El árbol de la corrupción del PSOE: guía para no perderse en las causas que cercan a Sánchez
La maraña de casos que afectan al Gobierno se asemeja a un cuadro impresionista lleno de trazos que de cerca es imposible de apreciar, pero basta tomar perspectiva para ver que es más sencillo de lo que parece
Pedro Sánchez celebra su victoria en las primarias socialistas de 2017 escoltado por Santos Cerdán (izquierda) y José Luis Ábalos (derecha). (EFE/Javier Lizón)
Es normal perderse en la maraña de tramas de corrupción que desde hace dos años cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, el hermano en Badajoz, el caso Koldo, Cerdán, los hidrocarburos, la fontanera Leire Díez… Asemeja a un cuadro impresionista lleno de trazos de múltiples colores que de cerca es imposible de apreciar. Pero basta alejarse un poco, tomar perspectiva. Es más sencillo de lo que parece. Esta es una guía práctica para seguir la línea de puntos.
La primera escena del capítulo que daría inicio a esta serie sería el 20 de febrero de 2024. Es el día que El Confidencial avanzó que la Guardia Civil detenía al asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Es una de esas noticias que obliga a los periodistas a aparcar cualquier otra cosa que estén haciendo. Su nombre era Koldo García, un tipo grandullón de Barakaldo (Vizcaya), anónimo para el gran público, pero muy conocido en los despachos del poder socialista que ese día notaron el suelo temblar bajo sus pies.
De Koldo García apenas se sabía entonces que era una suerte de sombra de Ábalos. Estuvo con él la noche en la que fueron en secreto a recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Chófer, asesor, exportero de prostíbulo, hombre de los recados, conseguidor, amigo, colaborador de la Guardia Civil… y por todo ello, guardián de muchos secretos inconfesables que le han acabado otorgando una posición de fuerza sobre el que fuera su jefe.
Hoy los dos están en prisión preventiva esperando el primer juicio por el caso mascarillas. Es solo una de las cuatro ramas que emanan de esta trama principal. Dos se investigan en el Tribunal Supremo y las otras dos en la Audiencia Nacional.
El caso Koldo, capítulo 1: las mascarillas
Sánchez apenas llevaba unos meses en el poder. Corría el año 2018 y el presidente socialista presumía de lo que se llamó “el Gobierno bonito”. Había caras conocidas y respetadas como el juez en su día convservador de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, una fiscal progresista como Dolores Delgado, un astronauta, hasta un presentador de televisión. Pero detrás de los focos ya se estaba fraguando el pecado original de esta historia.
Ábalos, que había sido fiel escudero de Sánchez incluso en los peores momentos, se llevó el Ministerio de Transportes. Junto a él se quedó aquel grandullón que llegó a Madrid de la mano de Santos Cerdán, otro sanchista de los tiempos duros. A Koldo le dieron un móvil, un despacho y las llaves de acceso a las esferas del poder. Pero su habitat natural seguía siendo el de los conductores y el personal de seguridad que hace horas en la calle esperando a que entren y salgan los vips.
En esos ambientes entabló relación con un escolta del ministerio que tenía un hermano empresario. Le propuso que tomaran un café y así es como Koldo García conoció a Víctor de Aldama. Ambos fraguaron una relación fluida que experimentó sus momentos más dulces durante la pandemia.
Aldama era comisionista de una empresa y Koldo la persona de confianza del ministro con más presupuesto del Gobierno, elegido por Sánchez para sentarse en el gabinete de crisis por el covid. Ábalos era, además, el secretario de Organización del PSOE, su poder era ilimitado. El pelotazo se hacía solo.
El resultado fue que Aldama se comprometió a pagar comisiones mensuales a Koldo y, a cambio, la empresa para la que trabajaba se adjudicó decenas de millones de euros en contratos públicos de administraciones socialistas para comprar material sanitario.
Aldama no solo cerró acuerdos con ministerios como Transportes e Interior, también con gobiernos autonómicos como el de Baleares de Francina Armengol y el de Canarias de Ángel Víctor Torres. Además de comisiones, Aldama y sus socios también colmaron al ministro de otros de regalos, como asumir el alquiler de un piso de lujo en Madrid para su amante, una estudiante de odontología llamada Jessica Rodríguez. Ella y otras chicas aparecen en esta trama recibiendo dinero del ministro o directamente un puesto en empresas públicas.
