La corrupción en la SEPI y el acoso sexual en el PSOE abrasan a la vicepresidenta Montero

El círculo de escándalos que afectan al Gobierno y al PSOE no sólo se estrecha sobre Pedro Sánchez, sino que está cada vez más cerca de su mano derecha tanto en Moncloa como en Ferraz, María Jesús Montero. Si bien no existe ninguna acusación directa contra ella, en las últimas dos semanas ha habido novedades que le afectan en su triple faceta: vicepresidenta del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces. Se trata del escándalo sexual vinculado a Francisco Salazar; de las denuncias fiscales contra el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro, y las detenciones de la fontanera Leire Díez y de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y ex mano derecha de Montero.

El último caso es el que tiene mayor gravedad, pues Montero fue la principal valedora de Fernández, aunque ahora reniega y se refiere a él como "ese señor". No obstante, ella fue quien le nombró para la SEPI en julio de 2018 nada más llegar Sánchez a la Moncloa y ella al Ministerio de Hacienda. Es más, previamente, siendo ella consejera de Hacienda de la Junta, lo designó interventor general del gobierno andaluz. Según supo este periódico en fuentes de la investigación, después de su salida de la SEPI en 2019, Fernández siguió operando desde la sexta planta de un piso en la calle Diego de León, 36, cerca de la sede madrileña de la sociedad adscrita al Ministerio de Montero.

La operación puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción supone un salto cualitativo, pues conecta las distintas tramas que afectan al PSOE e incrementa el protagonismo de la fontanera Díez. Ya no es exclusivamente un caso de cloacas para intentar frenar casos que afecten al Partido Socialista, como ha venido desvelando El Confidencial, sino que se trata de una trama que enlaza con Servinabar, la empresa de la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es copropietario: esta es la empresa que contrató a Fernández, exmano derecha de Montero, como director comercial después de su salida de la SEPI en 2019. De momento, el juez atribuye a los tres detenidos –Fernández, Díez y al socio de Cerdán, Antxon Alonso– los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

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"Vicente Fernández era su mano derecha en la consejería, es un hombre 100% de Montero", explican a El Confidencial desde el PSOE andaluz. "Y aunque Paco Salazar tenga hilo directo con Sánchez, no deja de ser también un hombre del PSOE andaluz". El pasado fin de semana, para tratar de frenar los efectos del caso Salazar, Moncloa anunció la destitución de su mano derecha, Antonio Hernández, que en ese momento era director del Departamento de Coordinación Política de la Presidencia del Gobierno. Pero no sólo eso, también formaba parte de la Ejecutiva del PSOE andaluz que dirige María Jesús Montero.

Sin embargo, la vicepresidenta ha querido desmarcarse radicalmente de Vicente Fernández. En un corrillo con periodistas en el Congreso aseguró que no ha mantenido ningún contacto en los últimos seis años: "Ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos", subrayó. Es más, aseguró que conoció las actividades de Servinabar a través de la prensa cuando saltó el caso Koldo.

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Lo cierto es que Montero nunca se ha visto envuelta en ninguno de los escándalos que la han rodeado, tanto en su etapa como consejera de la Junta de Andalucía (2003-2018), con especial mención al escándalo de los ERE, como ahora en el Gobierno de España (desde 2018). "Es prudente y no firma absolutamente nada y cuando ve algo que no le gusta se aparta", explica alguien que la conoce desde su etapa la Junta. "En este sentido tiene una forma de actuar similar a la de Sánchez, que te preguntas cómo puede ser que pasen esas cosas a su alrededor y no se entere de nada", añade.

Dudas sobre su candidatura

Todo esto sucede a escasos siete meses de la celebración de las elecciones en Andalucía, en las que lo previsible es que Montero sea la candidata socialista. Sin embargo, según afirman fuentes del PSOE andaluz, las dudas son crecientes y cada vez son menos personas las que se atreven a dar por seguro que finalmente vaya a concurrir, por dos motivos: las expectativas electorales son malas y el desgaste de su figura, creciente. Es más, en el PP de Andalucía trabajan ya sobre esa hipótesis, pues tampoco las tienen todas consigo. "Está muy desaparecida, tiene muy poca actividad en Andalucía y no se deja ver por las calles. Para estar prácticamente ya en campaña no se la ve apenas, no tiene muchos actos", apuntan en el PP andaluz.

La vicepresidenta Montero acumula mucho poder y al menos dos de los asuntos claves para este Gobierno pasan por sus manos. El primero, el mandato de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este asunto, este miércoles recibió un nuevo varapalo en el Congreso, al perder por segunda vez en dos semanas la votación de la senda de déficit con la oposición de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos. La hipótesis de que la legislatura concluya sin que se aprueben unas cuentas públicas es, obviamente, un fracaso que afecta directamente al presidente del Ejecutivo y a su ministra de Hacienda, un fracaso que de confirmarse pasará a la Historia.

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El segundo es la financiación autonómica, un asunto que negocia personalmente con ERC y que avanza lento. Este tema es complejo para Montero porque, por una parte, tiene derivadas en la gobernabilidad de Cataluña y, por otro, cualquier concesión a Cataluña supone un desgaste evidente en su faceta de presidenta del PSOE andaluz y presunta candidata a la Junta. Aún así, fuentes de ERC consultadas por este periódico siguen siendo optimistas.

Esta semana, la vicepresidenta se ausentó de la sesión de control en el Congreso al coincidirle con una reunión a primera hora de la tarde en Bruselas. No obstante, el jueves si acudió al pleno y por lo general no ha descuidado sus presencias en la Cámara Baja: sus ausencias son tres en 2025 (12 de febrero, 28 de mayo y 10 de diciembre) y dos en 2024 (7 y 28 de febrero). Aún así, como todos los ministros sin excepción, sigue teniendo peticiones de comparecencia pendiente. En su caso, dos ante el pleno (apagón y quita de deuda) y hasta 62 en distintas comisiones parlamentarias.

Donde sí se ha registrado un cambio desde que comenzó este curso político en septiembre, es en el Senado, según ha podido constatar este periódico. En el último periodo de sesiones sólo ha acudido a dos de las diez sesiones de control, el 30 de septiembre y el 25 de noviembre. Desde que entró en vigor el nuevo reglamento del Senado que puso en marcha el PP, los ministros tienen la obligación de justificar sus ausencias.

En todos los casos, la vicepresidenta esgrimía reuniones con empresas públicas u organismos que dependen de ella directamente: con los presidentes de la SEPI, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Navantia, de Loterías y Apuestas del Estado, de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, con el Patronato de la Fundación Carolina y con el delegado del Estado en el Consorcio Cona Franca de Cádiz, aunque en muchos de estos casos no se han recogido en su agenda pública ni se ha distribuido documentación, fotos, publicaciones en redes sociales o nota de prensa.

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