La UCO ya tiene bajo la lupa 657 millones en contratos sospechosos de la trama del PSOE

La suma de contratos y rescates adjudicados por las tramas del núcleo duro de Pedro Sánchez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando asciende a los 657 millones de euros. Son 100 millones más de lo que el Gobierno destina a la atención de las personas con ELA o el equivalente al nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Estos 657 millones se corresponden con los contratos presuntamente amañados por la trama Leire, los de obras públicas de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, las mascarillas del caso Koldo y el rescate a Plus Ultra.

La trama que mayor cuantía de dinero público habría malversado es la de Cerdán y Ábalos en el Ministerio de Transportes. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han puesto el foco en 9 licitaciones que ascienden a 418 millones, más del 50% del dinero bajo la lupa de los agentes. Se trata de contratos adjudicados a través de Adif y la Dirección General de Carreteras y que han concluido con la imputación de sus máximos responsables entonces, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. Este último llegó a la estructura del Ministerio de Transportes por influencia de Santos Cerdán.

Entre estas adjudicaciones hay contratos del ámbito ferroviario y obras en autovías y carreteras nacionales. Un nombre propio en esta trama es Acciona, principal colaboradora de Servinabar, la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso. También están investigadas Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), de José Ruz, que tenía a sueldo a Koldo García, y Obras Públicas y Regadíos (OPR), de los hermanos Fernández Menéndez. En el caso de LIC, su nexo con la trama fue en un primer momento el comisionista Víctor de Aldama, aunque terminó gestionando por sí misma su relación con Koldo García.

Son empresas a las que se adjudicaron millones de euros en contratos de obra pública previa mediación de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García o colaboradores cercanos, como apunta la UCO. La investigación de la Guardia Civil sigue su curso, por lo que la cifra de 418 millones podría aumentar próximamente. Uno de los contratos a los que los agentes se refieren en su último informe es el contrato de 76 millones para el desdoblamiento de los túneles de Belate que el Gobierno de Navarra de María Chivite adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar. Una adjudicación que la Guardia Civil se ha ofrecido a investigar al juez Leopoldo Puente.

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A continuación se sitúa la recién conocida trama Leire. La fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI y persona de confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández, y el administrador de Servinabar, Antxón Alonso, formaban una presunta organización criminal que amañaba contratos públicos a cambio de comisiones. La UCO cifra estos contratos en 132,9 millones.

El más cuantioso corresponde a un rescate aprobado por la SEPI en 112,8 millones para salvar a la sociedad Tubos Reunidos S.A. Esta compañía habría pagado al llamado grupo 'Hirurok' ("los tres", en euskera) 114.950 euros en comisiones. El segundo contrato corresponde a una adjudicación de la empresa pública Mercasa (también bajo el paraguas de la SEPI) por 18.119 euros.

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“A tenor de los indicios disponibles –detalla el auto–, el grupo desplegó su actividad en relación con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública Mercasa. En ese contexto, los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo”, señala el auto al que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial.

Entre las otras tres operaciones investigadas se encuentra la adjudicación de un contrato por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de una UTE conformada por Construcciones y Excavaciones Erriberri SL por un importe de 2,8 millones que habría implicado una comisión al grupo de 400.000 euros.

También se investigan contratos de Enusa, la empresa pública de gestión de uranio enriquecido, donde Leire Díez fue colocada como directora de Comunicación. La UCO apunta a sobrecostes en contratos firmados con el despacho sevillano SDP Carrillo y Montes SLP. La quinta operación se corresponde con una ayuda de 17,3 millones otorgada por Sepides (empresa pública adscrita a la SEPI) a Arapellet S.L., perteneciente al grupo Forestalia. El grupo 'Hirurok' habría cobrado 200.000 euros por esta operación. Esta investigación de la Guardia Civil aún no ha concluido, por lo que la suma de 132 millones en contratos amañados podría incrementarse.

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Una nueva investigación, en este caso de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, pone en duda el uso del dinero público del Gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Fueron 53 millones de euros los que la SEPI destinó a rescatar a esta aerolínea cuando solo disponía de un avión y representaba el 0,03% del tráfico aéreo en España. Los agentes policiales sospechan que la compañía usó este dinero para devolver préstamos a cuentas en el extranjero pertenecientes a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

Este caso ha salpicado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ser detenido Julio Martínez, consultor amigo del socialista y cliente de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav S.L. La operación también conllevó la detención de Roberto Roselli y Julio Martínez (no confundir con el consultor ya mencionado), CEO y dueño de Plus Ultra, respectivamente.

El origen de todo

A estos más de 600 millones de euros hay que añadir los del caso que inició todo: el caso Mascarillas, también conocido como caso Koldo. Es el origen de las investigaciones que han llevado a Ábalos y su exasesor a la cárcel de Soto del Real, y las que han conducido a la imputación de Santos Cerdán a raíz de los audios encontrados en el material electrónico encontrado en casa de Koldo.

La Audiencia Nacional juzgará a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama el próximo mes de febrero por esta presunta trama, que habría permitido a la empresa Soluciones de Gestión adjudicarse 53 millones en contratos públicos a cambio del pago de comisiones. Entre ellas, el alquiler de un piso para la entonces novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en plena Plaza España. La trama consiguió colocar mascarillas de Soluciones de Gestión en Puertos del Estado (24 millones, el contrato más caro de su historia), Adif (12,5 millones), el Ministerio del Interior (3,5 millones), Canarias (11,8 millones) y Baleares (3,7 millones).

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Se han excluido del recuento los 475 millones de rescate a Air Europa, ya que, aunque los agentes de la UCO apuntan al pago de una casa de veraneo en Marbella por las gestiones de Ábalos en favor del pago de la SEPI a la aerolínea, la justicia descarta por el momento investigarlo como causa separada. Por tanto, son 657 millones de euros de dinero público gestionado por el Gobierno de Pedro Sánchez que la Guardia Civil tiene en el punto de mira por una utilización indebida, habiéndose dedicado bien para un presunto cobro de comisiones o para blanqueo.