La Audiencia corrige a Peinado y le obliga a dictar un auto para analizar los correos de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado de forma parcial los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía tras su requerimiento a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que le remitiera la "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una cuenta que le fue asignada a Begoña Gómez de los últimos siete años.

La Audiencia considera que el magistrado instructor del caso sobre la mujer del presidente de Gobierno debió redactar un auto con su motivación en lugar de dar esa orden con una providencia. Peinado dio este paso después de que a comienzos de agosto se dirigiera a Presidencia del Gobierno para que aclararan si la mujer de Pedro Sánchez contaba con "un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es". La Audiencia le recuerda en la parte dispositiva que debe proceder "a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna, en su caso".

En un auto, la Sección 23 recuerda la doctrina constitucional que indica que este tipo de medidas deben expresar o exteriorizar "las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención". "Esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, (...) , el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos".

A pesar de este matiz, la Audiencia Provincial considera ajustada la decisión de reclamar los correos. Asegura que el examen de los emails "constituye una diligencia idónea, necesaria y proporcionada para determinar si existió desvío de recursos públicos". Agrega que la ley establece "que las medidas que afecten a derechos fundamentales deben ser acordadas ponderando los principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad" y que esos parámetros "concurren en este caso", más aún al tratarse "de un acceso limitado a una cuenta institucional utilizada en el desempeño de funciones públicas".

"La resolución impugnada se fundamenta en la necesidad de esclarecer la eventual utilización indebida de medios públicos en beneficio particular por parte de las investigadas. La solicitud de los correos electrónicos se encuentra plenamente justificada, atendiendo a la conexión directa entre las comunicaciones mantenidas desde la cuenta institucional y los hechos objeto de investigación", añade la Sección 23.

La providencia de Peinado

"A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos (...) desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha", ordenaba sin extenderse, Peinado. "Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis", agregaba.

Peinado ya pidió el pasado junio al Tribunal Supremo que imputara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez en 2018, cuando él ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno. El Supremo rechazó la solicitud de Peinado en julio al considerar no había realizado "una imputación de delito suficientemente individualizada".