Leire Díez y el expresidente de la SEPI compraron casas en Marbella y Jaca con las comisiones

El grupo 'Hirurok' que formaban la fontanera de Ferraz, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Cerdán, Antxon Alonso, usaban el dinero que cobraban ilegalmente de comisiones para invertirlo en comprar casas en Marbella y en Jaca, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así consta en el auto de la Audiencia Nacional que este sábado decretó para los detenidos la situación de libertad provisional con medidas cautelares.

El Confidencial ha tenido acceso a la resolución judicial en la que el juez Antonio Piña detalla el modus operandi de esta trama. Ejercían su influencia sobre administraciones públicas en toda España para amañar contratos y adjudicaciones en favor de terceros o de ellos mismos. Gracias a esas gestiones, las empresas agraciadas les pagaban a cambio comisiones. La UCO cifra en 132,9 millones el precio total de los contratos que amañaron en un total de cinco operaciones, incluido un rescate de la SEPI de más de cien millones de euros.

“La mayor parte de estos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, presumiendo actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados”, recoge el auto judicial. La trama contaba con varias casas, garajes y trasteros en Marbella, según fuentes conocedoras del patrimonio inmobiliario del grupo ‘Hirurok’ (‘nosotros tres’ en euskera). Disponían de propiedades en la Urbanización Jardines de don Carlos, en el Conjunto Lance de las Cañas y en Fairways At Carib Playa.

“Otra parte de esos fondos fueron destinados a los propios miembros del grupo de forma individual”, añade el juez. Destaca que “el volumen y forma de ingreso variaron según la persona”.

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En este sentido, el trabajo de la Guardia Civil ha permitido esclarecer que Vicente Fernández recibió transferencias e ingresos en efectivo por valor de 49.350 euros. Este detenido es un hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La dirigente socialista trató de poner tierra de por medio con él después de que esta semana la UCO procediese a su arresto.

El andaluz Vicente Fernández fue nombrado en 2018 por el primer Gobierno de Pedro Sánchez para presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ejerció esa labor desde el 23 de junio de ese año hasta el 4 de octubre de 2019. Dimitió tras resultar imputado en un caso de corrupción relacionado con la mina sevillana de Aznalcóllar del que ha resultado absuelto hace solo unas semanas. El Gobierno dejó vacante su puesto más de un año pensando que la Justicia no tardaría en archivar las diligencias en su contra, pero no fue el caso.

Tras dejar la presidencia de la SEPI, Vicente Fernández fichó por la empresa navarra Servinabar que dirigían el ahora detenido Antxon Alonso y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Servinabar se encuentra en el epicentro de otra investigación en el Tribunal Supremo. Según las pesquisas, servía para canalizar comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública a las que se presentaba de la mano de otras empresas, principalmente Acciona.

Los cinco amaños

La UCO atribuye a la trama haber influido para propiciar la "concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos S.A. por un valor de 112,8 millones". A cambio, cobraron presuntamente 114.950 euros en concepto de comisión. La segunda operación fue la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar 2000 SL por un importe de 18.119,75.

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La tercera tiene que ver con un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL- Afesa Medio Ambiente SA por un importe de 2,8 millones. La cuarta operación detectada por la UCO está relacionada con supuestos pagos efectuados por la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP. Leire Díez trabajó en Enusa.

La quinta y última operación detectada por la UCO es la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet S.L., perteneciente al grupo Forestalia por un valor de 17,3 millones. Por todos estos presuntos amaños, la trama obtuvo beneficios.

El magistrado impuso este sábado a los tres detenidos la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio. La decisión se produjo después de que Anticorrupción, única parte en este punto del procedimiento que se encuentra secreto, pidiese esta medida tras la comparecencia de los investigados. El juez no puede acordar nada más gravoso si no se lo reclama una acusación. Fernández fue el único en responder a las partes, mientras que Díez y Alonso se negaron a declarar.