Por este motivo, Ábalos y Koldo se sentarán en el banquillo en los próximos meses acusados de un ramillete de delitos de corrupción, entre ellos el de organización criminal. Será en el Tribunal Supremo porque Ábalos nunca quiso renunciar a su acta de diputado y goza de condición de aforado. Junto a ellos dos, estará también Aldama, claro. Sin embargo, Koldo no era nuevo en estas actividades ni su presencia en Transportes era casual. En realidad, Cerdán sabía muy bien dónde estaba colocando a su grandullón. Ahora también lo sabe la UCO.
Caso Koldo, capítulo 2: Acciona y Servinabar
Si la mañana de la detención de Koldo en febrero de 2024 algo hizo temer a Pedro Sánchez, el día 12 de junio de 2025 directamente todo saltó por los aires. Los medios de comunicación comenzaron a disparar como metralletas titulares de un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Santos Cerdán el frente de una trama que iba mucho más allá de mascarillas a cambio de comisiones.
Lo que arrojaban las pesquisas de la UCO era una organización más ambiciosa dedicada a la adjudicación de obras públicas del Ministerio de Transportes. Y una empresa aparecía entre las más señaladas, Acciona.
Tres meses antes, El Confidencial ya había avanzado que la Guardia Civil cercaba a Cerdán con un informe demoledor, pero el Gobierno ya estaba instalado en una estrategia de enfrentamiento directo con los medios de comunicación que escrutaban la corrupción. Dirigentes socialistas tacharon de bulo la información, sus altavoces hablaron de golpismo mediático. Sánchez había cesado por sorpresa a Ábalos en 2021 y su sustituto como secretario de Organización del PSOE había sido Cerdán. Era el nuevo hombre intocable.
Ese informe de la UCO había detonado de la noche a la mañana la pretendida estrategia de Moncloa de establecer un cortafuegos en la figura de Ábalos, al que habían desterrado al Grupo Mixto en el Congreso. Santos Cerdán entró en prisión y el PSOE entró en pánico. Para colmo, las conclusiones de la Guardia Civil estaban cimentadas sobre horas y horas de grabaciones de conversaciones privadas. Al final resultó que Koldo García, el leal ayudante, siempre llevaba una grabadora activada encima. Captó en secreto a sus jefes hablar de comisiones, amaños, prostitutas…
Entre las actas de los registros, este periódico encontró un documento que situaba a Cerdán como copropietario de una empresa llamada Servinabar junto a un empresario llamado Antxon Alonso, quien va a ser importante en capítulos siguientes. Informes policiales posteriores acreditaron que esta empresita navarra sin apenas trabajadores era la manera que tenía la trama de canalizar las comisiones ilegales que pagaba Acciona. La pequeña se pegaba a la grande para ir juntos a los concursos públicos amañados y a cambio cobraba una comisión del 2 por ciento por hacer básicamente nada.
Este segundo capítulo sería una precuela dentro de esta historia. Las pesquisas han acreditado que el modus operandi de comisiones a cambio de obra pública empezó muchos años antes en Navarra. Cuando se hicieron con el Gobierno, Cerdán y Koldo se limitaron a copiar el modelo a nivel nacional desde el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos. Y la llave para hacerlo posible fue, otra vez, el grandullón de Barakaldo. Estos hechos se investigan también en el Tribunal Supremo como una pieza separada de las mascarillas.
Caso Koldo, capítulo 3: los sobres
Cuando uno accede a la esfera de la UCO y los tribunales sabe cómo entra, pero nunca cómo sale. Una investigación de este tipo provoca la petición de pruebas, análisis de patrimonio, incautación de teléfonos móviles… así es como la Guardia Civil descubrió que el PSOE había pagado gastos en metálico durante años a sus dirigentes. En el caso de Ábalos y Koldo, además, no coincidían las cantidades declaradas por el partido con las que ellos comentaban en sus conversaciones de WhatsApp. Las alarmas en Moncloa empezaron a sonar de nuevo. La sospecha de la financiación ilegal del partido asomaba por el horizonte.
El Tribunal Supremo llamó a declarar como testigos al gerente del partido y a una secretaria que trabaja en el PSOE desde finales de la década de los ochenta. Ninguno de los dos supo explicar cuándo se dejó de pagar en metálico ni por qué las cantidades no cuadraban. El juez sospecha, al menos de momento, que Ábalos y Koldo pasaban tickets de gastos sin control al partido para blanquear el dinero que recibían de las comisiones.
