El Supremo no remata a García Ortiz y le salva de la expulsión de la carrera fiscal

El Tribunal Supremo ofrece un paraguas a Álvaro García Ortiz en la sentencia en la que le condena por revelación de datos reservados bajo el que podrá refugiarse para permanecer en la carrera fiscal. En la resolución, los magistrados le ofrecen una posible salida que le permitiría evitar su expulsión completa, a pesar de que tanto el Estatuto como el Reglamento de la Fiscalía la contemplan por condenas de inhabilitación o delitos dolosos.

En respuesta a las solicitudes de pena realizadas por las acusaciones durante el juicio, los cinco magistrados destacan que la inhabilitación que imponen supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae, es decir, el de fiscal general del Estado y que afecta "exclusivamente" al puesto que ocupaba en el momento en el que se produjeron los hechos. No se detienen ahí, sino que amplían los efectos que, en su opinión, debería desencadenar el fallo para limitarlos a ese cargo y no al ejercicio total de la función de fiscal.

"Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esa acotación. No es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado", agregan, insinuando de este modo, que consideran suficiente el castigo que afecta a su puesto a los mandos de la Fiscalía, para el que es suficiente ser jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia.

El Supremo admite que la decisión no está en sus manos, ya que no corresponde a los jueces determinar "las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano". A pesar de ello, insiste: "Tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada a ese cargo nos parece proporcionada, revelándose como excesiva su proyección a otros".

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Beatriz Parera

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla en su artículo 46 las causas de pérdida de la condición de fiscal, que incluyen renuncia, pérdida de nacionalidad, sanción disciplinaria de separación, inhabilitación para cargos públicos, y el haber incurrido en causas de incapacidad o incompatibilidad, estableciendo así los motivos por los que un fiscal deja de serlo y no puede volver a ejercer.

Por otro lado, el Reglamento de la Fiscalía, en su artículo 32.4 especifica como causa de pérdida de la condición que se haya impuesto una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso. Solo en aquellos casos en los que la condena sea inferior a los seis meses, la persona titular de la Fiscalía General del Estado tiene la opción de sustituir la expulsión por una sanción de suspensión.

La decisión, en manos de la Fiscalía

La condena impuesta obligará, en cualquier caso, a la Fiscalía que, desde este jueves, queda en manos de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a abrir un expediente en el que tendrá que decidirse sobre la expulsión, como sucedería con cualquier otro fiscal condenado. En cuanto a cómo se aplica esta pérdida de condición, el artículo 34 señala que, debe firmarla "la persona titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado", previo informe favorable del Consejo Fiscal, "mediante la instrucción del correspondiente expediente disciplinario".

Es más que seguro que habrá tira y afloja, al menos en el Consejo Fiscal. La apreciación del Supremo cobra en ese contexto una importancia indudable a la que podrá agarrarse la sucesora de García Ortiz, persona de su confianza y de su misma asociación. Como ya anticipó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, su prioridad es lograr que la "profunda herida" provocada por el caso, "sane".