregado es porque no depende de él; y en parte porque siente en sus carnes la amenaza de Aliança Catalana, un partido más genuino que Junts en su doble dimensión independentista y reaccionaria. Eso y el deseo de Pablo Iglesias de vengarse de Yolanda Díaz y recuperar el trono de la izquierda destituyente dejaron definitivamente a Sánchez en la desnudez de una impotente minoría parlamentaria, evaporada la fantasía del “somos más”. Lo que le queda a esta legislatura serían, en el mejor de los casos, unos larguísimos minutos de la basura.

Tercero, en Génova descubrieron que ocupan once presidencias autonómicas y que todas ellas son firmes; si algo las amenaza es el crecimiento de Vox y no la anemia a la que Sánchez ha condenado a su propio partido. Así pues, se podría sembrar el año 26 de convocatorias electorales que desembocarían en un reforzamiento de la hegemonía electoral de la derecha y una serie de golpes en el hígado del sanchismo.

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Ahora bien, esto tiene una limitación legal. Ciertamente, todos los presidentes autonómicos tienen la potestad de adelantar sus elecciones. Pero en varios estatutos se incluyó en su día la doble absurdidad de no poder disolver en el último año de la legislatura autonómica y que, en el caso de elecciones anticipadas, “la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria”.

Esto significa que en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y La Rioja no podría disolverse el Parlamento regional a partir de mayo de 2026; y si la convocatoria se produjera antes, ello abocaría a una legislatura mínima, porque en todo caso habría que volver a votar en mayo de 2027. Cinco de esas siete comunidades están gobernadas por el PP, por lo que una convocatoria anticipada en ellas resultaría del todo impertinente. Quedan Aragón, Extremadura, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde no rige esa regla; y Castilla y León y Andalucía, donde las elecciones en 2026 son preceptivas.

Hay razones distintas que desaconsejan al PP una convocatoria anticipada en Galicia, en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Por tanto, con las elecciones de Extremadura y Aragón, Feijóo ha empleado todo su arsenal disponible en este aspecto.

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Así las cosas, los próximos seis meses se han jalonado con cuatro elecciones autonómicas de victoria segura del PP y derrota desastrosa del PSOE, en confluencia con el asedio judicial, los escándalos de todo tipo que rodean a La Moncloa por los cuatro puntos cardinales (y los que están por estallar) y el peso abrumador de su impotencia parlamentaria, mientras aumentan los incentivos para que sus socios consideren si les conviene buscarse la vida por su cuenta o enterrarse en la pirámide con el faraón.

Todo ello conduciría a dos finales posibles: uno en el que Sánchez se viera obligado a convocar las elecciones generales y pelear en ellas por una derrota digna que le deje un futuro abierto, y otro en el que las cosas y los casos —sobre todo, los casos— evolucionen de tal modo que ni siquiera pueda presentarse como candidato.

En resumen: tenemos cuatro elecciones autonómicas en cuatro territorios que ocupan el 53% del territorio nacional y en los que habita un tercio de la población española, además de una alta probabilidad de que en algún momento del año se convoquen elecciones generales. En mayo de 2027 votarían las demás comunidades del régimen común junto con los 8.000 ayuntamientos; y, salvo terremotos políticos, quedarían para 2028 las tres comunidades “singulares” (Cataluña, País Vasco, Galicia) y para 2029 el Parlamento Europeo. Además de las ya convocadas, sólo son legalmente inamovibles las municipales y las europeas. Las demás dependen de la voluntad política de los presidentes respectivos.

Tenemos cuatro elecciones en cuatro territorios que ocupan el 53% del país y donde habita un tercio de los españoles

Extremadura y Andalucía fueron las dos fortalezas electorales más sólidas del Partido Socialista. Ambas cayeron víctimas de la piqueta sanchista y ahora se consolidará esa transformación, como acaba de suceder en la primera. En Castilla y León sólo está en juego la disputa entre el PP y Vox por el reparto del espacio hegemónico de la derecha. Y en Aragón, Jorge Azcón revalidará su presidencia con menos dificultades que en 2023 y no será Pilar Alegría quien rescate al PSOE del agujero.