Este caso se encuentra ahora en la Audiencia Nacional y no ha dado siquiera sus primeros pasos. Entre la documentación que remitió el Supremo, se encuentra la declaración de una colaboradora de Aldama llamada Carmen Pano. Esta mujer dijo haber llevado a la sede de Ferraz 90.000 euros de comisiones ilegales en bolsas. Aldama dice que eso es mentira.
Caso Koldo, capítulo 4: Transportes
La condición de aforado de Ábalos hizo que la causa se partiera en dos desde el principio. La Audiencia Nacional se quedó con las actividades de actores secundarios, aunque necesarios en la presunta operativa corrupta.
En esta parte están imputados, por ejemplo, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. También la que fuera responsable de ADIF Isabel Pardo de Vera. La UCO la ubica tras la adjudicación de obras siguiendo instrucciones de Koldo o tras el enchufe de la amante de Ábalos en las empresas Ineco y Tragasatec. La Audiencia Nacional tiene más carga de trabajo e investiga más lento. Esta rama del caso tardará años en tener una sentencia firme.
Caso Hidrocarburos
El día que todo empezó a desmoronarse, junto a Koldo García también fue arrestado Víctor de Aldama. En ese momento era un perfecto desconocido y los titulares le presentaban como el presidente del Zamora Club de Fútbol. Meses después, fue detenido de nuevo por orden de la Audiencia Nacional, pero esta vez por su papel en una trama de fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos. Otra vez las alarmas.
Este empresario acostumbrado a la buena vida, los restaurantes caros y los coches de alta gama, se vio de la noche a la mañana comiendo en un banco corrido de la cárcel de Soto del Real. Las fechas de su ingreso provisional en prisión por los hidrocarburos, además, coincidieron con el cumpleaños de su hija pequeña. Ahí es cuando Aldama se ofreció a colaborar con la Justicia a cambio de que le sacasen de ahí. Alguien siempre tira de la manta, un clásico en todas las causa de corrupción.
Ofreció un pacto a la Fiscalía anticorrupción que pasaba por reconocer su participación en los hechos a cambio de entregarle al Gobierno, al que juró públicamente venganza por haberle dejado solo. Era noviembre de 2024 cuando Aldama declaró ante el juez por primera vez, seis años después de que su hermano le presentase a Koldo García. Se da la circunstancia de que contó secretos de la corrupción socialista en el Juzgado que le investigaba por los hidrocarburos, distinto al del caso Koldo. Pero esa misma noche ya durmió en su casa con su hija.
Aldama implicó por primera vez a Cerdán, habló del pago de comisiones al PSOE, dio datos de nuevos sobornos al ministro Ábalos, aseguró que se habían amañado obras de Transportes, señaló a nuevos ministros como Ángel Víctor Torres. El relato oficial del Gobierno consiste en tachar a Aldama de impostor. “Vaya inventada”, dijo Sánchez entonces. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, tildó de “papeluco” el documento que presentó el empresario para denunciar las adjudicaciones ilegales. “No ha aportado ninguna prueba”, es una de las frases más pronunciadas entre quienes defienden al Gobierno.
Mientras tanto, de cara al primer juicio por las mascarillas, la Fiscalía pide siete años de cárcel para Aldama, mientras que para Koldo García solicita 19 años y para Ábalos, 24 años. Este mismo jueves, se conoció un informe de la UCO en el que acredita que los investigados por los hidrocarburos repartieron un millón en comisiones a cambio de que Ábalos les consiguiese una licencia para operar en el sector.
De nuevo el ministro mandó a Koldo a hablar con los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica que le recibían como el hombre para todo de Ábalos. Como pago por sus servicios, la trama le compró al ministro un chalet en Cádiz. Entre las personas que participaron en esa operación estaba Carmen Pano, la empresaria de las bolsas con dinero en Ferraz.
Caso Begoña Gómez
Solo nueve días después de la detención de Koldo García, El Confidencial publicó el siguiente titular: “El comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios”. El comisionista era Víctor de Aldama y Javier Hidalgo era el responsable de Air Europa. La aerolínea había protagonizado el rescate más abultado con dinero público durante la pandemia. El Gobierno de Sánchez había inyectado 475 millones en la empresa. Unos meses antes, el holding empresarial de la aerolínea se había comprometido a patrocinar los negocios privados de la esposa de Sánchez.
