Anticorrupción vinculó a Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales

Agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves en la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra, registraron sus oficinas y detuvieron a sus responsables. Fuentes conocedoras del caso informan a El Confidencial que se trata de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción. Según documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público llevaba tiempo con el foco puesto sobre Plus Ultra, a la que vinculó con una red de blanqueo de capitales procedente del oro de Venezuela.

Anticorrupción llegó a plasmar sus sospechas a finales del año pasado en una denuncia contra una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. Estaba integrada por varios ciudadanos nacidos en Perú, Países Bajos, Venezuela y España dedicados al blanqueo internacional.

El dinero procedía de la malversación de fondos llevada a cabo por funcionarios públicos de Venezuela con acceso al programa C.L.A.P. (Comités de Abastecimiento y Producción). Es un plan que puso en marcha el chavismo en 2016 para distribuir alimentos subsidiados a familias vulnerables. El otro origen del dinero malversado eran ventas de oro del Banco de Venezuela.

Este jueves iba a tener lugar la cena de Navidad de la empresa, pero la irrupción de los uniformados obligó a anular los planes. En el marco de estas pesquisas se ha procedido al arresto del CEO y al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli y Julio Martínez, respectivamente. El primero es venezolano y el segundo, de nacionalidad española, es considerado un empresario próximo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El líder socialista mantiene múltiples vínculos con el país caribeño y con algunos de sus principales dirigentes.

La operación de rescate de Plus Ultra generó una fuerte polémica por la escasa dimensión de la compañía (tenía un único avión en propiedad), la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad, lo que llevó a periodistas y entidades a solicitar el expediente completo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lo denegó invocando confidencialidad, lo que originó un litigio en los tribunales sin que hasta ahora haya terminado.

Uso de ayudas públicas españolas

El Gobierno rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros por concesión del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021. Anticorrupción ubica a esta aerolínea como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal implicadas en las ventas de oro y, en ese sentido, aprecia un uso indebido de las ayudas públicas españolas.

Los integrantes de la trama usaban los beneficios de esta operativa para comprar inmuebles. En la denuncia de la Fiscalía se hace referencia a una operación de venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos, transferencias millonarias a Panamá. Entre las operaciones, los investigadores apuntan también que se hicieron operaciones de venta de relojes de lujo.

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La Fiscalía siempre entendió que ese uso indebido del rescate era un indicio para investigar un presunto fraude al Estado. El ministerio público tuvo conocimiento de esta trama porque las autoridades de Francia y Suiza, dos de los países afectados por la trama, pidieron colaboración a España. El Parquet National Financier galo y la Fiscalía helvética solicitaron registros en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Tenerife y Mallorca.

Todas estas conclusiones las remitió la Fiscalía a la Audiencia Nacional en octubre de 2024, pero el Juzgado de Instrucción número dos que dirige Ismael Moreno lo rechazó al entender que no era competente para estudiar este caso. El 13 de diciembre, la Sala de lo Penal confirmó el criterio del juez. La propia resolución invitó a la Fiscalía a presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción ordinario que considerase más apto para la investigación en función del lugar de la comisión de los hechos.

Los jueces apuntaron que un juzgado de Madrid investigó el rescate de Plus Ultra, pero decretó el archivo provisional el 5 de enero de 2023. Ese juzgado era el de Instrucción número 15 y sus diligencias eran las 597/21, según el auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. “Debería, pues, en su caso, trasladarse a ese Juzgado la nueva información de la que dispone la Fiscalía para que, si se estimara oportuno, se reabrieran las actuaciones, al parecer, sobreseídas provisionalmente”, dijeron entonces en la Audiencia Nacional.

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El Confidencial

Las fuentes consultadas por este periódico confirman que las diligencias de investigación llevadas a cabo este jueves están coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 15, que ha decretado el secreto de las actuaciones. El registro de la sede de Plus Ultra ha corrido a cargo de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los especialistas de la Policía Nacional en investigaciones sobre corrupción.