El móvil de Antxon provocó la investigación exprés de la UCO sobre Leire: "Gravedad extrema"

El contenido del teléfono de Joseba Antxon Alonso y la documentación incautada en su despacho el pasado julio desencadenó una investigación exprés de la Unidad Central Operativa (UCO) seguida de una rápida respuesta en forma de denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que desembocaron en el arresto de la fontanera del PSOE Leire Díez. Las numerosas conversaciones localizadas en sus dispositivos electrónicos fueron el trampolín para las nuevas pesquisas e incriminaron a los imputados hasta tal punto que, por sí solas, constituyen ya potentes indicios de criminalidad, según apunta un nuevo auto del caso al que ha tenido acceso El Confidencial.

El juez Antonio Piña destaca la extrema "gravedad" de las conductas evidenciadas y pone el acento en los "numerosos indicios existentes en las actuaciones". Según aseguran fuentes cercanas al caso, fue el socio de Santos de Cerdán quien acabó por desenterrar las actividades de una organización criminal independiente que se nutría de sus contactos en empresas públicas dirigidas por responsables de la etapa de Pedro Sánchez. Sin las pesquisas del Tribunal Supremo sobre el exsecretario de Organización del PSOE, no hubiera sido posible averiguar las actividades que Díez desarrollaba junto a Alonso y el expresidente de la Sepi Vicente Fernández.

El magistrado explica en su auto los motivos que le han llevado a dejar a los investigados en libertad pese a la existencia de esta avalancha de pruebas. Tiene en consideración "el estado del procedimiento" y dice que "no se prevé la posible incidencia en la destrucción de pruebas" dadas "las aportaciones realizadas en la propia denuncia (de Anticorrupción) y su documentación anexa".

El auto concreta, además, el alcance de los delitos atribuidos al trío autodenominado Hirurok - nosotros tres en euskera- y especifica que la actividad delictiva se originó cuando ocupaban cargos públicos. Así, les atribuye prevaricación administrativa, es decir, la cometida por funcionarios y malversación en la variante del artículo 432 del Código Penal, que castiga a las autoridades que, con ánimo de lucro, "se apropiaren o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas". Lo mismo sucede con el tráfico de influencias. El colofón final es el delito de integración en una organización criminal con "roles definidos".

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Según describía otra diligencia del caso, adelantada por El Confidencial, los tres acusados se aprovecharon de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública y actuaron de forma coordinada con el propósito "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones". Usaban un sistema de "contratación y facturación mendaz" para ocultar las presuntas mordidas.

Separados en público

A pesar de que las funciones públicas que ejercieron tanto Díez como Fernández se remontan al año 2018 cuando la primera recaló en Enusa y el segundo en la Sepi, el pico máximo de la actividad irregular se centra en tres años, del 2021 al 2023. Los tres investigados eran perfectamente conscientes de que debían ocultar sus actividades y, sobre todo en la última etapa, "adoptaban medidas para que no se les viera juntos, y comprobaban si tenían seguimientos". Fue ese control constante el que les llevó a detectar que estaban siendo vigilados y precipitó el operativo como adelantó El Confidencial.

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Ese celo en las reuniones y encuentros físicos no se trasladaban, sin embargo, a sus conversaciones en aplicaciones de mensajería. Las fuentes consultadas apuntan a que el chat que los tres compartían, bautizado con el mismo nombre de Hirurok, no fue eliminado. De las comunicaciones mantenidas acabó extrayéndose su vinculación con al menos cinco operaciones que en total supusieron inversiones de 132,9 millones de euros y les supusieron comisiones cercanas a los 800.000 euros, indica la UCO en el informe que dio origen al caso.

Después del paso a disposición judicial del que se encargó el magistrado Piña en funciones de guardia, el caso se ha remitido a reparto y ha recaído en el juez Santiago Pedraz. La UCO se encuentra ya revisando la documentación incautada en la veintena de registros practicados y será el nuevo instructor asignado quien cite en las próximas semanas a la decena de investigados que acompañan a los tres principales, pertenecientes en su mayoría a las distintas administraciones públicas a las que llegó la red Leire.