Después siguieron muchas más exclusivas de este periódico, como que Begoña Gómez firmó cartas de apoyo a un empresario que le ayudó a montar su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Barrabés. Le apoyaba para que se hiciera con varios contratos millonarios que entregaba el Gobierno de su marido. El Confidencial también sacó a la luz que la esposa del presidente usaba a su asistente de Moncloa –que cobra un sueldo público– para sus negocios privados, incluida la recaudación de fondos para sus proyectos.
Estas informaciones motivaron que un juez de Madrid llamado Juan Carlos Peinado abriera una investigación en abril de 2024 que a día de hoy sigue activa. La Audiencia Provincial de Madrid, el órgano superior, ha corregido al juez en varias ocasiones, le ha ordenado archivar diligencias contra imputados y le ha marcado límites como no investigar el rescate de Air Europa.
Pero el grueso de la investigación sobrevive con Begoña Gómez imputada por cinco delitos de corrupción. También sigue investigada la asistente de Moncloa y el empresario Barrabés. El juez se jubila en septiembre del año que viene, nadie duda que terminará sus pesquisas antes de esa fecha.
Desde el Gobierno y su entorno se reacciona de manera desigual en función de la causa, los investigados, los jueces o el origen de la investigación. En el caso de Begoña Gómez, el relato oficial señala que la acusación la ejercen asociaciones a las que tilda de ultras como Hazte Oír o Manos Limpias. También que se basa en “recortes” de prensa y acusa al juez de prevaricar en contra del Gobierno. En varias ocasiones, Sánchez y su mujer intentaron apartar al magistrado de la causa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló su trabajo.
El caso Begoña Gómez llevó al presidente del Gobierno a explorar las consecuencias más extremas cuando en abril de 2024 anunció que se retiraba cinco días a reflexionar sobre una posible dimisión. No renunció y a su regreso sentó las bases de una estrategia que pasa por atacar a los medios de comunicación y a la Justicia. Mientras tanto, por detrás de los focos, se activó otra manera de combatir las causas de corrupción que le rodean.
Caso Fontanera, capítulo 1: las cloacas
En plenos días de retiro de Pedro Sánchez, en abril de 2024, los responsables de Ferraz recibieron la visita de tres personajes en la sede central del partido. La decisión de su líder sobre un posible abandono había cogido por sorpresa al partido. Allí se presentaron Leire Díez Castro, una militante socialista que había ocupado puestos en empresas públicas, un empresario investigado por corrupción llamado Javier Pérez Dolset y una periodista, Patricia López, que se había significado por investigar al polémico comisario José Villarejo.
Les recibieron, entre otros, Santos Cerdán, y el entonces director adjunto de la presidencia del Gobierno, Antonio Hernando. Lo que tenían que ofrecer aquellos visitadores era información incautada al comisario Villarejo para usarla como munición en la defensa de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, lo que incluía ese archivo era una conversación del policía de 2014 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, del PP. Hablaban en clave conspirativa de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.
Era una información que dos años antes ya había difundido el ultra Alvise Pérez en su canal de Telegram y de la que se habían hecho eco varios medios de comunicación, pero en abril de 2024 volvió a salir publicada en varios medios de comunicación tras aquella visita. El PSOE lo uso para alegar que el caso Begoña no era más que la continuación de una guerra sucia contra Pedro Sánchez y su entorno, pero el argumento no tuvo ningún recorrido en los tribunales pese a que trataron de judicializarlo.
Sirva esta reunión, reconocida por todos sus protagonistas, para entender el papel de Leire Díez y su función como fontanera del PSOE. Meses después de ese encuentro, en septiembre de 2024, El Confidencial la sacó del anonimato como la persona central de una estrategia puesta en marcha por el PSOE para contrarrestar los escándalos de corrupción que rodean a Sánchez. Este periódico aportó entonces una serie de evidencias como la imagen de Leire Díez entrando y saliendo de Ferraz otro día diferente al de la reunión.
El partido siempre negó cualquier estrategia y presentó a esta mujer como una mera militante de base. Ella siguió sus actividades como si nada. Hasta que casi un año después, este periódico difundió en mayo una hora de grabación en la que se escucha tanto a Leire Díez como a Pérez Dolset participar en una reunión por videoconferencia con un procesado por corrupción huido de la justicia española en Dubai. Le pedían datos comprometedores para “matar” profesionalmente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.
Este oficial de la Guardia Civil es el encargado de dirigir las investigaciones de todas las causas que aparecen en esta guía. A cambio de esa colaboración, Leire Díez le ofreció al empresario fugado un trato de favor de la Fiscalía en sus causas pendientes. La reunión se produjo en febrero de este año, meses después de que el PSOE ya supiera al menos a qué se dedicaba esta mujer. De nuevo, se activaron todas las alarmas.
