La corrupción progresista

La despedida de Íñigo Errejón de la vida política, inmediatamente después de ser acusado de una agresión sexual a una mujer, fue el punto de inflexión de un largo engaño: la disociación entre lo que se proclama como convicción nuclear (el progresismo, y, por lo tanto, el feminismo en sus más variadas versiones) y los comportamientos personales que no convalidan los principios que se defienden en la vida pública. El cofundador de Podemos y luego de Más Madrid, una cabeza tenida por brillante y coherente, dijo no poder soportar por más tiempo la contradicción entre la persona y el personaje y arrojó la toalla.

El alegato de Errejón pudo haber provocado una catarsis en ese amplio espacio del denominado progresismo que no necesariamente coincide por concepto con el de la izquierda. El progresismo es una suerte de falsa moralización del izquierdismo, una metamorfosis ante sus declinantes vigencias y, a la postre, el asidero frente al precipicio de su endeblez ideológica. Pero, en todo caso, el progresismo, antes que un corpus ideológico, es un prontuario de posiciones supuestamente éticas, entre las que destaca de manera protagonista, la exigencia de ruptura de las convenciones cívicas tradicionales. En realidad, el progresismo es la quiebra de la vigencia casi ininterrumpida de las vigas maestras de las sociedades ya casi postdemocráticas.

El progresismo, además, es severo en la exigencia e implacable en la sanción. O eso parecía. No ha sido así para sus más eximios representantes. El progresismo ha generado, precisamente por su adustez moralista, por su superioridad ética, una suerte de corrupción erosionante: la hipocresía, el desdoblamiento, la simulación. Todo ello insertado en la corrección política, en el despotismo de la cancelación, en la prescripción del lenguaje a utilizar y en los comportamientos a ostentar. Cuando un desaprensivo moral como José Luis Ábalos afirma que ‘soy feminista porque soy socialista’ (es decir, progresista en la medida en que el sanchismo se precia de serlo) se produce un cortocircuito que conduce al apagón. Y leyes como la del ‘sí es sí’ provocan un descalabro social y el anuncio de una norma para sancionar a los compradores de sexo causa perplejidad.

Entre Errejón con su desdoblamiento de la persona y el personaje y Ábalos con su redomada mentira, la conclusión es que el progresismo ha ido construyendo una nueva percepción de la corrupción, desbordando aquella que se tenía por tal que consistía en el enriquecimiento ilícito. Los casos de corrupción que han emergido durante las tres legislaturas de Sánchez y que alcanzan en esta (la XV) toda su dimensión judicial dispone de parecidos intensos con episodios de épocas anteriores: trampeo en las licitaciones de obras y servicios públicos, cobro ilegal de comisiones y supuestos de nepotismo y clientelismo. Pero la relativa novedad de la corrupción del progresismo lo encarnan aquellos casos en los que no hay un lucro material, sino una radical incoherencia -en ocasiones, delictiva- entre lo que se dice y lo que se hace.

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Así ha ocurrido con el fiscal general que, en una suerte de corrupción institucional, ha sido condenado por el Supremo al incumplir sus obligaciones más elementales, a despecho de un discurso exculpatorio según el cual García Ortiz combatía "un bulo". Veremos en que paran las acusaciones a Francisco Salazar, otro ‘gran desconocido’ del presidente del Gobierno con el que, sin embargo, colaboró para que lo fuera desde 2017 hasta hace solo unos meses. El caso Salazar, en otra medida el de Ábalos, es muy aleccionador porque ha sido él con Iván Redondo hasta 2021, el cincel de la imagen de Sánchez (progresista, por supuesto), tanto como Santos Cerdán se alzó en ‘arquitecto’ del Gobierno progresista al negociar con Junts, Bildu y el PNV y al suscribir la impunidad mediante el Pacto de Bruselas de Carles Puigdemont.

