La UCO atribuye a Leire Díez y al expresidente de la SEPI 5 amaños por valor de 132,9 M "aprovechando sus relaciones"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado llamado 'Hirurok'. Les imputa su influencia para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros a cambio de los cuales cobraron diversas comisiones, según el auto judicial que les ha dejado en libertad provisional al que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial.

Se les acusa de "haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública". A cambio de esto, cobraban comisiones que canalizaban principalmente por medio de una mercantil llamada 'Mediaciones Martínez SL'.

La investigación concluye que este grupo operó "al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, así como su proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando a varias Administraciones públicas". "En el contexto de su actividad, se ha podido acreditar que los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones", dice el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

Desvela que "fueron hasta cinco operativas concretas, en las que los componentes de este grupo habrían desplegado sus capacidades obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diferentes administraciones públicas y entidades dependientes de la SEPI, la cual habría sido presidida por Vicente Fernández entre el 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019".

Vicente Fernández dejó su puesto en la SEPI al ser imputado en una causa de corrupción relacionada con la mina sevillana de Aznalcóllar, de la que ha resultado absuelto hace apenas unos días. Este es un hombre de confianza de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las cinco operaciones

La primera de las cinco operaciones fue una "concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos S.A. por un valor de 112,8 millones". Añade que "los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo 'Hirurok' se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez".

Según palabras de los propios investigados, las acciones desarrolladas por el grupo 'Hirurok' (los tres en euskera) habrían consistido en su "intermediación, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”.

La segunda operación fue la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar 2000 SL por un importe de 18.119,75. Esta es la empresa que compartían el detenido Antxon Alonso y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta empresa se encuentra en el epicentro de otra investigación en el Tribunal Supremo. Según las pesquisas, servía para canalizar comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública a las que se presentaba de la mano de otras empresas, principalmente Acciona.

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“A tenor de los indicios disponibles –detalla el auto–, el grupo desplegó su actividad en relación con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública Mercasa. En ese contexto, los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo”.

A este respecto, por parte de Mercasa se adjudicó un contrato a Servinabar, por importe de 18.119,75 euros, a través del cual dicha empresa debía emitir “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores concluyen que este contrato no era necesario y la “mendacidad” de su contenido.

La tercera operación es la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL- Afesa Medio Ambiente SA por un importe de 2,8 millones. “Sobre la base de las evidencias analizadas –explica el juez– el grupo, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido”.

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"Como contraprestación de esta actuación", Erri Berri le pagó presuntamente una comisión al grupo 'Hirurok' de 400.000 euros mediante operaciones con las que trataron de encubrir el origen de los fondos.

La cuarta operación detectada por la UCO tiene que ver con “supuestos pagos efectuados por la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP. Enusa es una de las empresas en las que trabajó Leire Díez. Esta exmilitante socialista está investigada también en un juzgado de Madrid por recabar información de autoridades e instituciones que investigan la corrupción que afecta a Pedro Sánchez y su entorno.

El contexto de esta cuarta operación tiene que ver con el interés de Acciona en hacerse con dos explotaciones tituladas por Enusa. Eran una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. "En este marco, varios directivos de la empresa pública, junto a los tres miembros del grupo, habrían ideado un plan para viabilizar esta operación y además, obtener un rédito económico".

Los tres investigados influyeron para que Enusa contratase al despacho de abogados "con la finalidad aparente de dar soporte jurídico a la operación". La UCO detecta unos sobrecostes del 50 por ciento en la cuantía del contrato que luego se canalizaron hacia "sociedades de la órbita de Hirurok". Los investigadores han detectado que el despacho de abogados le pagó a la mercantil pantalla Mediaciones Martínez 17.545 euros.

La quinta y última operación detectada por la UCO es la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet S.L., perteneciente al grupo Forestalia por un valor de 17,3 millones. Como en las ocasiones anteriores, los investigadores creen que el grupo de los tres efectuó algún tipo de influencia y, a cambio, en este caso, cobraron 200.000 euros.