Cerdán citó en la sede de Ferraz a Leire Díez y a su salida la mujer comunicó su baja del partido. Antes le dio tiempo a entregar otro paquete de documentos que el PSOE remitió a la Fiscalía. Ella recorrió los platós de televisión y de forma errática trató de sostener que solo actuaba como periodista de investigación, pero poco a poco fueron saliendo personajes que admitieron haberse reunido con ella y que decía hablar en nombre del PSOE y el Gobierno. También se marcó como objetivo el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que ejerce la acusación en estas causas de corrupción.
Actualmente, Leire Díez se encuentra imputada en un juzgado de Madrid junto a Pérez Dolset, acusada de tratar de sobornar a dos fiscales. También se puso en contacto con ella un exmagistrado condenado por maltratarf a su pareja con el objetivo de maniobrar también contra la jueza de Badajoz que ha sentado en el banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez, otra de las tramas de esta historia.
Caso Hermano en Badajoz
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, será juzgado previsiblemente entre mayo y junio de 2026 por corrupción. No es solo porque le diesen en 2017 a dedo una plaza pública en la Diputación de Badajoz por ser hermano del líder del PSOE. Es también porque a medida que pasaron los años, le fueron adaptando las condiciones de trabajo a sus preferencias personales. De coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz pasó a Jefe de Artes Escénicas hasta que este año dimitió tras meses en el centro de la polémica.
Los empleados que declararon en el caso afirmaron que había dejado de ir por los conservatorios y que ya se rumoreaba que la plaza sería para él antes incluso de abrir el concurso a los candidatos. En el banquillo se sentará también el actual líder del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la región en las elecciones del 21D, Miguel Ángel Gallardo. La jueza le sitúa como la X de la operación, si bien en el caso no consta ningún correo o comunicación en el que este dirigente diese la orden de crear la plaza o modificarla expresamente.
Entre los procesados, está también un antiguo asesor de la Moncloa que se dirigía como “hermanito” a David Sánchez en sus correos. La jueza cree que la Diputación de Badajoz también enchufó a esta persona para que el hermano de Sánchez estuviera más cómodo. Esta es otra de las causas que el Gobierno y el PSOE consideran obra de la prensa, asociaciones ultras y una juez con objetivos espurios.
Gallardo trató de evitar el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que avaló una a una todas las decisiones de la magistrada. Cinco parlamentarios del PSOE renunciaron a su escaño y el siguiente en la lista era él. El acceso a la cámara autonómica le blindaba como aforado y le daba una segunda oportunidad ante otros jueces distintos e inéditos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Pero este tribunal consideró que lo que estaba haciendo era un fraude de ley y frustró sus planes. Tras las elecciones de este 21 de diciembre, Gallardo obtendrá escaño por derecho propio. Fuentes jurídicas extremeñas sospechan que volverá a intentar eludir la Audiencia Provincial y, como mínimo, ganar tiempo. Para él y para los hermanos Sánchez.
Caso fiscal general
El 12 de marzo de 2024, ElDiario.es desveló que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, estaba siendo investigado por fraude fiscal. Igual que el PP usa las revelaciones periodísticas sobre la corrupción del PSOE para desgastar a Sánchez, en este caso fue el presidente del Gobierno quien halló un balón de oxígeno y se lanzó contra la oposición. Esto desató una batalla por el relato en la que intervino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el jefe de gabinete de Ayuso, un mal enemigo llamado Miguel Ángel Rodríguez.
El Tribunal Supremo terminó condenando al fiscal a dos años de inhabilitación, acusado de haber revelado datos reservados de la pareja de Ayuso, un hecho sin precedentes en democracia. El choque lo provocó una información que decía que el fiscal del caso había propuesto un pacto al investigado, pero luego había retirado la oferta por una orden política de sus superiores. Rodríguez admitió en el juicio en el Tribunal Supremo haber estado detrás de esa información y que se había basado en suposiciones.
Horas después de su maniobra, varios medios publicaron el contenido de un correo electrónico dirigido por el abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso. En esa comunicación, el letrado decía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. La sentencia considera que el fiscal o alguien de su entorno, pero con su consentimiento, filtró ese correo con datos reservados. También que fue el responsable de una nota de prensa oficial difundida al día siguiente con esa información sobre una negociación privada.