Extremadura

La explicación objetiva del resultado del 21-D es palmaria. Aquí y en cualquier lugar del mundo democrático, cuando un partido obtiene el 43% del voto con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, ha ganado la elección de forma contundente. Cuando los partidos de un bloque ideológico (la derecha) superan a los del otro bloque (la izquierda) por 24 puntos, su dominio no es discutible. Cuando una fuerza minoritaria pero emergente dobla su resultado anterior pasando del 8% al 17%, tiene motivos para celebrar, especialmente si se constata demoscópicamente que su crecimiento se extiende en todo el país. Cuando un espacio político desfalleciente (Podemos-IU) recupera el pulso y avanza varios puntos, puede darse por satisfecho. Y cuando un partido históricamente hegemónico en ese territorio recibe un castigo electoral que le supone perder a la mitad de los votantes que tuvo hace dos años, es el momento de que se vaya al rincón de pensar. Todo lo demás es propaganda con aroma de propaganda, la peor de todas.

Con todo, no se olvide que los dos grandes partidos conservan en Extremadura el 70% del voto y de los diputados en el parlamento autonómico. Esa es una región de vocación bipartidista y voto mayoritariamente moderado, y lo sigue siendo pese al crecimiento de los extremos en esta votación.

Al hilo de ese resultado, una constatación empírica: en nuestra sociología electoral, las fuerzas emergentes cabalgan inicialmente a lomos de la población joven y del voto urbano. A medida que se convierten en declinantes, se refugian en el voto de las poblaciones pequeñas y de los mayores de 60 años. Eso le pasó al PSOE de Felipe González, al PP de Aznar y Rajoy y ahora le sucede al partido de Sánchez.

Aragón

Aragón es la primera prueba para el experimento de Sánchez de enviar a varios ministros como paracaidistas en los territorios. Todo indica que Pilar Alegría será el primer cordero sacrificado. Detrás vendrá, aún con más ruido, María Jesús Montero; y en su momento, Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, si bien es altamente probable que para ese momento ya no sean ministros porque haya dejado de existir el Gobierno del que forman parte. Como se ve, en la galaxia de Sánchez siempre pagan el pato las mujeres; en este caso, Alegría y Montero, que verán recompensados sus servicios pasando del Consejo de Ministros a la oposición regional.

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En Aragón hay mayor fragmentación, con ocho partidos representados en el Parlamento recientemente disuelto, tres de ellos de carácter regionalista. Las primeras medias ponderadas de encuestas tras la convocatoria presentan un claro crecimiento de PP y Vox , que sumarían el 55% del voto y una holgada mayoría absoluta de 42 diputados; un desplome del PSOE, que se dejaría 4 puntos y 5 escaños, alcanzando su mínimo histórico desde 1983; una leve recuperación de CHA, Podemos y Sumar, que en 2023 compitieron por separado y en esta ocasión no se sabe cómo lo harán; y la desaparición del PAR, histórico partido bisagra de las Cortes de Aragón.

Este escenario de primera hora sugiere que Jorge Azcón (PP) no debería tener problemas para revalidar su presidencia, aunque tendría que contar con la abstención de Vox y/o el respaldo de Aragón Existe. Para obtener la mayoría absoluta por sí mismo, el PP tendría que hacer una gran campaña o lograr que el desplome del PSOE se convierta en catástrofe sideral, lo que no puede excluirse a la vista de lo ocurrido en Extremadura.

Castilla y León

En ese territorio de mayoría conservadora, el PP gobierna de forma ininterrumpida desde 1987. Si, como se espera, en marzo revalida su victoria, superará todos los registros de continuidad en un Gobierno existentes en España. Mañueco aún no ha formalizado la convocatoria, pero todo apunta al 15 de marzo salvo que Sánchez adelante las generales a una fecha próxima a ese período, en cuyo caso el presidente de Castilla y León ha anunciado su intención de hacerlas coincidir.

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Tras su “amarga victoria” de 2023, el PP parece haber fortalecido su posición, aunque permanece lejos de la mayoría absoluta por la fortaleza de Vox. Obviamente, la suma de los dos partidos de la derecha desborda sobradamente el 50% de los votos y la mayoría absoluta de los escaños, lo que excluye cualquier alternativa de Gobierno.

También aquí desciende el PSOE, hasta el punto de que su líder regional, Carlos Martínez, alcalde de Soria, corre riesgo de quedarse fuera del Parlamento regional si se presenta por su provincia.

Andalucía

La traca final del maratón será Andalucía, el territorio más poblado de España y también el más estratégico (por ahí suelen comenzar los movimientos sísmicos electorales en España). Desde que el PSOE perdió el Gobierno de la Junta de Andalucía en 2018, no ha vuelto a ganar una sola votación en lo que durante varias décadas fue su joya de la corona, ni se espera que gane alguna en el futuro divisable. El cambio en Andalucía es de carácter más geológico que biológico, como lo fue en su día el dominio del PSOE.

