La UCO precipitó las detenciones al detectar Leire, Alonso y Fernández que les vigilaban

La operación contra Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández sufrió imprevistos que la aceleraron. La Unidad Central Operativa (UCO) tuvo que arrestar durante la tarde noche de este miércoles a los tres investigados en contra de sus planes iniciales después de que se percataran de que les estaban vigilando. Según aseguran fuentes del caso a El Confidencial, detectaron, en concreto, uno de los seguimientos.

La posibilidad de que tras descubrir el operativo pudiera producirse una destrucción de pruebas desató la urgencia. En cooperación con el juzgado central que se encontraba de guardia en ese momento, el Central 6 de la Audiencia Nacional, se gestionó la autorización de los arrestos y las entradas y registros que acabaron con el traslado de los tres a la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos. Allí permanecerán al menos hasta el sábado, cuando pasen a disposición del magistrado Antonio Piña. Después, la causa se remitirá a reparto para que la asuma el instructor a quien corresponda.

La operación arrancó así el miércoles, pero se prolongó a lo largo de toda la jornada del jueves, el día clave de los registros. Los agentes accedieron a distintas empresas públicas. Además de la propia SEPI, que Fernández presidió aupado por la vicepresidenta María Jesús Montero durante un año y medio en el periodo de 2018 a 2019 centraron su búsqueda en Mercasa, Enusa y Forestalia. En total se practicaron 19 registros en varias provincias de España.

También fue este jueves cuando trascendió la detención del dueño de Servinabar Antxon Alonso y el puzle comenzó a encajar. Vicente Fernández y la fontanera del PSOE coincidieron en su etapa laboral como cargos públicos. Leire recaló en la Empresa Nacional del Uranio precisamente en 2018, el año del desembarco de Fernández. Permaneció allí tres años hasta que fichó por Correos, donde se ocupaba de las relaciones institucionales.

Servinabar, por su parte, conduce directamente a Santos Cerdán. La empresa está considerada por la UCO como la vía de cobro de comisiones del exsecretario de Organización del PSOE que la utilizaba para justificar la entrada del 2 por ciento de las grandes obras públicas que se llevó Acciona. En el último informe sobre las actividades de ese otro grupo criminal, los agentes daban una especial importancia a Alonso, amigo íntimo, socio en la sombra y valedor del socialista.

La relevancia del operativo se aprecia también por el número de delitos con los que se vincula a los investigados. Prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Más allá de los tres arrestados, se investiga a otra docena de personas. Todas ellas están vinculadas con contrataciones irregulares bajo el manto de la SEPI.

No falta, tampoco, el reparto de mordidas que se está ya convirtiendo en el modus operandi habitual en las distintas ramas de los procedimientos de corrupción que rodean al Ejecutivo y a su presidente. Hay otro detalle significativo. La detención en dependencias de la Guardia Civil se prolongará más allá de las 48 horas habituales, aunque quedará por debajo del límite máximo de 72.

La segunda causa de Leire

Leire Díez ya se ha convertido en una vieja amiga de los tribunales después de que el juez de Madrid Arturo Zamarriego abriera el primer procedimiento en su contra, en este caso por sus actividades en el marco de las cloacas del PSOE. Junto al empresario Javier Pérez Dolset, recababa informaciones negativas destinadas a desactivar a cualquiera de las investigaciones sensibles para el Ejecutivo.

Según desveló este periódico, Díez y Pérez Dolset buscaron información comprometida de la UCO y de la Guardia Civil. Entre otras personas, se entrevistó con un empresario del sector de los hidrocarburos huido de la justicia en Dubai al que pidieron datos comprometedores del mando de la Unidad Central Operativa al frente de las investigaciones del caso Koldo, el caso Begoña y el caso del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. También 'tocaron' a dos fiscales anticorrupción a los que reclamaron datos comprometedores sobre su jefe, Alejandro Luzón.