Este caso involucra al Gobierno porque desde el principio asumió la defensa de García Ortiz como propia. El Ejecutivo nombra al fiscal general del Estado, pero no depende orgánicamente de él. El propio Pedro Sánchez reivindicó su inocencia, incluso cuando se supo que había borrado los mensajes de su móvil al saberse investigado. Esta causa sometió a las instituciones del Estado a una tensión sin precedentes y se cobró la carrera política del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
Este dirigente recibió de Moncloa la orden de sacar el correo secreto durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid. En ese momento el documento íntegro del correo no había visto la luz y Lobato se negó ante el riesgo de cometer el mismo delito por el que han condenado al fiscal general. Para dejar constancia de su negativa acudió a un notario para depositar los mensajes que le mandó la jefa de gabinete del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López.
Desde el Gobierno consideran injusto el desenlace de este choque. El entorno de Moncloa y el PSOE censuró la investigación del caso llevada a cabo por el juez del Supremo Ángel Hurtado y también señaló a la mayoría de jueces conservadores que integraron el tribunal. El presidente Sánchez ya abrió la puerta a una revisión de la sentencia en el Tribunal Constitucional, donde la mayoría de jueces es progresista.
Caso Fontanera, capítulo 2: la SEPI
La sentencia al fiscal general del Estado se conoció en su integridad este martes y acaparó los debates políticos, pero la actualidad desde hace meses ha adquirido un ritmo frenético y un sobresalto sucede al anterior en cuestión de horas. El miércoles por la tarde todos los focos se centraron de nuevo en la fontanera Leire Díez, concretamente en la noticia de su detención a manos de la UCO, la unidad de la Guardia Civil contra la que buscaba datos comprometedores.
El relato oficial del Gobierno pasaba por presentar a Leire Díez como un personaje estrafalario inofensivo que actuó por su cuenta sin que nadie le hiciera demasiado caso. Pero esa versión también se ha tambaleado esta semana tras su arresto. La operación policial cobró entidad al conocerse que junto a ella también estaba detenido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
Hay un tercer detenido, es Antxon Alonso, aquel empresario de Navarra que compartía la tapaadera de las comisiones con Santos Cerdán en Servinabar. Cuando dejó la SEPI, el andaluz Vicente Fernández cruzó España para ejercer de directivo de esa empresita sin apenas trabajadores, pero que se hacía con lucrativos contratos públicos.
La Guardia Civil ha practicado decenas de registros, incluidos los ministerios de Hacienda, el de Transición Ecológica, la sede de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Correos, donde trabajó Leire Díez. Este caso está bajo secreto de sumario, se investiga en la Audiencia Nacional y de momento se conocen pocos detalles, pero la línea de puntos se estrecha cada vez más.
Caso Plus Ultra
Es el último caso, hasta ahora, en unirse a esta lista de investigaciones de riesgo para el Gobierno. Esta vez fueron agentes de la UDEF de la Policía Nacional los que el jueves se personaron en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra para registrar las oficinas y detener a sus responsables por blanqueo de capitales. Uno de ellos es el dueño, Julio Martínez, considerado un empresario próximo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Fiscalía llevaba tiempo con el foco puesto sobre Plus Ultra, a la que vinculó con una red de blanqueo de capitales procedente del oro de Venezuela. Anticorrupción llegó a plasmar sus sospechas a finales del año pasado en una denuncia contra una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
El dinero procedía de la malversación de fondos llevada a cabo por funcionarios públicos de Venezuela con acceso al programa C.L.A.P. (Comités de Abastecimiento y Producción). Es un plan que puso en marcha el chavismo en 2016 para distribuir alimentos subsidiados a familias vulnerables. El otro origen del dinero malversado eran ventas de oro del Banco de Venezuela.
El Gobierno rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros por concesión del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021. La operación generó una fuerte polémica por la escasa dimensión de la compañía (tenía un único avión en propiedad), la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad, lo que llevó a periodistas y entidades a solicitar el expediente completo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lo denegó invocando confidencialidad.
Es normal perderse en la maraña de tramas de corrupción que desde hace dos años cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, el hermano en Badajoz, el caso Koldo, Cerdán, los hidrocarburos, la fontanera Leire Díez… Asemeja a un cuadro impresionista lleno de trazos de múltiples colores que de cerca es imposible de apreciar. Pero basta alejarse un poco, tomar perspectiva. Es más sencillo de lo que parece. Esta es una guía práctica para seguir la línea de puntos.
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