El progresismo que reclama con fervor la igualdad soporta muy estoicamente y haciendo trampas solitariamente con esos casos de corrupción moral -insisto, que podrían migrar a ilícitos penales- aparentando que son excepciones que confirman la regla. Cuando ese griterío progre se enfrenta dialécticamente a instrucciones penales como las que afectan a Begoña Gómez o a David Sánchez, sale por peteneras y se refugia en el discurso victimista y pasa a la ofensiva con esos terribles -por mentirosos- argumentarios profesionalizados en la Moncloa por tipos sin escrúpulos.

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Esta insoportable contradicción entre lo que se impone normativamente en las conductas cívicas y la arbitrariedad con la que aquellos que las dictan las incumplen (óigase el testimonio de la referente feminista Ángeles Álvarez) es, justamente, la nueva corrupción del progresismo. Pero no solo. La hipocresía viene acompañada del silencio de una red de referencias públicas e institucionales previamente reclutadas para la defensa del muro hipócrita.

La colonización del sistema político en España es otra forma, sofisticada pero efectiva, de corrupción. De la que se puede predicar, con palabras de Miguel de Unamuno ("el silencio es la peor mentira") que está callada al peor estilo de la complicidad. Porque toda la red colonizada se sume en un silencio que consterna ante los despropósitos de la nueva corrupción. Aducen en privado los silentes que también es un mandamiento progresista "no hacer el juego" a las denuncias de los ‘tabloides digitales", ni a los "seudomedios", ni a los "seudoperiodistas". Es una coartada que va decayendo, pero que cuando Sánchez ideó en abril de 2024 una corrección de la estrategia para endurecer su modelo de negocio confrontativo, dispuso de una cierta energía dialéctica que recogieron con regocijo los medios que, entrampados también en la doble moral, necesitaban guionizar sus editoriales con argumentos de refresco.

Si los tiempos políticos han cambiado y ha advenido el trumpismo, sea el abrupto y tabernario de Trump, sea el cínico del sanchismo, también lo ha hecho la conceptualización de la corrupción. Podría parecer anecdótico, pero no lo es en absoluto. Alcanza cotas cimeras la corrupción cívica de un tipo como Miguel Ángel Gallardo que, siguiendo las órdenes del presidente del Gobierno y contando con su total colaboración, procesado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, se presentó a las desastrosas, para el PSOE, elecciones extremeñas con el único propósito de adquirir la condición de aforado para demorar un juicio en el que le acompaña el hermano de Sánchez. Otro personaje menor pero sintomático sería Leire Díez una señora que se reúne con dirigentes del PSOE (y del Gobierno, como Antonio Hernando), se presenta como periodista (condición sobre la que cunde la mayor de las ignorancias) y que, en realidad, es el cutre instrumento para enfangar a la opinión pública con maledicencias. La ‘fontanera’ escala así en la referencia de la sordidez de la mentira en tiempos del sanchismo y con otros (Antxon Alonso y Vicente Fernández) consagra el chantaje maridado con el cinismo.

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La ausencia de tipificación penal de la hipocresía y de la mentira, no impide en absoluto referirse a ellas como expresiones de una corrupción rampante que es tan disruptiva como la económica porque instala en el escenario público una simulación que se sitúa en las antípodas de la cultura democrática. Trocar la falsedad y la mentira en cambios de opinión para luego decidir todo aquello que se aseguró no se aceptaría es el estuario del progresismo: la autocracia. Que, a menudo, se simultanea con la cleptocracia y con el doble juego, la doble moral. Los remedios a estas expresiones de corrupción que caracterizan al progresismo -la mentira en su más desnuda brutalidad- no están enteramente en la aplicación de normas. Residen en la conciencia colectiva que tiende, cuando llega a un punto de saturación como el que ahora se está alcanzando en nuestro país, a lanzar un ‘basta ya’ en las urnas. Siempre, claro está, que las urnas se pongan a su debido tiempo, que no es necesariamente al término de la legislatura, sino cuando la decencia democrática las reclama.

El progresismo es una herramienta de sojuzgamiento que ha sofisticado la corrupción desplazando las líneas rojas de tal modo que el robagallinas se convierte en el paradigma del delincuente, mientras que los escribas del progreso nos devuelven a la prácticas del despotismo. Del despotismo de la hipocresía. Y esa, con la mentira, constituye el muro más corrupto de la democracia española.