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En Andalucía, los datos recientes más fiables los ofrece el CENTRA (Centro de Estudios Andaluces), que estima una caída del PP de 3 puntos y entre 3 y 5 escaños, que se corresponde con una fuerte subida de Vox de cuatro puntos y entre 5 y 8 escaños. El PP ganaría la elección con una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE, pero la mayoría absoluta de Moreno no está asegurada y podría depender de la abstención de Vox.

En todo caso, según esa estimación, la suma del voto de la derecha sería del 58% frente al 34% de la izquierda. Producen cierto escalofrío estas cifras en Andalucía, como lo produce ver al antaño todopoderoso PSOE de Andalucía (“El Gran Partido de los Andaluces”) en el 21% de estimación de voto, a su candidata obteniendo puntuaciones ínfimas de su propio electorado y a Vox amenazando con sobrepasar al PSOE en algunas provincias. Junto a la aparición de Vox, el vuelco electoral en Andalucía, ya afianzado, es el hecho electoral más trascendente ocurrido en España en lo que llevamos de siglo XXI.

Resumen

Cuatro elecciones en cuatro territorios con trayectorias electorales muy disímiles. Dos fortalezas históricas del PSOE (Extremadura y Andalucía), una del PP (Castilla y León) y un territorio de comportamiento variable (Aragón), del que se escribió que era nuestro Ohio, el mejor reflejo del voto nacional.

La derecha abre una diferencia abismal con la izquierda; y dentro de la derecha, Vox está en plena galopada

Sin embargo, las pautas que aparecen en todos ellos son idénticas:

La derecha abre una diferencia abismal con la izquierda; y dentro de la derecha, Vox está en plena galopada, aunque aún muy lejos de la sólida primera posición del PP.

La quiebra de los gobiernos de coalición PP-Vox no castiga a ninguno de los dos. Allí donde gobierna, el PP se mantiene o crece levemente; lo que es compatible con un ascenso meteórico de Vox, acentuado desde que se liberó de la responsabilidad de gobernar.

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Quien sostenga que la frontera entre la izquierda y la derecha está clausurada, no ha mirado bien los números o los subvierte deliberadamente. Está abierta y bien abierta, pero sólo en una dirección. Sólo así se explica que, en la era del bibloquismo, uno de los dos pasteles no deje de aumentar y el otro disminuya por días. Más allá de las coyunturas, la ruptura del empate entre la derecha y la izquierda a favor de la primera es el factor más determinante de nuestra realidad electoral en este período (como en toda Europa), y no se atisba nada en el horizonte capaz de invertir esa tendencia.

También deberían graduarse la vista quienes se lamentan de que la corrupción no acarrea castigo electoral. En su día, el PSOE y el PP perdieron cuatro millones de votos y fueron expulsados del Gobierno después de una oleada de casos de corrupción. El partido de Sánchez va por el mismo camino. En Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía perderá votos y escaños a mansalva. En ninguno de esos territorios tiene la menor esperanza de gobernar.

¿Y qué decir de quienes culpan a Sumar y Podemos de la caída del autodenominado “bloque progresista”? Sólo son culpables por su tendencia irrefrenable a la fragmentación, que tiene efectos demoledores en el reparto de escaños. Pero ya quisiera el PSOE retener el voto como lo retienen ellos, convenientemente agregados; incluso respiran un poco gracias a los votantes de Sánchez que buscan refugio en un sitio de izquierdas que no apeste, sobre todo con la tranquilidad de que su probabilidad de gobernar es nula en los cuatro territorios que votarán en 2026.

Sólo son culpables por su tendencia irrefrenable a la fragmentación, que tiene efectos demoledores en el reparto de escaños

En ese año, que será nuevo y viejo a la vez porque habrá tantas evoluciones como involuciones, podemos asistir a un raro fenómeno de climatología electoral llamado “abstención de castigo”; y de ser así, caerá mayoritariamente en el lado sanchista del muro.

Añadan al diagnóstico una crisis pavorosa de liderazgos que merezcan tal nombre, no sólo en la política, sino en todos los espacios de la vida pública, y llegarán a la prevalencia del voto reactivo sobre el proactivo, que contamina los procesos electorales en todo el mundo occidental. De hecho, las encuestas reflejarían mejor la realidad social si cambiaran los cuestionarios y preguntaran contra quién votará usted.