La UCO investiga a dos abogados de Sevilla por adjudicaciones de la 'trama Leire' para asesoría jurídica

La investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en la bautizada como operación Leire afecta a un despacho de Sevilla, SDEP Estudio Legal SLP, que presuntamente recibió contratos irregulares de empresas públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) comunicó el miércoles a dos abogados relacionados con este bufete que están imputados en este procedimiento por presuntos delitos de corrupción, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

Los investigados son una socia del despacho y un antiguo responsable. Las diligencias se centran en adjudicaciones concedidas a SDEP Estudio Legal SLP, especializado en derecho administrativo, que habrían tenido como objeto la prestación de servicios de asesoramiento jurídico. Los agentes han accedido a documentos y comunicaciones que apuntan a que los tres principales cabecillas de la red, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habrían intervenido para que varios entes públicos controlados por el Gobierno de Pedro Sánchez concedieran los contratos bajo sospecha al despacho de Sevilla.

El foco se sitúa en entidades como Correos, Cofivasa (dedicada a la liquidación y subasta de activos públicos), Mercasa (gestiona todos los grandes mercados de abastos) y Enusa (Empresa Nacional del Uranio SA), entre otras. Todas estas compañías están controladas por Moncloa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encuadrada en el Ministerio de Hacienda.

Los dos letrados de SDEP Estudio Legal SLP fueron interceptados en la capital hispalense. Este diario ha contacto con un portavoz del despacho, pero ha declinado realizar comentarios. Estos dos abogados suman a una decena de empresarios y cargos de confianza del PSOE que tendrán que desfilar por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en las próximas horas por su implicación en esta red.

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Como adelantó El Confidencial este viernes, entre esos cargos destaca el nombre del valenciano José Vicente Berlanga, que fue presidente de Enusa entre julio de 2018 y diciembre de 2021. Se le consideraba una persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos. Hasta ahora, Berlanga era miembro de la Ejecutiva Provincial de PSOE de Valencia. La formación ha comunicado que lo suspende de militancia.

Con Berlanga coincidieron precisamente Leire Díez, que fue directora de Comunicación de Enusa entre 2018 y 2021, y Vicente Fernández, presidente de la SEPI desde 2018 hasta 2019, cuando tuvo que presentar su dimisión tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. La encargada de auparlo a la dirección de la SEPI fue María Jesús Montero, que ya había trabajado con él en la Junta de Andalucía.

La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a Fernández y otros 15 procesados la semana pasada por el caso Aznalcóllar, pero la alegría ha sido efímera. La Audiencia Nacional lo investiga ahora por hechos similares a los que motivaron las diligencias por la mina: el presunto amaño de concursos públicos para favorecer a compañías que abonaban sobornos.

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El grupo desarticulado canalizó presuntamente parte de las comisiones ilegales a través de Servinabar 2000 SL, la pequeña constructora de Navarra que montó Antxon Alonso en 2015 y a la que se sumó Santos Cerdán un año más tarde, adquiriendo el 45% del capital. Entre las empresas investigadas se encuentran dos clientes de Servinabar 2000 SL, la asesoría fiscal Mediaciones Martínez SL, de Zaragoza; y la compañía especializada en grandes demoliciones Erri Berri SL, de Olite (Navarra).

Otra vertiente de la trama tiene que ver con la subasta de activos del Estado. La UCO ha acudido este viernes a las oficinas de Cofivacasa, un ente propiedad de la SEPI que se encarga de liquidar bienes públicos. También tiene el encargo de vender al mejor postor las viviendas, terrenos y vehículos intervenidos a las organizaciones criminales del narcotráfico.