Leire Díez y el exjefe de la SEPI maniobraron para enterrar una causa contra el PSOE andaluz

La Audiencia Nacional investiga a la fontanera del PSOE, Leire Díez Castro, y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández (2018-2019), cargo de confianza de María Jesús Montero, por el presunto amaño de contratos públicos. Pero ambos participaron también en operaciones de las cloacas de Ferraz que aún no han sido investigadas y que tenían como objetivo desactivar una de las causas judiciales que más inquietaba a los socialistas andaluces.

Según fuentes próximas al PSOE, entre la primavera y el verano de 2024, Leire Díez y Vicente Fernández pusieron en marcha una campaña de desinformación y propaganda contra Emerita Resources, una compañía minera canadiense especializada en la explotación de cinc, litio y oro que cotiza en la bolsa de Toronto y que en 2015 interpuso una querella contra la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en el concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

La oferta de Grupo México-Minorbis, participada por la andaluza Magtel, ganó la concesión. Vicente Fernández, que era secretario general de Industria y Energía de la Junta cuando se licitó Aznalcóllar, fue uno de los 16 altos cargos de la administración de Susana Díaz que acabó sentándose en el banquillo el pasado marzo. A lo largo de 10 años de instrucción, la causa fue reabierta en dos ocasiones por la jueza Mercedes Alaya y se encontró con la oposición pertinaz de la Fiscalía, que pidió hasta 7 veces el archivo.

Con todo, a las puertas ya del juicio y ante el temor a una posible condena, Vicente Fernández maniobró con la ayuda de Leire Díez para tratar de sabotear el procedimiento en su fase más decisiva. Ambos habían coincidido en empresas controladas por el Gobierno de Pedro Sánchez. En julio de 2018, cuando Vicente Fernández fue nombrado presidente de la SEPI por María Jesús Montero, Leire Díez se convirtió en directiva de la Empresa Nacional del Uranio SA (Enusa), controlada por la SEPI.

Por un lado, Leire Díez y Vicente Fernández buscaron material sensible sobre la magistrada Alaya para intentar cuestionar toda la investigación judicial que había desembocado en el procesamiento del expresidente de la SEPI; y se reunieron con personas del entorno de Emerita Resources para recopilar información que pudiera ser utilizada contra esta compañía, explican a este diario fuentes conocedoras de los encuentros. Las citas tuvieron lugar en Andalucía en los meses previos a las primeras noticias en El Confidencial sobre la existencia de las cloacas de Ferraz, en septiembre de 2024.

En una segunda fase, Leire Díez y Vicente Fernández contactaron con medios y periodistas próximos a Ferraz para tratar de poner en circulación los supuestos datos que habían obtenido sobre Alaya y Emerita Resources y promover otras noticias críticas con la cúpula de la corporación minera.

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Los planes de la fontanera del PSOE y el expresidente de la SEPI contemplaban un doble escenario. Por un lado, esperaban que las noticias hundieran la cotización de Emerita Resources para que sociedades del entorno de Moncloa pudieran entrar en su capital y, automáticamente, forzar el desistimiento de su acusación en el caso Aznalcóllar. En la actualidad, la compañía tiene un valor cercano a los 140 millones de euros.

La otra hipótesis de las cloacas de Ferraz era que la caída de la acción de Emerita Resources, combinada con las noticias contra sus directivos, obligara a la empresa a negociar algún tipo de acuerdo extrajudicial que conllevara la retirada de su querella. Aunque había otras dos acusaciones personadas (otra empresa privada y Ecologistas en Acción), el repliegue de la principal perjudicada por el supuesto amaño de la concesión habría asestado un golpe mortal al juicio.

El juicio contra los 16 procesados por el concurso de Aznalcóllar se celebró finalmente el pasado marzo y la sentencia se conoció la semana pasada. La Audiencia de Sevilla dictaminó que no hubo amaño en el concurso de la Junta. “De los hechos declarados probados no resulta la comisión por los acusados de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales por administración desleal, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación medioambiental objeto de acusación”, concluyó el tribunal.

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Pero el júbilo de Vicente Fernández y Leire Díez ha durado unos días. Este miércoles fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por delitos similares a los del caso Aznalcóllar. En concreto, se les atribuye tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación por la presunta adulteración de contratos públicos. Las diligencias, que están secretas, dependen del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Díez tiene otro problema en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por su participación en las cloacas del PSOE. En esta causa, está imputada junto al empresario Javier Pérez Dolset por tráfico de influencias y cohecho. Además, ambos están acusados de intentar sobornar a dos fiscales para conseguir información negativa sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de la acusación en el caso Koldo. También se investigan maniobras de Leire Díez y Pérez Dolset contra la UCO, jueces, periodistas y empresarios.